Ambos dirigentes de Unidad Popular, sostuvieron frente a los últimos aumentos tarifarios anunciados por el gobierno en subtes, trenes, gas, agua y combustibles, que “se suman a lo ya acontecido (devaluación, quita de retenciones, 100.000 despidos, aceleración de los precios, tarifazo eléctrico) revelan la más absoluta falta de consideración (probablemente ignorancia) sobre la verdadera situación social que atraviesa la mayor parte de los argentinos”.
Y añadieron: “En este país el ingreso promedio de quienes trabajan no supera los 8000 pesos y el 50% está por debajo de esa cifra. La canasta familiar supera los 20000 pesos en la región metropolitana y el 60% de los hogares tiene dificultades para llegar a fin de mes. Quienes crean que venimos de una fiesta y que habrá tolerancia social para seguir estrujando el bolsillo popular, está mirando un canal equivocado. En este contexto las decisiones tomadas y las declaraciones del Ministro Dietrich son propias de alguien que vive en un frasco y constituyen una amenaza a la estabilidad social de la Argentina”.
“Sería bueno que el gobierno entienda que antes de las últimas medidas y de los últimos despidos, los resultados de sus decisiones en los últimos tres meses han llevado la tasa de desocupación a niveles cercanos al 10% y han empujado a la pobreza a 750.000 personas”, remarcaron los dirigentes.
A juicio de Lozano y De Gennaro, ” las decisiones gubernamentales (que además de impactar en un comienzo sobre los hogares, luego vía costos, repercutirán sobre todo el sistema de precios) no hacen más que seguir consolidando un cuadro recesivo y de destrucción de empleo. Asombra incluso el carácter absolutamente injusto e innecesario de una intervención fiscal que al tiempo que elimina las retenciones a las empresas mineras, reconoce un subsidio a las petroleras duplicando el precio internacional y quita retenciones a los sojeros, le traslada todo el costo de la eliminación abrupta de los subsidios al conjunto de la sociedad”.
A renglón seguido declararon: “Los recursos fiscales que se pierden por los conceptos mencionados hubieran permitido, por ejemplo, graduar en el tiempo los aumentos tarifarios para no producir saltos de esta magnitud, en tanto y en cuanto tales aumentos fueran necesarios. La opción adoptada indica que la búsqueda del equilibrio en las cuentas públicas, recorre un camino de injusticia en la concepción oficial”.
“Por último, el enfoque adoptado para la discusión de los subsidios, tanto en energía eléctrica como en gas y transporte, es interesadamente equivocado. En lugar de privilegiar el bienestar de la población, solo les preocupa salvaguardar la renta de las empresas. Estos subsidios alimentaron y alimentan las ganancias y los consorcios de empresas privadas que actúan en dichos servicios. Empresas todas que han incumplido con los más elementales compromisos de inversión. La decisión gubernamental no cambia la ecuación de costos e ingresos de las empresas (solo modifica quien lo paga, antes el Estado ahora la población que los consume)”, subrayaron.
Claudio Lozano, presidente del Congreso de UP y Víctor De Gennaro, presidente del partido, indicaron que “sin embargo, en lugar de evaluar la estructura de costos de las empresas, las razones de la desinversión, de rescindir concesiones y contratos inaceptables (como por ejemplo el de Subterráneos con el Grupo Roggio que sigue manejando los molinetes y la facturación mientras el Estado bobo corre con la responsabilidad de las inversiones), prefirió seguir licuando el poder adquisitivo de la población en lugar de garantizar previamente el plan de inversiones que los servicios públicos necesitan. Recuperar Planificación y control en manos públicas potenciando la inversión y revisando la institucionalidad vigente en los servicios públicos, es el camino del bienestar de los ciudadanos”.
“En suma, el Gobierno agrede la estabilidad social empujando más gente a la desocupación y la pobreza (en solo tres meses ha cosechado 750000 pobres más), sigue acelerando precios, profundizando la recesión, y validando el comportamiento parasitario, especulativo y desinversor de grupos empresarios que hace tiempo debieran haber sido expulsados de la prestación de los servicios públicos”: concluye la declaración.