Los dichos son de la diputada Benas, quien también denunció que están habilitando «refugio para los delincuentes internacionales de guante blanco».
(Notife) A través del Decreto 820, el Gobierno Nacional modificó la reglamentación de la Ley 26.737 – que instauró el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales – y, a contramano de los objetivos de esa ley, estableció condiciones más favorables para la compra campos argentinos por parte de extranjeros. La norma publicada en el Boletín Oficial del 1 de julio define en sus fundamentos que “resulta necesario» efectuar estas modificaciones para que «faciliten y posibiliten las inversiones en el país». Se debe a que la Ley, como estaba, presentaba «dificultades en la práctica inmobiliaria, societaria y comercial”.
Frente a esta decisión gubernamental, la diputada Verónica Benas, no dudó en denunciar que “Macri impulsa la extranjerización de nuestras tierras rurales”.
La legisladora de PARES recordó que “cuando abordamos este problema en el Congreso Nacional dijimos que la extranjerización de las tierras es una amenaza a la seguridad nacional y nuestra soberanía alimentaria y energética”. En 2011, Verónica Benas fue autora de uno de los proyectos que luego se transformó en la Ley 26.737 de Protección de Tierras Rurales.
La Ley 26.737 establece que los titulares extranjeros, sean personas o empresas, no podrán ser propietarios de más del 15% de las tierras rurales en el territorio nacional, de la provincia, municipio, o entidad administrativa equivalente en que esté situado el inmueble rural. Por ello, para lograr sus propósitos, el gobierno Macri cambia la definición de propietario extranjero para el caso de una empresa. Hasta ahora esa condición se cumplía cuando el titular extranjero poseía un porcentaje superior al 25% del capital social. Pero a partir del Decreto 820, dicha condición recién existe cuando el titular extranjero tenga más del 51% del capital social de la firma. De esta manera, muchas empresas extranjeras propietarias de tierras dejarán de estar alcanzadas por el límite fijado por la ley para la adquisición de tierras.
Otro cambio importante, que tendrá impacto en nuestra provincia, es la flexibilización de la prohibición que tienen los titulares extranjeros para adquirir más de 1000 hectáreas cada uno, en la zona núcleo de nuestro país, delimitada por el norte bonaerense, el sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe. El decreto de Macri establece que las provincias deberán definir en los próximos 30 días las superficies “equivalentes” que en cada distrito podrá adquirir un extranjero. Caso contrario, el gobierno nacional determinará dichas equivalencias a través del Consejo Interministerial de Tierras Rurales.
“Hemos solicitado una audiencia con el ministro de la Producción de la provincia, para analizar a fondo esta situación y defender los intereses de los productores santafesinos, que durante años, y principalmente desde la Federación Agraria, lucharon para ponerle un freno a la extranjerización de los campos”, agregó la diputada.
En línea con esta preocupación, Benas señaló que el gobierno nacional también quitó las restricciones para que los extranjeros compren tierras que se encuentren en “Zona Industrial”, “Área Industrial” o “Parque Industrial”. El decreto indica que “dicha superficie no será computada a los fines de los límites fijados” en la Ley 26.737 de Tierras Rurales.
Además advirtió que se eliminan las sanciones contempladas para los profesionales y propietarios que realicen o participen en transacciones contrarias a la ley.
Por último, denunció que “con la excusa de favorecer las inversiones, el gobierno de Macri quitó los controles que la AFIP y la UIF debían realizar para prevenir maniobras de lavado de dinero sucio. Con este esquema, no solo impulsan la extranjerización de nuestras tierras, sino que están ofreciendo nuestro territorio como refugio para los delincuentes internacionales de guante blanco”, concluyó Verónica Benas.
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