En una Audiencia Pública realizada el jueves 13 en el Congreso de la Nación, los miembros del bloque de unidad Popular analizaron la situación en las provincias que ya reformaron el Código Procesal Penal como adelanto de lo que puede ocurrir a nivel nacional si el oficialismo sigue adelante con su proyecto de modificación.
“Lo que se siente con la presentación de este proyecto, es que se está en medio de una operación política más que en un debate en serio sobre la reforma del Código Procesal Penal”, sostuvo Claudio Lozano, presidente del Bloque de Unidad Popular, quien también se refirió a la propaganda que se planteó para “vender” la necesidad de efectuar los cambios introducidos y que fue el núcleo del discurso de la presidenta Cristina Fernández: “tuvo que ver con presentar la reforma al Código como un aporte para resolver el problema de la seguridad, sumando temas como el de “la puerta giratoria” o el de los inmigrantes, cuando la verdad es que, en dicha materia hay muchas otras cuestiones mucho más relevantes para discutir, y para un gobierno sería mucho más importante intervenir sobre la problemática de las fuerzas de seguridad que intervenir en el Código Procesal Penal. Sería de mucha mayor incumbencia meter la mano en el estatuto dictatorial de la Policía. Además las experiencias de reforma en las provincias son un verdadero fracaso”.
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También puntualizó la importancia de contar con una Policía Judicial ya que “mientras la policía sea quien capta la prueba y conduce la investigación no hay Código Procesal Penal que valga. Es imprescindible una que dependa de la Corte y que no esté integrada por fuerzas de Seguridad. De esto, esta Reforma no dice una sola palabra”.
En segundo término, Lozano expresó que aparece el objetivo del pasaje al sistema acusatorio aunque “al mismo tiempo, aparece la posibilidad de otorgarle facultades al gobierno actual a través de la Procuración para nombrar gran cantidad de agentes, fiscales y otros funcionarios. La experiencia del sistema acusatorio en las Provincias se puede sintetizar así: se resuelven solo el 10% de las causas, el 70% de las denuncias se archivan, el 10% se resuelven por conciliación y el 20% se procesa judicialmente. Es el resultado de un procedimiento que busca celeridad pero que abandona la búsqueda de la verdad. Esto surge de la presentación de los casos de Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Chubut”.
Quien también se refirió a esta problemática fue Liliana Parada, Diputada de UP, Mandato Cumplido, quien dijo que “el sistema penal no está destinado a resolver porque cuando llega, lo hace tarde. Habría que ver como no llegar a tantas causas penales. Y eso no se trata.” Por otra parte, expresó la necesidad de democratizar el sistema que se viene tratando desde el Consejo de la Magistratura así como también el tema de la Policía y que bajaría la cantidad de causas. “Este tratamiento del Código Procesal Penal viene –al igual que la unificación de los Códigos Civil y Comercial- con una especie de dogma de fe que son recomendaciones del Banco Mundial, y que tiende a reparar una gran cantidad de ineficacias existentes. La necesidad de los cambios parecería ser un clamor de todos los actores, y es entendible. Pero cuando se ve lo que ocurre en los Estados Unidos, que es donde se aplica este sistema, se ve que deja mucho que desear a nivel de justicia aunque tengan el 96% de las causas con condena, ya que el fiscal es quien investiga y quien juzga a la vez porque tiene todas las cartas del Estado y una legislación lo suficientemente dura y puede poner toda la pena con la que quiera calificar al delito. Y entonces es esa pena fenomenal –que en algunos estados incluso puede ser la muerte- incluida en un juicio o la aceptación de la culpabilidad por parte del imputado. Y esto es muy fuerte. Estados Unidos tiene el 25% de los presos del mundo. A eso no lo podemos llamar justicia sino celeridad. Nosotros queremos eficacia pero que persiga la verdad”, sentenció.
