Los dirigentes de Unidad Popular Claudio Lozano* y Víctor De Gennaro**, repudiaron “la lamentable actitud de la dirigencia política que en nombre de una abstracta idea de gobernabilidad sigue hipotecando el futuro de los argentinos.”
Para Lozano y De Gennaro, “este ha sido, y no otro, el comportamiento de las principales fuerzas políticas en el marco del debate parlamentario respecto al acuerdo con los fondos buitre. Los errores del gobierno kirchnerista y la decisión irresponsable del Gobierno de Macri de propiciar la aventura de crecer en base a deuda,cuando el país ya carga un endeudamiento de 280.000 millones de dólares sobre su cabeza, son las causales principales que explican que hayamos arribado a un acuerdo nefasto para nuestro país y que sienta precedentes lamentables para las relaciones internacionales.
Convalidar una decisión judicial que premia el comportamiento especulativo de fondos que jamás le prestaron un peso a la Argentina y que logran a partir del Acuerdo, el reconocimiento de un capital que jamás invirtieron, de la totalidad de los intereses contractuales y de parte de los punitorios y costos legales, y que supone ganancias del 1600% respecto al precio vil que pagaron por los bonos en discusión, es una actitud vergonzosa para nuestro país y un obstáculo para cualquier intento de sentar reglas financieras más justas en el plano internacional.
Una vez más, el Parlamento aceptó ser un convidado de piedra en el tratamiento de un acuerdo que se cerró en los estrados de Nueva York cuando la Constitución Nacional establece que quien debe establecer los criterios en materia de endeudamiento externo es el Congreso Nacional. El acuerdo debió haber sido debatido con los legisladores, antes de llevarlo a los estrados judiciales. Menos aún puede aceptarse que se negocie en el exterior y que luego se le exija a los legisladores un trámite exprés donde no se les proporciona la documentación judicial correspondiente, donde en ninguno de los acuerdos se especifican de manera desglosada los conceptos por los cuales se les demanda a la Argentina los montos en base a los cuales se arriba luego a una quita exigua y ficcional solo presentable a partir del reconocimiento de montos judiciales absolutamente sobrevalorados. El Parlamento tampoco reclamó un informe sobre los acuerdos del organismo técnico y competente en la materia que es la Auditoria General de la Nación. Es por esto que más allá de las modificaciones hechas en diputados, losriesgos jurídicos que encierra el acuerdo respecto a futuras demandas judiciales siguen existiendo y tampoco se ha considerado en la discusión, una elemental evaluación sobre la capacidad de repago que la Argentina tiene respecto a los créditos en los que se compromete. Queda claro que un país con 280.000 millones de dólares de deuda, un déficit de 7% del PBI y un balance de pagos que carece de dólares genuinos no puede afrontar su deuda actual, y menos aún, pensar en incrementarla.
El planteo estúpido de que hay que optar entre ajuste o deuda es pan para hoy y hambre para mañana ya que en la práctica implica pagar deuda vieja con deuda nueva agravando las condiciones de insolvencia de la Argentina. Las cuentas públicas hay que arreglarlas, pero no destruyendo las políticas sociales o despidiendo trabajadores. Hay que resolverlas eliminando subsidios irresponsables al poder económico, avanzando en serio en una profunda reforma tributaria fuertemente progresiva y propiciando controles fiscales que eviten las cotidianas maniobras de evasión y elusión fiscal que realizan los principales capitales que operan en el país.
Asimismo, las cuentas externas de la Nación, que revelan falta de divisas, hay que afrontarlas discutiendo el control sobre la oferta de dólares que detentan hoy apenas una treintena de empresas, y poniendo en debate los 400.000 millones de dólares de residentes económicos locales que son responsables de la fuga de capitales, la evasión y elusión impositiva, el saqueo de la Argentina y el propio endeudamiento.
La Argentina asiste a una situación de restricción externa en materia de divisas, no porque no haya producido ni detente divisas, sino porque ha permitido y permite un comportamiento devastador de los principales grupos empresarios que dominan su economía, que sistemáticamente apropian una parte sustantiva del excedente para luego sostener situaciones de desinversión que congelan un aparato productivo defectuoso basado en el extractivismo irresponsable de nuestros recursos naturales y una armaduría industrial.
