Colectivo Porteño partió cargado de temas de importancia fundamental pero que siguen siendo ninguneados por los grandes medios. La primera parada fue en el acuciante problema de los agrotóxicos y su costado más cruel: la fumigación de escuelas. Estuvimos en la audiencia pública que se llevó a cabo en el anexo del Congreso Nacional y preparamos un informe con testimonios de docentes afectados y de otros participantes de este encuentro. A continuación, hablamos con Marcos Wolman sobre la lucha por el 82% móvil. Finalmente, en la segunda media hora conversamos en el estudio con Adolfo “Fito” Aguirre sobre los derechos de los niños y festejamos los 10 años del Foro de los Derechos de la Niñez.
Audiencia pública por escuelas fumigadas en todo el país
Dentro de la problemática del uso de agrotóxicos en nuestro país, uno de los temas más acuciantes e ignorados por los grandes medios y las autoridades es, sin dudas, es el de las escuelas fumigadas. Con el fin de darle difusión y mayor visibilidad a este flagelo, el martes 28 de octubre UP convocó a una audiencia pública en el edificio anexo del Congreso Nacional organizada conjuntamente a la Red de Médicos Fumigados, Paren de fumigar, Unión de Asambleas ciudadanas y El Galpón. Allí se conocieron testimonios de docentes y alumnos de escuelas rurales afectados por el uso de pesticidas en campos lindantes con los predios de esos establecimientos educativos, y se realizaron análisis de sangre a 20 de los asistentes para comprobar la existencia de estas sustancias en sus cuerpos. 
El encuentro lo abrió Antonio Riestra, diputado de UP quien expuso algunas cifras que muestran por si solas la realidad que experimentan a diario miles de chicos que viven en el campo: “cerca de 700 mil niños se encuentran en riesgo por fumigaciones tanto aéreas como terrestres, en la última campaña se arrojaron más de 317.000 millones de litros kilos de productos tóxicos. Ha significado más de 2.300 millones de dólares según CASAFE, la Cámara que agrupa a los “productos sanitarios”, un eufemismo que muchos hemos descartado para hablar directamente de los productores de agrotóxicos.”
A continuación, escuchamos las palabras del diputado de UP Claudio Lozano, quien expresó que “Argentina se está especializando en vender veneno que tiene que ver con el agronegocio, con la minería a cielo abierto, y con este nuevo objetivo de los hidrocarburos no convencionales. Lo que hay que entender es que nosotros nos estamos envenenando porque nuestro país exporta veneno. Y que, por lo tanto, hay una especialización del país en este diseño. Por eso es tan importante el tema de entender que lo que está en discusión es una trama de poder demasiado importante que lo que hace es construir sistemáticamente condiciones de ignorancia y miedo para que no podamos ejercitar la decisión que corresponde”.
Muchos afectados dieron su testimonio de primera mano. Entre ellos, Marta Berleo, profesora de la escuela René Favaloro, de Santa Ana, provincia de Entre Ríos, relató una situación que se repite y que, muchas veces, hasta enfrenta y afecta a vecinos: “A principios de año, trabajando en la escuela con los chicos, con una compañera embarazada, –les quiero aclarar que no es una escuela de personal único, tenemos 50 alumnos, hay dos directores y somos unos cuantos los docentes que nos movilizamos en esa zona- vimos que, impunemente y desfachatadamente, un mosquito estaba fumigando frente a la escuela, calle de por medio. Ya habíamos visto esta situación y a veces a los aviones fumigando los campos aledaños no tan cercanos a nuestro establecimiento educativo. Los maestros salimos a sacar fotos y a pedirle a la directora que por favor llamara a alguien porque desconocíamos el protocolo que hay que seguir en estas situaciones, y la directora nos dijo que “esa persona tenía autorización para hacerlo”. Y como AGMER nos respalda, queríamos llamarlos. Subimos a una camioneta y nos paramos delante del mosquito. Le saqué varias fotos, y cuando le pregunto al muchacho que lo operaba quien arrendaba ese campo, me dijo que ese campo es de la directora de primaria, pero está rentado. O sea que tiene soja. El chico me dice que no me puede dar el dato, entonces le digo que se comunique con quien está arrendando el campo, y la directora toma el teléfono y le dice que no puede fumigar, que la escuela está llena de chicos, y ella dice que “tienen que matar el gusano de la soja”. Si también nos mataba a nosotros, parece que no había problemas. Pero la verdad es que la gente se muere mientras seguimos discutiendo si son 50, 1000 ó 1500 los metros que nos tienen que separar de las fumigaciones. Y mientras tanto, la gente se muere.”
