Claudio Lozano, referente nacional de Unidad Popular a través de su Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas está presente en la Audiencia Pública por la tarifa del Gas junto al especialista en energía Gustavo Lahoud.
Para Lozano, “esta audiencia se hace vulnerando el fallo de la Corte, es una audiencia convocada exclusivamente para discutir el impacto del aumento del gas en los hogares residenciales y no en los sectores productivos y no hay información relevante para evaluar por qué se establece el precio del gas en boca de pozo en los niveles en los que se los está planteando.” Además, el referente de UP dijoque “la tarifa a establecer debe garantizar el acceso universal al servicio de gas y tiene que tener criterio de proporcionalidad”.
Adjuntamos la posición de UP y que considera los siguientes puntos:
Unidad Popular sostiene que:
1. Esta Audiencia se hace vulnerando el fallo de la Corte.
La convocatoria misma a la Audiencia vulnera la taxativa decisión del fallo de la Corte Suprema de Justicia según el cual debían ponerse en discusión pública no sólo los tramos de las tarifas de transporte y distribución de gas, sino lo que se denomina el precio del gas en boca de pozo. Este punto, resulta fundamental, ya que el valor del gas explica aproximadamente un 65% del total de la tarifa que los usuarios deben pagar.
2. Una Audiencia convocada exclusivamente para discutir el aumento de tarifas en los hogares residenciales y no en los sectores productivos.
Esta convocatoria deja afuera la consideración respecto al impacto del aumento de tarifas sobre los sectores productivos y sobre todo las unidades económicas de menor tamaño, las pequeñas y medianas empresas productivas, comerciales y de servicios que hasta el momento siguen teniendo un aumento del 500%, aumento que en estos términos producirá una mayor concentración de la economía y una consecuente destrucción de empleo.
3. El Poder Ejecutivo no ha brindado la información relevante para evaluar por qué se establece el precio del gas en boca de pozo en los niveles que se están planteando.
Simplemente, partimos de costos de explotación promedios, que no permiten poner en discusión cuestiones centrales como los niveles de rentabilidad que las empresas obtienen y qué parámetros de precios sobre los costos de explotación serían viables y aceptable socialmente para asegurar la disponibilidad futura del gas natural que, además de ser un bien estratégico y hoy escaso, constituye un insumo fundamental para asegurar el derecho de la población al acceso universal a la energía.
4. La tarifa a establecer debe garantizar el acceso universal al servicio de gas.
Finalmente, el Gobierno nacional debe encarar, de manera urgente, una nueva propuesta centrada en asegurar el acceso universal a la energía como derecho humano esencial, al igual que la asequibilidad, es decir, la posibilidad de pagarla. Ello es crucial, en un contexto de ajustes brutales en los precios de otros servicios y de la canasta básica en general, lo cual está llevando al empobrecimiento masivo de nuestra población asalariada.
5. Los aumentos tienen que tener criterio de proporcionalidad.
El ingreso promedio de los que trabajan en la Argentina es de 9.300 pesos, el 50% gana menos que eso, la canasta familiar en la Región Metropolitana asciende a los 25.000 pesos, la inflación anual creció un 40% y los salarios en el mejor de los casos un 31%. En ese contexto resulta francamente inentendible un aumento del 200% en la tarifa.
Al final de este reajuste, todos los usuarios residenciales, desde los que menos a los que más consumen, pagarán valores promedio similares. Así, la proporcionalidad y la progresividad quedan en letra muerta.