Resulta inentendible que con la experiencia histórica de la Argentina, la dirigencia política siga remitiendo la salvación económica de nuestro país al ingreso de inversiones extranjeras. Este país ya tiene extranjerizado los principales núcleos de su actividad económica y lo que está en debate es el comportamiento de un capital extranjero cuya lógica importadora y de permanente remisión de utilidades al exterior le impone al país restricciones permanentes en su balance de divisas. Los problemas de inversión de la Argentina no se resuelven apelando a discursos cargados de muletillas vacías como la apelación a las inversiones extranjeras, exigen discutir el control sobre el excedente generado y que se fuga del país y requiere regular adecuadamente el comportamiento del capital extranjero. El argumento de financiar obra pública y vivienda con endeudamiento externo, choca con el hecho objetivo de que ambas actividades no requieren dólares para su desarrollo y que el financiamiento en pesos con el sistema financiero local y la banca pública resulta una opción mucho más conveniente que la alternativa de seguir endeudándonos.
La dirigencia política le da la espalda a la historia del país y vuelve a repetir políticas que nos llevaron al fracaso resistiéndose a discutir en serio los problemas de la Argentina. Es por esto que el acuerdo incluye cuestiones inentendibles como el pago cash a los especuladores y la decisión de volver a emitir Bonos que ceden soberanía y vuelven a permitir que nos juzguen en el exterior como meros deudores comerciales. Desde Martínez de Hoz en adelante todos los gobiernos constitucionales han incurrido en este comportamiento contrario a la Constitución Nacional y que explica en parte por qué hoy Griesa nos está juzgando. Volver a hacerlo en este contexto es una verdadera aberración, máxime cuando la historia reciente demuestra (en el pago a REPSOL y en la emisión del BONAR24) que Argentina puede emitir deuda bajo legislación local.
No debatir en serio es lo que lleva a que en este tema de la deuda tropecemos una y otra vez con la misma piedra. Todos los gobiernos han dicho exactamente lo mismo. Luego de cada reestructuración afirmaron que el problema de la deuda estaba resuelto. Así lo hicieron Alfonsín y Brodersohn con el Plan Baker, Menem y Cavallo con el Plan Brady y los Kirchner junto a Prat Gay, Lavagna y Boudou con los Canjes. Y en todos los casos pasó lo mismo. Argentina pagó fortunas y una y otra vez cayó en default. La razón es simple. No hay solución financiera o de mercado de la deuda. El origen ilegítimo de la misma y su vínculo con la valorización financiera, la destrucción productiva y la fuga de capitales, ha hecho que desde un comienzo la misma sea impagable ya que no fue tomada en condiciones normales y siempre estuvo disociada de la capacidad de pago del país. Razón por la cual una y otra vez se cae en la lógica de pagar deuda vieja con deuda nueva perpetuando un mecanismo perverso que conduce una y otra vez a distintas crisis y obtura el desarrollo del país.
Por eso es necesaria una solución política que valiéndose de todas las herramientas jurídicas y económicas locales e internacionales, corte de cuajo el sistema que reproduce la lógica de la deuda. La democracia argentina no ha sabido hasta aquí, y este acuerdo transita en la misma senda, construir las condiciones políticas e institucionales para resolver esta cuestión.
Argentina debe blanquear el default en el que se encuentra, debe avanzar en una Auditoria Parlamentaria de la Deuda Pública, debe hacer un censo de acreedores y en base a un análisis de legitimidad y legalidad de endeudamiento, avanzar en una propuesta de pagos compatible con un sendero de crecimiento y desarrollo. En este sentido resulta inaceptable que el Parlamento funcione contra reloj por un fallo judicial de un Tribunal extranjero y haga oídos sordos a las demandas y requerimientos de la justicia argentina. Jamás el Parlamento debatió la causa remitida por el juez Ballesteros sobre el endeudamiento en la que identifica 477 ilícitos. Tampoco ha considerado la existencia de cuatro causas judiciales en curso que establecen la nulidad del endeudamiento. Mas aún, las mayorías parlamentarias han boicoteado el funcionamiento la Comisión Bicameral Permanente sobre Deuda Externa, creada en el 2014 y que ni siquiera fue constituida para emitir opinión sobre el Acuerdo en debate cuando el conflicto con Griesa fue el motivo y razón de su constitución.
Este país es el resultado de una dirigencia política dominante fracasada que una y otra vez vuelve, en base a sus complicidades y corruptelas, a poner en juego el futuro de la Nación. Por eso hoy, en nombre de la gobernabilidad, se ha dicho que el acuerdo es un desastre pero que hay que aprobarlo, que es caro y oneroso pero que hay que aprobarlo, que hemos sido derrotados por la peor lacra del sistema financiero internacional, pero que hay que aprobarlo, o que hay que taparse la nariz para poder aprobarlo. La política del avestruz que esconde la cabeza mientras le despluman el trasero vuelve a gobernar la conducta dominante de un sistema político que, una vez más, ensombrece el futuro de la Argentina”.
*Presidente del Congreso Partidario Unidad Popular
**Presidente del Partido Unidad Popular