Otro testimonio escuchado en la audiencia fue el de Leonardo Moreno, licenciado en Información Ambiental de la Universidad de Luján, docente en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, quien describió no sólo lo que pasa en el colegio donde trabaja sino también la desidia del discurso imperante en nuestro país: “hace dos martes, hubo una nueva fumigación y uno de los estudiantes fue a hablar con la dirección y no se le dio mucha pelota. Ahí tenemos otro problema, ya que no sólo hay que luchar contra el discurso hegemónico de que estamos en el campo y que se trabaja así, algo totalmente natural, y estar haciendo mi trabajo de docencia a menos de dos metros de un campo de soja transgénica. Mostrarle el sembrado a los chicos, y que ellos me digan que es soja, que muchos trabajan como chicos banderilleros y que no pasa nada si se mojan con el glifosato. Y referían informes que habían visto en la televisión y que decían que estaba todo bien. Luego de 4 años de esto, ya por lo menos los chicos le van a avisar a la dirección que están fumigando al lado. Por ahora llegamos hasta ahí».
Una de las intervenciones más aplaudidas fue la de Miryam Gorban, de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la facultad de Medicina, quien instó a llamar a las cosas por su nombre, y vinculó el tema del envenenamiento con los mosquitos en el campo con el que se hace a los habitantes de las ciudades: “decimos que hay un genocidio cuando nos referimos a los campos de concentración el Alemania con el gas mostaza. O al agente naranja que desfoliaba los bosques de Vietnam. ¿Esto, no es un genocidio? ¿Por qué no lo catalogamos de una vez por todas como tal? Tenemos que tomar conciencia de que esto no afecta sólo a las escuelas rurales sino a todos. Hace dos meses hubo una reunión internacional convocada por la Academia de Ciencias de China, en la que participó una delegación argentina, que fue la única que presentó los casos clínicos de los pueblos fumigados. Se elaboró un informe que dice cual es la situación de salud del pueblo chino, porque ellos con la soja transgénica que le vendemos hacen aceite que se usa en la alimentación humana, no se la dan a los animales como en Europa. Nosotros decimos que todos los alimentos que están en las góndolas de los supermercados, lo que denunciamos como comida ultraprocesada o cualquier cosa que no son alimentos, están producidos precisamente con el resultado, derivados, los extendidos, lisados y como se llamen los derivados de la soja transgénica. Y en especial van a los chicos. Lo terrible de esta alimentación industrial es que está produciendo este tipo de alimentos para las escuelas. Y si son pobres, mejor. Pero a la de los ricos también, porque comen más que ninguno. Salen a comprar la comida chatarra en los alrededores».
Finalmente, escuchamos el testimonio de la referente de Unidad Popular Marta Maffei, quien puntualizó con firmeza que “el ministerio de Educación está obligado a respaldar la Ley Nacional de Educación 26.206 que expresa textualmente en su artículo 89 la obligación de enseñar educación ambiental, que incluye los contaminantes agrícolas, la minería y toda la porquería que nos han metido con este modelo productivo, mientras que el 126 establece los derechos de los alumnos y dice que deben ser protegidos de cualquier agresión física, psicológica o moral. Rociarlos con veneno, ¿no es agresión física? ¿Qué es agresión física?».
Jubilados: jornada nacional por el 82% móvil
Bajo el lema de “82 móvil ya”, se organizó para el miércoles 5 de noviembre una jornada con el fin de juntar 1 millón de firmas para exigir que se haga realidad que los jubilados puedan percibir este porcentaje en sus haberes. Para interiorizarnos sobre esta actividad, hablamos vía telefónica con Marcos Wolman, secretario de Previsión de CTA Capital. Explicó que en este último período han convocado a jornadas nacionales mensuales: “nosotros hemos presentado ya por tercera vez un proyecto de ley previsional. Y lo hicimos por tercera vez porque durante dos períodos legislativos de 2 años cada uno, ha perdido estado parlamentario por su no tratamiento ni siquiera en las comisiones respectivas, como la de Previsión de la Cámara de Diputados de la Nación. Y en esta nueva oportunidad, hemos decidido tener un aval de 1 millón de ciudadanos argentinos que apoyen a este proyecto de ley. Por lo tanto, lo que vamos a hacer el miércoles consiste en que las distintas organizaciones de la CTA y movimientos sociales que estén involucrados en esta actividad, realicen en sus mismos lugares de trabajo o en los territorios donde actúan los diferentes movimientos sociales, poniendo mesas, planillas en las que se van a juntar las firmas y continuar con esta campaña que ya ha superado las 500 mil. Ése es el objetivo. Va a haber una cerca de FM La Tribu, en Luis María Drago y Scalabrini Ortiz como también la que hacemos todos los miércoles en el Congreso a las 15 horas. Éste va a ser el miércoles 1178 de los jubilados”.
