Solidaridad de organizaciones populares con el médico de pueblos fumigados

«Durante la investigación ya me habían amenazado. Lo que nos pedían era que entregáramos los resultados al decano de la Facultad de Medicina y de lo que se nos acusa es de haber difundido la información a la población en forma anticipada», indicó el médico Medardo Ávila Vázquez a Télam.Se trata del relevamiento llevado adelante en la localidad cordobesa, ubicada a 300 kilómetros de la capital provincial, en octubre de 2014 por un equipo de la universitario que durante cinco días relevó, entre otras cosas, la historia clínica de al menos 594 personas de una población total de 8.000 habitantes.
«Fueron muchas las conclusiones que obtuvimos al estudiar los datos pero, quizá, las dos más impactantes fueron que la cantidad de casos de cáncer triplicaba la media nacional y que los abortos espontáneos eran tres veces más frecuentes que lo habitual», describió el especialista, integrante de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados.

El 17 de abril, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la universidad cordobesa emitió una resolución en la admitió haber aprobado la realización de un campamento sanitario en la localidad de Monte Maí­z, pero que «no se había autorizado la realización de un trabajo científico».Además se acusaba a la organización de haber dado «información a los medios de comunicación de los datos recolectados emitiendo conclusiones que carecen de asidero científico alguno».
Inmediatamente, el Comité de Etica que acompañó al campamento sanitario -conformado por vecinos, referentes en derechos humanos y médicos y profesionales de la salud de hospitales públicos de distintas localidades del país de gran prestigio como el Garrahan- emitió un comunicado dando su respaldo a la investigación realizada.
«El estudio efectuado reviste un inobjetable carácter científico, siendo su diseño observacional de uso habitual en investigaciones epidemiológicas, contando además el equipo de investigadores con importantes asesores externos, incluso, ex altos funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud», sostuvo el Comité en un extenso documento de 10 puntos.
El 21 de abril, y tomando la resolución de Medicina como base, la Facultad de Agronomía de la UNC – cuyo secretario general es el ingeniero que firmó el informe de impacto ambiental para que se instale la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas, Jorge Omar Dutto- realizó un pedido de sumario contra Ávila Vázquez.
En este pedido dirigido al Consejo Superior de la UNC, se acusa al médico Ávila Vázquez de haberse «extralimitado en las actividades autorizadas», y se asegura que la información difundida generó «miedo y temor en la población» de Monte Maíz.
«Desde que se difundieron los resultados en el pueblo no hubo ningún aumento en las consultas psicológicas ni psiquiátricas, es decir, no hubo aumentos de casos de trastornos de ansiedad, pánico, hipocondría o trastorno postraumático y tampoco se incrementaron la cantidad de suicidios», aseguró Verónica Llopiz, psicóloga de la localidad de Monte Maíz.

Y continuó: «Los vecinos no estamos asustados por los números, que reflejaron una realidad con la que vivimos día a día. La semana pasada fallecieron tres personas más por cáncer, entonces, para nosotros no fue una noticia este relevamiento, sino una forma de tener una estadística de la realidad».»Ahora mismo mientras hablo con vos veo cómo está enrarecido el aire del campo que tengo enfrente. Nosotros convivimos con las fumigadoras y tenemos depósitos de granos que emanan glifosato instalados en el medio de nuestro pueblo», describió la mujer.
Tras el relevamiento, los vecinos organizados en la Red de Prevención Ambiental y por la Salud de Monte Maí­z impulsaron un proyecto de ley que en estos días se debate en el Concejo Deliberante para regular el uso de los agroquímicos.
«Lo que pedimos son cosas básicas, como por ejemplo que se fumigue a partir de un kilómetro de que termina la última casa del pueblo, y que se saquen los depósito del medio del pueblo», describió Llopiz.
En 2007, alertados por la cantidad de casos de familiares y conocidos con cáncer, los vecinos de Monte Maí­z realizaron un primer relevamiento pero, tras obtener los resultados, no consiguieron entonces quién los ayudara en el análisis de los datos.
«El relevamiento realizado en 2014 fue un pedido exclusivamente de los vecinos, apoyado por el intendente y por gran parte del Concejo Deliberante, no fue una iniciativa de Ávila Vázquez, ni de su equipo, sino fue nuestra iniciativa, hartos de ver cómo se mueren nuestros familiares de cáncer», concluyó.