Dijo que es “evidente” que “el objetivo de la maniobra era que el listado tomara estado público antes de la elección”.
“En el día de ayer (por el martes) fui informado por una denuncia periodística de la existencia de una presentación judicial en la que se señala que soy uno de los dirigentes políticos que está siendo investigado por los Servicios de Inteligencia del Estado», explicó el diputado nacional Claudio Lozano, presidente del bloque Unidad Popular.
El legislador afirmó que no le «produjo sorpresa» y que «el hecho de que una voz anónima en el teléfono, les haya anunciado a dos diputadas del PRO (Laura Alonso y Patricia Bullrich) que les iban a hacer llegar un listado de estas características, justo días antes de la elección nacional, configura indudablemente una operación de inteligencia».
Para Lozano, son «operaciones que, como todos sabemos, siempre tienen un costado de verdad y otro de mentira».
«Frente a este tipo de maniobras lo más razonable es tratar de no ser funcionales a que se concreten -sentenció-. Es evidente que el objetivo de la maniobra era que el listado tomara estado público antes de la elección nacional. Lo lógico hubiese sido tratar de evitar que tal cosa ocurra y preservar cualquier intento de investigación judicial respecto al significado de un listado de esta naturaleza de cualquier tipo de difusión mediática. Es evidente que la difusión del listado embarra cualquier intento serio de investigación judicial».
Lozano aclaró que no prentende «defender al Gobierno Nacional» porque «hace tiempo que el kirchnerismo ha quedado salpicado por haber apañado o impulsado estrategias de inteligencia del peor cuño» y recordó su sociedad con Stiuso, la validación de operaciones de encubrimiento del caso AMIA, el Proyecto X y el encumbramiento de Milani y la Inteligencia Militar al frente del Ejército, pero consideró que «está claro, con esta operación pre electoral, al igual que con la muerte de Nisman, que la lamentable decisión gubernamental de pretender sacar a Stiuso, apelando a los servicios del represor Milani, ha puesto al Gobierno, más allá de sus objetivos, en el medio de una guerra de servicios”.
«En este contexto de este verdadero dislate, estar presuntamente investigado no me sorprendió, ya que vivimos una Argentina donde el hecho de que la Inteligencia del Estado construya carpetas de opositores políticos y sociales para condicionar su comportamiento y controlar sus disidencias, es una vieja rutina heredada de la dictadura en el marco de gobiernos democráticos que nunca pudieron, quisieron, supieron poner en caja el comportamiento de los distintos Servicios de Inteligencia», agregó.
También recordó lo dicho por UP cuando se discutió la nueva Agencia Federal de Investigaciones (AFI). «No hay solución a este problema sin desmontar a todos y cada una de las áreas de inteligencia civil, policial y militar, revisando los antecedentes (verdaderos prontuarios) de todos y cada uno de sus integrantes«, concluyó.
Para el diputado de UP, «Argentina necesita discutir en profundidad qué significa hacer inteligencia en un país democrático». Y consideró que, en ese marco, es obvio que la tarea de inteligencia debería ser garantizar información y análisis estratégico sobre situaciones internacionales y locales que afecten el logro de los objetivos de esa sociedad «que debieran garantizar la defensa nacional y desbaratar el crimen organizado”.