Frente al desplazamiento de Graciela Bevacqua al frente del INDEC, Claudio Lozano, dirigente de Unidad Popular, sostuvo, que “una vez más, las urgencias políticas desplazan y postergan la reconstrucción de las estadísticas públicas y la garantía de solvencia técnica y confiabilidad de las mismas».
Y añadió: «El problema planteado por el Índice de Precios de la Ciudad de Buenos Aires, que en enero resultó más alto que en diciembre, profundizó la crisis del INDEC y terminó con el desplazamiento de la funcionaria, aún cuando fuera el propio Prat Gay el que sugirió este indicador como parámetro, mientras se esperaban los 8 meses requeridos por la Directora Bevacqua como plazo para la elaboración del nuevo IPC.
El problema es que la realidad estalló en las propias entrañas de un Gobierno donde conviven los que practican las ideas del «ajuste en tiempo político», – que buscan que la vía del endeudamiento les permita financiar una reducción suave del déficit fiscal – con los cultores de la ortodoxia plena, que promueven un ajuste inmediato de las cuentas públicas.
En ese contexto, y frente al modo en que el Índice de la Ciudad desmintió al Ministro dando una suba de precios que no esperaban, la urgencia política del gobierno por disponer de un índice oficial nacional confronta con el plazo técnico puesto por Bevacqua y define la salida de la funcionaria, afectando la credibilidad futura de los productos estadísticos del Nuevo INDEC. En este escenario, resulta evidente que la discusión sobre los 8 meses, lejos de ser causa, es una mera excusa para justificar el desplazamiento.
Lo ocurrido, es la manifestación de una crisis más profunda que no se resolvió con el nombramiento de Jorge Todesca ya que, -más allá de la separación de las anteriores autoridades del INDEC-, buena parte de la patota que ocupara el organismo – de la mano de Guillermo Moreno-, sigue presente en el mismo bajo la cobertura de UPCN (gremio estatal que ha sido oficialista de todos los oficialismos y que, por supuesto, ya lo es de este). Esto es tan así, que en el contexto de los 8000 despidos de la Administración Central impulsados por el actual gobierno, el INDEC prácticamente no participa. Esto, pese a que el organismo incorporó, al decir de las nuevas autoridades, mucha gente que nada tienen que ver con la especificidad de las estadísticas.
Quienes perpetraron la devastación del organismo, destruyendo registros, siguen hoy presentes en la estructura del INDEC. Así las cosas, el desplazamiento de Bevacqua, que demuestra claramente que las urgencias políticas priman sobre la solvencia técnica del organismo es, tanto el resultado de la misma lógica que dio lugar a la intervención y a la destrucción de las estadísticas públicas como la expresión de una crisis de fondo, asociada al mantenimiento de la patota que lo intervino.»