Wolman también aclaró la diferencia entre el discurso y la realidad de lo que cobra la clase pasiva: “nosotros en esta Ley Previsional estamos planteando 3 temas principales. Uno es que el 82% móvil es una reivindicación histórica de los trabajadores. Significa que un trabajador que aporta 30, 40 ó más años a la seguridad social lo hace primero, con un criterio intergeneracional. Durante la vida activa del proceso productivo, uno aporta ese dinero, y el fondo que se constituye es para pagarle a los jubilados en ese momento. y también para garantizar una jubilación que nosotros consideramos acorde con el salario que está recibiendo el trabajador. La deducción que nos hacen o el aporte que hace un autónomo o un cuentapropista es para tener un salario diferido para poder disfrutar de una jubilación acorde con el salario y poder vivir con ella en las mismas condiciones en que se vive durante la vida activa. Sería el neto de lo que se cobra mientras se trabaja. Ya lo hemos tenido en 1958 con las luchas que hemos librado. 10 años después, en medio del Cordobazo también logramos entre un 70 y un 82%.
El otro aspecto –continuó Wolman- es el del haber mínimo para el cálculo de todos los aumentos que se dan. Nosotros nos basamos en datos de la realidad y la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires tiene un cálculo de las que son las necesidades básicas de un adulto mayor. Esto lo tomamos muy en cuenta porque está hecho sobre bases concretas, datos de las calorías necesarias para la alimentación, un alquiler compartido, y otros gastos calculados a lo mínimo, no a lo máximo. Esto en mayo era de $5678 y se calcula que ahora no es menos de 6500 pesos o más. Hoy, el haber jubilatorio mínimo es de 3130 pesos netos, lo que está por lo menos 3 mil pesos por debajo de la canasta básica para la subsistencia. Y además está por debajo del salario mínimo, vital y móvil que hoy es de $4400 y que se va a incrementar en enero. La sensación que da es que los jubilados ni siquiera necesita ese salario, que tenemos que decir que fue un acuerdo con los representantes de las centrales afines al gobierno. La mayoría de nosotros está por debajo de esa cifra. De acuerdo a la Ley de Movilidad, se va actualizando cada semestre aun estando por debajo de la inflación, pero la base sobre la que se calcula ese aumento es tan baja que si se mantiene la cifra actual y no se modifica y el ajuste recién va a ser en marzo, que es cuando termina el semestre, puede llevar el haber jubilatorio mínimo a $3500. Nosotros en este proyecto decimos que no puede ser inferior a las necesidades básicas de un adulto mayor. Ya estamos peleando por un aumento de emergencia y vamos a comenzar una lucha para unificar criterios y que el haber mínimo esté en relación a la canasta básica y se actualice en todo. No puede ser inferior a $3000″.
Wolman también resaltó otro aspecto de este proyecto, en el que se plantea un derecho constitucional, o sea, que los fondos de la previsión social de acuerdo al Artículo 14 bis de nuestra Carta Magna, “debe ser administrado por sus interesados”, o sea, representantes de los trabajadores activos, de los jubilados y con la participación del Estado: “hoy es una caja estatal, la más importante que maneja el Gobierno y que le sirve para inversiones que en su mayoría son en títulos públicos, para pagar la deuda externa, intereses, y las necesidades presupuestarias que éste determine pero que no tienen nada que ver con las necesidades de los jubilados, y es un fondo de garantía que hoy tiene el ANSES. Nosotros en el Proyecto de Ley decimos que hay que crear un Instituto Nacional de Previsión Social, que tiene que ser exclusivamente para los aportes de los trabajadores, las contribuciones patronales y los aportes que necesariamente tiene que hacer el Estado para poder pagar las jubilaciones y pensiones. Y esa tiene que ser una entidad pública y manejada por los representantes de quienes aportamos toda la vida”.
