El viernes 10 de abril pasado, el candidato a Jefe de Gobierno por Camino Popular participó de un debate sobre políticas habitacionales organizado por la ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia). Llevado a cabo en el Salón Dorado de la Legislatura Porteña, le permitió a varios candidatos al gobierno de la Ciudad poder desarrollar sus ideas y propuestas en caso de ser electos en las próximas elecciones porteñas del mes de julio. En ese marco, Lozano fue aplaudido en varias oportunidades.
El debate fue moderado por Daniel Malnatti, y tuvo reglas claras para que cada uno de los expositores pudieran decir de manera sintética y concreta sus propuestas en cuanto a vivienda y hábitat en la ciudad en base a ejes temáticos como urbanización de las villas y la situación de los inquilinos, entre otros.
Introducción
Claudio Lozano, a modo de presentación, explicó que “el frente Camino Popular está integrado por cinco fuerzas políticas y una cantidad muy importante de movimientos sociales que disputan todos los días las condiciones de vida y en particular de la vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Por eso nos acompaña Amalia Aima, dirigente de la villa 31; Norma González, de la Cooperadora Camino de los Perseverantes; Lidia Aiva, de la villa 21; Luciano Nardulli, que estuvo al frente del conflicto del Indoamericano, entre otros. Planteamos lo mismo de todos los días en el tema de la vivienda”
Urbanizar las villas
El candidato a Jefe de Gobierno por Camino Popular expuso que “tanto por la composición que tienen nuestros comuneros en la 1, la 4, la 8 y la presencia que tuvieron nuestros legisladores Fabio Basteiro y Laura García Tuñón aquí, estamos comprometidos con la urbanización integral de las villas, y con las 270 mil personas que viven en ellas”.
Lozano hizo eje en tres puntos fundamentales. Dijo que “la estrategia de urbanización y los esfuerzos que en la ciudad se hagan tienen que empalmarse con una política nacional de desarrollo regional y empleo que de alguna manera limite lo que son las migraciones permanentes hacia el Conurbano y la ciudad. En segundo lugar, esto no tiene que ver exclusivamente con las villas, es imprescindible terminar con la fragmentación institucional. Proponemos la creación de un ministerio de Vivienda y Hábitat que concentre todas las decisiones en esta materia. Y en tercer lugar, lo que hay que hacer es recuperar financiamiento para el desarrollo de este tipo de cuestiones. Macri ha relegado, ha vetado o no ha cumplido las cuestiones importantes porque está comprometido con la lógica del capital inmobiliario y por lo tanto, con el uso especulativo del suelo urbano”.
A continuación planteó “un programa de erradicación, reurbanización y saneamiento urbano ambiental de las villas y de los asentamientos precarios con diseño e implementación de carácter participativo, tanto para las obras de infraestructura de provisión de todos los servicios básicos como para la elaboración de las condiciones habitacionales. Lo hacemos en el marco de 3 planteos. Uno, volver a poner en vigencia la Ley de Emergencia Habitacional para evitar desalojos. Dos: plan de construcción de viviendas sociales a cargo de la política pública y de procesos de autogestión como los de la ley 341, que genera reinserción social, capacitación y una vivienda un 40% más barata que el valor de mercado, y recuperar el presupuesto del 5% para vivienda en el presupuesto de la ciudad, y la necesidad de una ley de Solidaridad Urbana Habitacional que implique vincular que todo emprendedor inmobiliario tenga, en base a los metros cuadrados que desarrolla, aportar una contribución del 10% de los metros cuadrados que construya en vivienda social y necesaria para sectores medios y populares. Si esto se hubiese hecho, hubiera habido 35 mil viviendas más en la ciudad de Buenos Aires en esta década. Y digo más, Macri tomó una deuda que no usó para inversión. Si lo hubiera utilizado para vivienda, hoy tendríamos 26 mil viviendas más. 35 mil por una vía, 26 mil por otra, se puede resolver absolutamente la urbanización integral de las villas”.
Ley del inquilino
En cuanto al tema de los cientos de miles de familias que alquilan en la ciudad de Buenos Aires, Lozanopuntualizó que “creemos que hay que regular el mercado de alquileres, que hay que extender los plazos, limitar los montos de depósito y de comisiones. Que éstas deben ser compartidas entre propietarios e inquilinos, que hay que registrar los contratos de alquiler e instituir una Defensoría del Inquilino así como también un seguro estatal. Creemos que es posible pensar una ley de Viviendas Públicas en Alquiler reguladas y administradas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y organizaciones de la sociedad para sectores populares y medios que contemple garantías sociales, precios regulados en función del ingreso familiar y terminar con algo que francamente es un hecho lamentable de corrupción absoluta que es la población en hoteles e inquilinatos pagos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es imprescindible instrumentar créditos para sectores medios y populares con tasa cero subsidiada de manera explícita. Hay que tener un banco de inmuebles para intervenir en el mercado inmobiliario. Hay que crear un plan de viviendas sociales para venta y alquiler, y hay que penalizar impositivamente graduada de acuerdo a los años que tenga la vivienda ociosa, espacios vacíos o terrenos baldíos que existen en la ciudad de Buenos Aires”
“Macri no tiene mayoría en la Legislatura. Todas las leyes que sostienen al gobierno que criticamos requirieron de bancadas que le proporcionaron votos. Entre ella, la del Frente Para la Victoria, yen los últimos dos años, fundamentalmente, quienes ingresaron –varios, no todos- por el UNEN. Más me sorprenden aquellas fuerzas que cuestionan a Macri acá pero lo proponen a nivel nacional. Más simpático me resulta todavía el tema”, comentó Lozano con ironía.
Cierre
Para continuar con su participación, Claudio Lozano resaltó la necesidad de “pasar de una lógica de mercado que produce o que entiende a la vivienda como mercancía, que produce segregación y distribución desigual de los bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades en el territorio a una lógica garante de derechos que tenga que ver con lo que dice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 31 de la Ciudad. En ese marco, el planeamiento urbano concertado con las distintas organizaciones de la comunidad y la regulación del mercado son los mecanismos para intervenir, para apropiar renta urbana y para distribuirla en función de analizar los equilibrios sociales y territoriales que se necesitan”.
Finalmente, reveló que“en esta Legislatura, se aprobó un Plan Urbano Ambiental absolutamente inconsistente y ambiguo. Hay un modelo territorial que no se ha discutido con nadie. Eso es lo que hay que hacer, y de ahí hay que pasar a armar un nuevo código urbanístico y ambiental que establezca cuales son los criterios deseados de densificación residencial, tanto a nivel general como a nivel comunal, cuales son las áreas que vamos a reservar, las que vamos a renovar, las que vamos a rehabilitar y como vamos a invertir en infraestructura de servicios y en el transporte. Y en este marco, es donde va ley solidaria urbana, creación de bancos de tierras, inmuebles públicos, incentivos urbanísticos y fiscales para alentar o desalentar construcción, líneas de créditos preferenciales para empresas y ciudadanos en barrios desfavorecidos. Programar territorialmente la distribución de las obras públicas y una política integral de rehabilitación del patrimonio urbano”.