El diputado nacional reflexionó sobre la sanción de la ley a la que definió como «funcional a las grandes empresas».
Por Claudio Lozano*
(Clarín) Al momento de la recuperación de YPF, sostuvimos que tal decisión constituía un paso necesario pero insuficiente si no se abordaba el conjunto de problemáticas del sector acosado por la caída productiva, la desinversión y el descenso sistemático de reservas. Esto exigía derogar los decretos desreguladores del menemismo en el marco de una completa auditoría de las reservas y de los pasivos ambientales, así como avanzar en la revisión integral de las concesiones vigentes de modo tal de permitirnos un posicionamiento mucho más sólido a la hora de potenciar la recuperación productiva de la empresa.
Se trataba de maximizar la apropiación en manos públicas de una renta hidrocarburífera que al 2013 ascendió a US$ 15.500 millones en petróleo y US$ 11.000 millones en gas, para iniciar el camino de la reinversión en el sector, con el objetivo de la integración regional y la reorientación (diversificación) de nuestra matriz energética.
Sin embargo, observamos la continuidad de un tipo de intervención del Estado que es funcional a las grandes empresas, ya que sigue transfiriendo recursos públicos para financiar la recomposición de precios tanto en el caso del gas, como en la decisión de autorizar cuotas de importación de petróleo crudo, o la convalidación de aumentos en los combustibles líquidos -que en dos años aumentaron un 100%, y que entre enero de 2009 y setiembre del 2014 aumentaron un 400%.
YPF, más que actuar como empresa testigo que imponga nuevas reglas de juego al resto de los actores, lo hace como empresa líder del cartel de firmas del sector petrolero. Cartel que sigue ampliando su capacidad de captar renta sin inversión y haciendo jugosos negocios con un “Estado bobo” que lo subsidia convalidando alzas de precios.
Es en este marco que debe interpretarse la Ley de hidrocarburos. Ella corona esta orientación consolidando los decretos menemistas al generalizar para toda la actividad los decretos 927 y 929 emitidos por este gobierno para el caso Chevron y que promueven la “libre disponibilidad del crudo”, la “libre disponibilidad de las divisas” y la “libre importación de equipos”. Perpetúa nuestra dependencia energética con los hidrocarburos; propicia el suicidio energético y ambiental de transformarnos en exportadores de hidrocarburos vía la generalización -sin ninguna discusión seria- del fracking; al tiempo que prohíbe el avance del Estado y sus empresas sobre la actividad. Repite los fracasos de los noventa y habilita condiciones para un “desastre ambiental”. Las urgencias de la coyuntura llevan al gobierno a hipotecarnos el futuro: con el objetivo de obtener dólares para el 2015, nos hipotecan hasta el 2060.
El conjunto de la dirigencia política responsable debe firmar un compromiso de derogar esta norma ni bien se modifique la composición del Parlamento.
*Diputado nacional, economista y presidente del Bloque de Unidad Popular