10º Aniversario del Foro de los Derechos de la Niñez
En la segunda media hora del programa nos visitó Adolfo “Fito” Aguirre, Coordinador del Foro por los Derechos de la Niñez de la provincia de Buenos Aires, que cumple 10 años defendiendo los derechos de los chicos. Nos contó como se inició esta idea, y la tarea que realiza: “En 2004, nos juntamos varias organizaciones como la CTA, la Obra del Padre Cajade de la ciudad de La Plata, Abuelas de Plaza de Mayo con Estela de Carlotto, el CASASIN, el Colegio de Trabajadores Sociales entre otras, y decidimos constituirnos en esta iniciativa política que denominamos Foro por los Derechos de la Niñez. Se fundó en el Teatro Argentino de La Plata y ese mismo año logramos derogar la Ley de Patronato, que se había creado en 1918, más conocida como Ley Agote, por la que un juez de menores se apropiaba de la patria potestad de niños y los mantenían en institutos para protegerlos. De esta forma, se adecuó la legislación de la provincia de Buenos Aires a los postulados de la Convención Internacional por los Derechos del Niño. Y hoy la palabra “niño” es muy importante porque durante más de 80 años en la provincia se usó la palabra “menor”.
A la hora de hacer un balance de esta primera década del Foro, Aguirre comentó que “estamos contentos por lo que hemos hecho y comprometidos por lo que vamos a hacer. Haber derogado una legislación estigmatizadora de la niñez que duró 8 décadas, en 10 años no se puede transformar una comunidad ni una sociedad pero si hemos podido avanzar mucho para que varios municipios tomaran esta nueva ley y crearan, junto a organizaciones sociales, los Consejos locales de Promoción y Protección de Derechos, en vez de dejar las cuestiones de la niñez en manos de la Justicia o de la Policía. Hemos logrado crear los servicios locales para construir un protocolo de prácticas de cómo abordar la no estigmatización y aplicar un nuevo paradigma. Creemos que en un futuro no solamente en la provincia de Buenos Aires van a haber Servicios de Promoción y Protección de Derechos sino que pretendemos que la Argentina sea un solo territorio y no 24 emiratos. Que haya un Foro Nacional”.
Para los niños, en la práctica estas iniciativas significaron muchos cambios. Así los relató Aguirre: “las estadísticas indicaban que solamente el 3% de las personas que estaban encerradas habían estado en conflicto con la Ley Penal. O sea que el 97% restante lo estaba por causales sociales, que podemos ubicar en el terreno de la pobreza, familias que tienen varios hijos y hay algún tipo de abandono. Entonces, como cabía la posibilidad de que todo esto se judicializara, un juez de menores decía “yo estoy a cargo de este niño hasta que sea mayor de edad”, que en esa época era a los 21 años. Se trabajaba en desarraigo, ya que, un chico de, por ejemplo, Florencio Varela, terminaba en un instituto de menores de Olavarría. Esto sin duda lo afectaba. Hoy, el Estado tiene que hacerse cargo de ese 97% , tanto nacional como provincial o municipal, y además, hay que trabajar sobre todos los derechos y no uno solo. A 30 años de la Democracia, el cumplimiento de todos los derechos sigue siendo una gran pelea».
También anunció que el Foro va a realizar un Encuentro Nacional por la Niñez los días 27 y 28 de noviembre en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, de La Plata, y que en esa oportunidad se van a festejar sus 10 años de vida. “Estamos cursando invitaciones a nivel nacional e internacional, y ya nos han confirmado su asistencia participantes de Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia y Perú. La temática va a estar en el plano de la integración latinoamericana».
Finalmente, explicó que “se está reclamando que los municipios y el Poder Ejecutivo sean más efectivos en la aplicación de lo que planeta la ley, como la creación de un organismo interministerial para que la niñez esté contemplada por varias de las políticas que lleva adelante un Estado, ya sea salud, educación pública, la prevención y otros temas. Hoy tenemos situaciones con el gobierno de Scioli, con Berni, Insaurralde, que son estigmatizadores y personas que permanentemente están tratando de que en le marco de las políticas de ajuste, el hilo se corte por lo más delgado, y éstas siempre son las políticas sociales. Hoy no aceptamos más que se hable de lo posible sino de lo necesario. Y esto es otro presupuesto, otro Estado, otra cultura y otra participación de la Sociedad».
Información sobre este Foro: www.foroporlosderechosdelaninez.com.ar
Así termina este Colectivo Porteño. Hasta la semana que viene.