Mediante una Resolución el Pami excluye más de 150 medicamentos de la “Provisión de Medicamentos por Razones Sociales”.
«Estamos frente a un nuevo relato, con esta quita de cobertura del 100 por ciento a medicamentos recetados a jubilados y jubiladas de PAMI» afirma Graciela Iturraspe, integrante de la Mesa Provincial de Unidad Popular, haciendo referencia a la información que se dio a conocer durante la semana pasada por la cuál el PAMI deja de cubrir más de 150 medicamentos en su totalidad, la Resolución lleva el número 439, y la fecha de su firma es del día 30 de marzo.
«La explicación es que se dan de baja estos medicamentos porque está demostrada su ineficiencia, sin embargo el PAMI seguirá cubriéndolos al 50 o al 70 por ciento, si realmente estuviera demostrada la ineficiencia desde el mundo médico y farmaceútico de estos remedios el PAMI no podría cubrirlos más» afirma Iturraspe.
Desde el Colegio de Farmaceúticos de la provincia de Buenos Aires, y a través de las declaraciones de su titular, María Isabel Reynoso al programa Sobre la Hora, dio a conocer los detalles de la reunión mantenida con el titular de PAMI, el Interventor Carlos Regazzoni. En esta reunión, desde el organismo, se comprometieron a continuar con la cobertura total en aquellos pacientes que estaban transitando un tratamiento complejo debido a su enfermedad y la cobertura para encararlo ya había sido aprobada.
Además, desde el Colegio, hicieron hincapié en el «peregrinar» de cientos de jubilados y pensionados de toda la provincia – y de todo el país- en la búsqueda de farmacias que brinden esta cobertura dadas las demoras de la obra social en pagar, «demoras que solventamos desde las farmacias». Reynoso también criticó el poder de la industria farmaceútica y reclamó el pago de 500 millones de pesos que PAMI adeuda, solamente, en la provincia de Buenos Aires.
«Estamos frente a la construcción de un nuevo tipo de relato pensando siempre en los negocios» sintetiza Iturraspe, quién durante su mandato como Diputada integró la Comisión de Previsión y trabajó tozudamente en la construcción de leyes que mejoraran la vida de los jubilados y pensionados.
Agregó además que «otra medida rimbombante que se anunció es que en septiembre deja de estar activa la posibilidad de la jubilación mínima, y la jubilación de amas de casa o jubilación por moratoria, este gobierno del PRO anuncia que va a poner fin a este beneficio porque dicha asignación a la vejez debería ser universal. Nosotros desde Unidad Popular estamos de acuerdo en que debería haber una asignación universal a la vejez, lo venimos presentando hace 6 años, y ahora vamos a presentarlo nuevamente para que no pierda estado legislativo. Nosotros hemos planteado una reforma integral desde una nueva Ley Jubilatoria, que tiene la importancia y la complejidad suficiente como para que todos los bloques se animen a debatirla» enfatiza.
Pero define también a esta propuesta del gobierno de Cambiemos como «a la baja».
«La asignación a la vejez debería ser el piso del debate, igual al salario mínimo, vital y móvil, la idea del gobierno es bajar este monto afirmando además la discusión de una ley llevará entre 3 y 4 años».
Por su parte, Lidia Meza, Secretaria de Acción Social de la CTA Autónoma, dice a la agencia ACTA que :»Para tomar tan grave decisión, que impacta en los recursos de los beneficiarios, se menciona un trabajo realizado con una agencia denominada Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria que reveló el uso extendido de fármacos cuya ”evidencia médica disponible no resulta suficiente para determinar beneficios clínicos significativos”.
«Invoca para ello el “principio de racionalidad en la administración de los medicamentos cuya cobertura el INSSJP asegura a los beneficiarios” y afirma Meza que «el Instituto, que es un ente público no estatal, que de acuerdo a nuestro sistema constitucional (art. 14 bis) debe ser administrado por los jubilados y pensionados, con participación del Estado, está desde hace décadas en manos de interventores (verdaderos gobiernos de facto) que usan sus recursos para fines distintos de los de garantizar, en forma integral, la salud de sus verdaderos dueños. Actúan como si fuera dinero propio del Estado y no recursos producto del salario de los trabajadores y jubilados«.
Este lunes, Regazzoni volvió a la carga defendiendo este anuncio afirmando en declaraciones al diario Clarín que «se trata de fármacos que «no tienen utilidad clínica porque son obsoletos», y sostiene que la medida generará «un ahorro de mil millones de pesos este año».
El funcionario manifestó que esos remedios se comercializan sólo por la «presión» que ejerce «el mercado» para que sean recetados, al tiempo que prometió que el dinero que permitirá economizar la iniciativa será destinado a «ambulancias y clínicas».
Ante esto, Graciela Iturraspe sentencia:»Estamos frente a la construcción de un nuevo relato siempre en perjucio de los sectores más frágiles y carenciados de la sociedad».
