El artículo aborda la problemática de los servicios públicos de luz y gas a partir de la decisión del gobierno de Macri vinculada a los brutales tarifazos. En efecto, algunas de las medidas fundamentales han ido en la dirección de legitimar un fenomenal incremento de los niveles de remuneración de las empresas productoras de gas natural y electricidad y, en parte a partir de las mismas, pueden explicarse los objetivos centrales que la Administración Macri persigue en lo atinente a los subsidios energéticos en toda la cadena del sector.
Este factor no ha sido explicitado por las autoridades, en el marco de consabido “sinceramiento” del que se habla como parte del ejercicio permanente por imponer un “sentido común” sobre la problemática de las tarifas.
Justamente, la instalación pública de ese “sentido común”, inherente a la lógica descrita, ha permitido encubrir otros aspectos relevantes de la problemática de los servicios públicos, como son la falta de auditorías serias y efectivas sobre las “inversiones” realizadas por las empresas eléctricas y gasíferas en los últimos años, la creciente opacidad en el manejo de millonarias cifras de subsidios y la intervención concreta de los organismos reguladores, que se han convertido en el “brazo ejecutor” de las políticas de los grandes grupos empresariales de la energía, cuyos miembros ocupan las posiciones más relevantes del gabinete liderado por el ex hombre de Shell, Juan Aranguren.
Así, entre la colusión de intereses, la violación de la ley de ética pública, la falta de criterios de razonabilidad, gradualidad y progresividad en la gestión de los servicios públicos, lo que ha quedado fuera del radar es la concepción de la energía como derecho humano inalienable, cuyo acceso y asequibilidad deben garantizarse como parte de una política integral que recupere el horizonte de una planificación nacional federal de nuestros recursos energéticos.
