Los dirigentes del Partido Unidad Popular, Claudio Lozano y Víctor De Gennaro, se refirieron al Protocolo de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas y sostuvieron que “es una decisión que se inscribe en la línea de criminalización de la protesta”.
Lozano y De Gennaro agregaron que “el Gobierno nacional ha decidido impulsar un protocolo para evitar los cortes que asocia el ‘orden público’ prioritariamente al derecho a circular. Resulta inaceptable desde una perspectiva democrática, que el derecho a circular subordine el legítimo derecho a protestar frente a decisiones que afectan el derecho a la libertad, el trabajo, la salud, la educación, la vivienda, etc”.
La declaración indica textualmente: “El protocolo es presentado inocentemente como un antídoto frente a los cortes como si estos existieran de manera autónoma y sin relación con las condiciones generales de vida de nuestro pueblo. Nadie corta por cortar. En esa decisión está presente normalmente la defensa de derechos sociales y constitucionales incumplidos. El protocolo oficial garantiza la circulación limitando el derecho a protestar y poniendo en riesgo la integridad de las personas.
En un contexto donde todos sabemos, dada la actual conformación de las fuerzas de seguridad, que las mismas suelen ser, siempre, parte del problema antes que de la solución al momento de intervenir sobre una manifestación, este protocolo amplía peligrosamente las facultades policiales para reprimir, no prohíbe el uso de armas de fuego ni establece la obligación de usar uniforme para los efectivos.
La Democracia debe nutrirse del conflicto social receptándolo, dándole cauce institucional y vías de resolución. Se trata de resolver los conflictos no de que no se vean. La represión ilegítima de una manifestación que esgrime la defensa de derechos incumplidos, no hace más que deslegitimar el sistema institucional, agrava la violencia social y confronta a las instituciones con la comunidad. Argentina tiene mucha historia en este tema y no habría que perder la memoria so pena de deteriorar el régimen democrático.
Unidad Popular llama al gobierno nacional a la reflexión y exige la revisión inmediata de esta insensata medida que, advertimos, solo producirá nuevas situaciones de violencia y represión”.