El martes 2 de diciembre se llevó a cabo en el Anexo del Congreso Nacional una audiencia pública convocada por Claudio Lozano, presidente del bloque de Unidad Popular, en la que especialistas, representantes de cooperativas del interior del país, trabajadores, Organizaciones No Gubernamentales y legisladores analizaron el nuevo proyecto de ley Argentina Digital que, a pesar de algunas presuntas buenas intenciones, esconde profundas contradicciones y diferencias insalvables, sobre todo en lo que hace a la regulación y la autoridad de aplicación, que se consideró “monárquica”, ya que deja todo en manos del Poder Ejecutivo.
Claudio Lozano, a modo de apertura, hizo algunas precisiones sobre el tema tratado: “el proyecto del Ejecutivo Argentina Digital, que aún está siendo 
tratado en el Senado de la Nación, ya ha tenido algunas modificaciones. Aparentemente tendría algunas más de las que conocemos hasta ahora, pero lo que podemos decir es que estamos discutiendo que hacer con una situación en la que cuatro empresas concentran el 85% del mercado de las telecomunicaciones. Los casos de Telefónica y Telecom, que tienen el 86% de la telefonía fija y el 54% de la móvil; Cablevisión, con el 40% de la televisión paga, y Claro, del mexicano Slim, que comparte manejando la tercera parte de la telefonía móvil en la Argentina. En verdad, un mercado de esta naturaleza plantea dos grandes cuestiones: requiere de manera imperiosa una regulación que exprese el interés público, ya que sin ésta prácticamente no existe. Esto define un segundo tema, que es la autoridad de aplicación. Estos dos puntos son los que definen el tipo de actitud a tomar en un proyecto de esta naturaleza”.
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El debate lo abrió formalmente Martín Becerra, de la Maestría de Industrias Culturales de la Universidad de Quilmes, quien expresó que “El Poder Ejecutivo Nacional ha tenido plenas facultades en estos últimos 12 años a través de distintos presidentes para regular, mejorar, modificar y corregir el sector de las telecomunicaciones, por lo menos en lo que respecta a su comportamiento estructural, que refiere –en una caracterización somera- a una altísima concentración y una pésima prestación de servicios. Si tomamos en cuenta parámetros como la velocidad de acceso a internet, cobertura de los distintos tipos de servicio y la relación calidad – precio, es evidente que el alto poder que puede concentrar el Ejecutivo sin una normativa clara en esta materia, no es garantía –como se comprueba en estos años- de que las prestaciones atiendan al interés público. Ésa es la principal observación u objeción a este proyecto de ley, más allá que en los considerandos habla se la convergencia tecnológica, que es necesaria regularla en Argentina, y más cuando la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no contempla la posibilidad de cruces legalmente habilitados entre los sectores de tecnología de la información y la comunicación, aunque los hay, pero de facto. Ésa es una realidad palpable. Por eso, la regulación tiene que darle lugar a esto pero defendiendo el interés público y que no haya abuso de posiciones dominantes, cosa que este proyecto no hace”.
A continuación tomó la palabra Gerardo Milman, representante de la oposición en la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual (AFSCA), quien reclamó algunos cambios que mejorarían el espíritu de la ley para que, justamente, defienda a los usuarios y diferentes actores del sector: “debería tener definiciones mucho más precisas, como en el tema de la de neutralidad de la red. Ponerle licencias a cuestiones que son infinitas, resulta abstracto, y además, le da mucho poder al regulador para otorgarlas o quitarlas de manera discrecional. En su lugar, debería haber un registro en el cual se puedan inscribir todos y haya control del Estado, para no entrar en crisis con el precepto de libertad de expresión porque el regulador se puede ver tentado a darle licencias a quienes opinan parecido o igual a él y no a los que opinan críticamente. Se habla de favorecer a los más pequeños, las regulaciones asimétricas tienen que ser explícitas, no pueden quedar en manos de criterios que no conocemos y que pueden ser modificados según la idoneidad del regulador”. Milman también se refirió al lugar que ocupa el Poder Ejecutivo en esta situación que, según el Oficialismo, es el Órgano de Aplicación, y que “está en el texto del compendio de leyes que se aprobó el año pasado, que puede ser una interpretación. Lo cierto es que ni las leyes de privatización de servicios públicos de los ‘90 formó órganos de aplicación reguladores tan liberales como los que, con total ingenuidad, plantea este proyecto”. Y, con respecto a esto, dejó una reflexión no exenta de humor e ironía: “yo nunca estuve a favor de lo que se hizo en los ‘90, pero la verdad es que, al lado de esto, son marxistas”.