El doctor Matías Fachal, de Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, aclaró que “sólo tenemos transferidos 27 delitos en la órbita de la Ciudad. El resto se sigue tratando en el Poder Judicial de la Nación, en la mal llamada Justicia Ordinaria de la Capital Federal. Este Código que se está discutiendo ahora tratan los delitos que se llevan a cabo en la ciudad de Buenos Aires hasta dentro de unos años. Cuando se terminen de transferir la totalidad de los delitos, sólo va a quedar para los llamados federales, que son los más pesados y graves, que son los verdaderos problemas de nuestra sociedad, como el narcotráfico, la trata, el lavado de dinero, la corrupción y los tráficos de armas y de personas. El resto va a quedar en la Ciudad, donde hay un Código similar al que se está tratando en Diputados y que está vigente desde 2007. Tiene 347 artículos. Esos Códigos Procesales son los mismos que se aplican en Chubut, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y alguna medida, en la Provincia de Buenos Aires, así que ya los conocemos. Se empezaron a implementar durante el gobierno de Carlos Menem, y son todas políticas emanadas desde organismos de los Estados Unidos, el Banco Mundial, el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo. Esto no es un tema menor. Además, no busca la verdad porque circunscribe todo a un acuerdo entre el fiscal y los defensores. El juez se transforma en un mero escribano».
Por su parte, José Luis Ronconi, de la Federación Judicial Argentina, explicó que “estamos de acuerdo de la participación de la víctima en el proceso penal. Pero por serlo, no tiene porque cargar con la decisión de llevar adelante o no una determinada investigación porque, además, la confrontan con el imputado de igual a igual en un estado en el que nadie le puede garantizar nada y le preguntan si quiere seguir con el juicio o aceptar una determinada reparación. Y muchos aceptan porque tienen miedo de que vuelva. Si hay algo bueno que tiene la constitución es el garantismo, que se convierte en una mala palabra debido a la forma en la que se ofrecen estos códigos, y derechizan la opinión pública, y desde ahí lo presentó la Presidenta de la Nación, en forma de un operativo para encubrir la entrega del petróleo entre otras. Por lo tanto, se debilita el Estado porque no tiene que perseguir la verdad, porque es cara, y le transfiere a la víctima la decisión del proceso. Además, los delitos van a prescribir a los 3 ó 6 meses, cuando con el actual lo hacen a los dos años».
“Está claro que el Código Procesal Penal se está utilizando a los efectos de tratar de dar una respuesta mediática y rápida a un problema grave que afecta a toda la población que es la tasa de inseguridad que hay en nuestro país”, dijo en su participación el doctor Nicolás Tauber, Asesor del Observatorio Jurídico de la CTA e integrante de Librepueblo, y agregó que 
“entendemos que la reforma del Código no va a ser la respuesta a esta problemática, y mucho menos en lo que hace a la impunidad que vivimos y que consideramos que es la base de todos los demás inconvenientes que sufre nuestro pueblo. Van a seguir yendo presas las mismas personas por los mismos delitos, no depende de si es un sistema acusatorio, inquisitivo o el nombre que le quieran poner. No se va a terminar con la inseguridad ni va a cambiar la esencia del Poder Judicial, o sea, para que está y a quien le sirve».
Sin embargo, comentó que no tiene una visión tan negativa de la introducción del sistema acusatorio, ya que “no lo es per se, puede significar un avance, una mejora y un paso en la dirección correcta el quitar al juez de la realización de la investigación ya que garantiza mucho más su imparcialidad que el modelo actual. Que lo haga el fiscal tampoco es la panacea porque el punto más problemático es la intervención de la Policía en la forma que se investiga hoy tanto como la que prevé el nuevo Código. Mientras esto siga así, le podrán decir como quieran pero va a seguir siendo lo mismo. La selectividad del sistema seguirá igual, se van a investigar las causas que se siguen instruyendo ahora y el fiscal hará lo que hoy el juez. No va a ser mucho mejor. Va a haber una línea de continuidad porque no se cambian las circunstancias estructurales ni de donde sale la información que a origen a las causas judiciales” .
De la Audiencia participaron, además, Víctor Mendivil, de la Federación Judicial Argentina; Margarita Jarque, ex diputada e integrante de la Comisión Provincial por la Memoria”, Mariano Bergés Ex Juez de Instrucción; Dr. Antonio Cortina, Cofundador de la Asociación Judicial Bonaerense y Asesor legal de la Federación Judicial Argentina, y los diputados Pablo López (FIT) y María Elena Barbagelata (MC).