El día de ayer, vecinos autoconvocados, de organizaciones de consorcistas y compañeros de Unidad Popular Comuna 6, se nuclearon frente a la legislatura en repudio de la LEY 5464, la cual es muy importante para todos los propietarios e inquilinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que intenta instalar un «Consejo de la Propiedad Horizontal«.
Este consejo monopolizará el funcionamiento de todas las administraciones de los consorcios y será controlada por once miembros. 10 pertenecen al Gremio de Encargados (SUTERH / FATERYH) y a tres asociaciones de Administradores (CAPHYAI, AIERH y UADI); y sólo uno a los propietarios.
Para Victoria Loisi, liga de consorcistas, esta Ley “pone a los consorcios de propiedad horizontal de la ciudad de Buenos aires en manos del gremio de los porteros, pues ese consejo manejara la matrícula de los administradores, impondrá montos anuales, potestad a los administradores de desconocer las decisiones asamblearias y deja la puerta la puerta abierta, para poner prácticas como el listado único de proveedores. Lo cual va a terminar encareciendo las expensas”.
Gustavo Gallegos, consorcista, agrega que “esto empieza a generar problemas en que vos dentro de tu consorcio no vas a tener poder de decisión como propietario. Y, como la mayoría del Consejo la tendrá el sindicato de encargados de edificios, ellos podrán controlar las conductas de los administradores, así podrán tener bajo su suela el control de quien te administra y, entonces, te tendrán atrapado”.
Gallegos explica que los integrantes de la mayoría del Concejo son las mismos organismos que participan en las paritarias del sueldo de los porteros y siempre acuerdan de tal modo que, en el año 2012, el acuerdo forjado tuvo que ser vetado por el propio departamento legal del Ministerio de Trabajo porque era excesivo. También recuerdo el CERACAR, un centro de resolución de conflictos que se impuso a nivel nacional donde van el 0,5% de todos los sueldos brutos que pagan los consorcios. Y lo integran las 3 cámaras de administradores y el Suther. O sea los mismos que compondrá el Consejo. Así que, remata Gallegos, “con estos antecedentes esta nueva Ley traerá más de lo mismo y hay que tener mucho cuidado con eso. Nunca hay que olvidar que los consorcios son viviendas y, si aumentan los gastos, a la gente se le dificulta más su manutención. Y, además, si lo que más se incrementa son los gastos de supervisión, logrará también que se disminuyan las obras necesarias para mantener la infraestructura”.
