En la discusión sobre reformar el Código Procesal Penal, sostuvo que el debate fue “sustituido por una triste operación política».
En su exposición durante la sesión en la Cámara baja nacional que debate la reforma del Código Procesal Penal, el presidente del Bloque de UP, Claudio Lozano, rechazó la propuesta oficial y argumentó la postura de UP:
«Desde el Bloque Unidad Popular estamos absolutamente convencidos de la necesidad de una transformación y democratización del Poder Judicial. Sin embargo, este debate, que deberíamos haber discutido en profundidad, ha sido sustituido por una triste operación política que comenzó con la mismísima presentación en sociedad que hiciera la Presidenta de la Nación.
El discurso presidencial viró de manera absoluta y se hizo cargo de los planteos de la oposición conservadora, planteando la necesidad de terminar con la ‘puerta giratoria’ y reforzando esto, postulando la deportación de los inmigrantes sin proceso judicial.
Se culpa a los extranjeros por el crecimiento de la delincuencia y del narcotráfico en particular, a pesar de que en las propias estadísticas oficiales, los extranjeros detenidos por delitos son exactamente los mismos en porcentaje que los de una década atrás. Con el agravante de que el modo en el que se plantea el tratamiento de los extranjeros en este Código, también puede implicar extenderse sobre la protesta y el conflicto social, donde participen extranjeros que pueden estar en una situación irregular podría tranquilamente considerarse un delito infraganti habilitando la expulsión de los mismos.
Si seriamente el Poder Ejecutivo quisiera intervenir sobre el problema de la seguridad, sería mucho más relevante que se dedicara a reformar el Estatuto dictatorial de la Policía Federal y a reorganizar la fuerza que preocuparse por este tipo de modificaciones.
La otra parte de la operación política es que lo que se está haciendo es convocar un debate académico respecto a las supuestas bondades que tendría el Régimen Acusatorio respecto del Régimen Inquisitivo para por detrás meter una fuerza operativa que garantice impunidad al gobierno adentro del Poder Judicial con el agravante de plantear el inmediato nombramiento de 1700 nuevos cargos en el Poder Judicial».