Enrique Chaparro, de la Fundación Vía Libre, autor de uno de los proyectos presentados en la audiencia pública llevada a cabo en el Senado, invitó –también haciendo uso de una fina ironía- a hacer “un experimento pensado” que puso de manifiesto lo que la ley conlleva de manera implícita: “supongamos que llega al Congreso un proyecto de reforma del Código Penal. Si se cambia el Artículo 80 y decimos que “El que matare a otro recibirá una pena que irá de un mes a perpetua según lo decida el Ejecutivo”. Esto es exactamente lo que dice la Ley de Telecomunicaciones pero en otro plano”. También puntualizó que “la ley es el fundamento de las políticas públicas, que se inscriben en su letra, y no es posible que el Parlamento delegue esa función. El ajuste, la priorización, la elección de los caminos y de las estrategias de corto y mediano plazo es el trabajo del Ejecutivo. Para eso ha sido elegido”. Chaparro también señaló que “el principal problema de este proyecto gubernamental es que –más allá de las intenciones, ya que lo que queda es lo que sale en el Boletín Oficial- se lo puede leer de modo tal que habilita políticas públicas diametralmente opuestas. Con los mismos argumentos que describe a la autoridad de aplicación, mañana podría decidir que haya un monopolio estatal de las comunicaciones o, por el contrario, privatizar hasta el último tornillo. En el Artículo 5, por ejemplo, dice que “los permisionarios del servicio postal tienen que obtener una licencia”. Algún torpe confundió al artículo, que ni siquiera tiene buen castellano, y afirma que entre los servicios de información y comunicación se halla el tradicional correo. Por esto es que necesitamos un marco referencial. Podrían habernos ahorrado esta discusión con una ley tres artículos: Esta ley reglamenta los servicios de las telecomunicaciones en la República Argentina; el segundo, facúltese al Poder Ejecutivo Nacional a hacer lo que se le dé la gana; y el Tres, de forma. Con esto se sintetizan los 72 artículos que tiene este proyecto. En este sentido, es lamentable”.
Los miembros de cooperativas también pudieron hacer sentir su voz. Rafael Sánchez, presidente de FECOPEL,
y el ingeniero Parodi hicieron hincapié en las asimetrías que existen en el mercado de las telecomunicaciones, y aclararon que “cuando se habla de cooperativas, no queremos que se mezcle el oportunismo pícaro de los que las forman para evadir impuestos. El capital social más importante que tiene una organización de estas características está formado por los propios asociados, y no hace actos de comercio. Hace actos cooperativos en forma permanente. Por eso, mal nos puede alcanzar la norma y decirnos que se tiene una posición dominante en el mercado. Hay que entender que el movimiento cooperativo es diferente, pero también decimos que nos abrimos a la competencia. No nos asusta, pero queremos un plano de igualdad. Que se nos de la posibilidad de hacer la integración de nuestras redes porque tenemos una brecha digital que queremos superar y que el servicio universal se oriente en ese sentido. Inexorablemente, a estas áreas no va a caer nadie a competir, lo sabemos, pero con el atraso estamos condenando a nuestras poblaciones”. En cuanto al tema de la posible supresión de la larga distancia en comunicaciones telefónicas, Parodi indicó que “no nos oponemos a que se defina una sola área local, si a que esto sea un “on – off”. Hoy, para las cooperativas, la larga distancia es el 80% de los ingresos. No hablemos de los contratos con telefonía móvil y otros rubros. Entonces, si se la saca, dichos ingresos se irían a cero. Queremos ir hacia un sistema único de red porque hoy, con le mismo prestador, es mucho más caro llamar de Buenos Aires a la Quiaca que a China. Estamos proponiendo un modelo que permite tener cero larga distancia, pero necesitamos una infraestructura básica de red de conectividad IP, que es lo que inició ARSAT. Y para eso, tenemos que ver la compatibilidad con la tecnología que ésta ha adoptado. Y hay un párrafo de la ley que quizás viene a blanquear alguna situación que se está dando con los móviles, que terminan llamadas a tarifa plana, hacen subsidios cruzados, y de esto nadie habla porque no hay autoridad regulatoria”.
Finalmente hizo uso de la palabra Héctor Polino, presidente de Consumidores Libres, quien analizó el proyecto desde los intereses de los consumidores en una exposición que se extendió durante más de media hora. Recordó que “cuando se envió al Congreso Nacional el proyecto de Servicios Audiovisuales, estaba incluida la posibilidad de que las empresas telefónicas prestaran este tipo de servicios. Y no quedo incluido en el proyecto de ley porque al Oficialismo no le dieron los números. Algunos bloques políticos opositores que estaban de acuerdo con la ley en general para acompañarla, reclamaron la eliminación de ese privilegio. Ahora han vuelto a la carga con este nuevo proyecto de ley, y olvidan que cuando se privatizó ENTEL, se otorgó una licencia a perpetuidad a 99 años de plazo y con una condición, que impedía que las empresas brindaran servicios audiovisuales. Por esa limitación, pagaron un monto menor al que hubieran abonar si no hubiera estado esta limitación”.
Las últimas palabras de Claudio Lozano quedaron flotando como síntesis del debate: “está claro que así como está este proyecto como está no conforma, que no define política pública, y que en un contexto donde todos los manuales en cualquier mercado monopólico recomiendan una regulación muy firme, acá no hay nada de esto y que, por lo tanto, se favorece a la concentración y la integración vertical. Y si agregamos la práctica específica que ha distorsionado la aplicación de la Ley de Medios, la discusión aún se hace más compleja, ya que se suma la apertura del negocio de las 4G, por lo tanto, vamos a tratar de introducir todos estos conceptos en el debate y vamos a ver si hay más modificaciones”.
Estuvieron presentes en la Audiencia los diputados por Unidad Popular Víctor De Gennaro y Antonio Riestra; la diputada m.c. (UP) Liliana Parada; Guillermo Mastrini y Santiago Marino de la Maestría de Industrias Culturales de la Universidad de Quilmes; Guillermo Defays, de CEPETEL; Eduardo Moyano y Aníbal Vázquez, de FOETRA y la diputada Graciela Villata (FCyS).