Los candidatos a jefe de gobierno y primer legislador por la ciudad de Camino Popular Claudio Lozano e Itai Hagman, junto al Comunero de la Comuna 6 Martín Iommi, denunciaron el jueves 16 de abril a la gestión macrista de desarmar el sistema de control externo sobre las habilitaciones que realiza la Agencia Gubernamental de Control.
La denuncia fue realizada ante las puertas de la AGC y se suma y respalda las presentaciones realizadas por Iommi ante la eliminación de peritos verificadores externos, decidida mediante decreto 271/14.
Frente a la entrada de dicho organismo, Lozano dijo que“el gobierno de Macri destruye los organismos de control para seguir beneficiando con habilitaciones irregulares a los desarrolladores inmobiliarios y los grandes grupos empresarios. Ya denunciamos los ejemplos de Costa Salguero, el bajo canon que paga IRSA por el Buenos Design, así como las inundaciones provocadas por la construcción del Shopping DOT y el uso ilegal como depósito de contenedores del predio de la calle Avellaneda al 1400. Es obvio que en todos estos casos faltó control”.
“Desregulan los negocios atentando contra la vida de las personas. Terminar con el sistema de peritos verificadores -que permitían controlar obras en todas sus etapas, fachadas y balcones- contribuye a mantener en las sombras el vínculo del Macrismo con el sistema de negocios. La AGC, entonces, no sirve, porque clausura lo que no debe, y no clausura lo que debe, habilita lo que no debe y no habilita lo que debe. Por eso es que corresponde clausurarla” sostuvo el precandidato a Jefe de Gobierno con un ingenioso juego de palabras. “Llegaron incluso a no darle a los peritos verificadores la documentación necesaria para poder acreditar la inspección, y en muchos casos, ni se les pagó por su trabajo. Hay muchas denuncias en este sentido”, agregó Lozano.
Itai Hagman, por su parte, planteó la posición de Camino Popular para frenar el descontrol del desarrollo inmobiliario: “Estos organismos junto a los espacios comunales, deberían protegerse y estar integrados por vecinos y profesionales que sirvan de garante a la ciudad ante el descontrol que supone un modelo de negocios como el de PRO. La intervención y desplazamiento de sus trabajadores supone el estableciendo de una zona liberada para que Macri y sus amigos sigan enriqueciéndose a costa de los porteños. Es un verdadero vaciamiento realizado mediante un decreto que va en contra de las leyes que rigen a la ciudad de Buenos Aires”.
“El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires considera que la obra pública, la construcción y todo lo demás tiene que estar regido por la lógica del mercado, y ni siquiera pone a disposición los organismos de control que la propia ley establece para que se cumpla con el Código de Planeamiento Urbano. Así se explica porque después lamentamos desastres, construcciones que se vienen abajo y accidentes causados, que muchas veces causan muertos, por la negligencia del gobierno porteño”, puntualizó Hagman.
Finalmente, los precandidatos colocaron una franja de clausura simbólica en el frente del organismo de control.