Claudio Lozano, referente nacional de Unidad Popular a través de su Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas está presente en la Audiencia Pública por la tarifa del Gas junto al especialista en energía Gustavo Lahoud.
Para Lozano, “esta audiencia se hace vulnerando el fallo de la Corte, es una audiencia convocada exclusivamente para discutir el impacto del aumento del gas en los hogares residenciales y no en los sectores productivos y no hay información relevante para evaluar por qué se establece el precio del gas en boca de pozo en los niveles en los que se los está planteando.” Además, el referente de UP dijo que “la tarifa a establecer debe garantizar el acceso universal al servicio de gas y tiene que tener criterio de proporcionalidad”.
Adjuntamos la posición de UP y que considera los siguientes puntos:
Unidad Popular sostiene que:
- Esta Audiencia se hace vulnerando el fallo de la Corte.
La convocatoria misma a la Audiencia vulnera la taxativa decisión del fallo de la Corte Suprema de Justicia según el cual debían ponerse en discusión pública no sólo los tramos de las tarifas de transporte y distribución de gas, sino lo que se denomina el precio del gas en boca de pozo. Este punto, resulta fundamental, ya que el valor del gas explica aproximadamente un 65% del total de la tarifa que los usuarios deben pagar.
- Una Audiencia convocada exclusivamente para discutir el aumento de tarifas en los hogares residenciales y no en los sectores productivos.
Esta convocatoria deja afuera la consideración respecto al impacto del aumento de tarifas sobre los sectores productivos y sobre todo las unidades económicas de menor tamaño, las pequeñas y medianas empresas productivas, comerciales y de servicios que hasta el momento siguen teniendo un aumento del 500%, aumento que en estos términos producirá una mayor concentración de la economía y una consecuente destrucción de empleo.
- El Poder Ejecutivo no ha brindado la información relevante para evaluar por qué se establece el precio del gas en boca de pozo en los niveles que se están planteando.
Simplemente, partimos de costos de explotación promedios, que no permiten poner en discusión cuestiones centrales como los niveles de rentabilidad que las empresas obtienen y qué parámetros de precios sobre los costos de explotación serían viables y aceptable socialmente para asegurar la disponibilidad futura del gas natural que, además de ser un bien estratégico y hoy escaso, constituye un insumo fundamental para asegurar el derecho de la población al acceso universal a la energía.
- La tarifa a establecer debe garantizar el acceso universal al servicio de gas.
Finalmente, el Gobierno nacional debe encarar, de manera urgente, una nueva propuesta centrada en asegurar el acceso universal a la energía como derecho humano esencial, al igual que la asequibilidad, es decir, la posibilidad de pagarla. Ello es crucial, en un contexto de ajustes brutales en los precios de otros servicios y de la canasta básica en general, lo cual está llevando al empobrecimiento masivo de nuestra población asalariada.
- Los aumentos tienen que tener criterio de proporcionalidad.
El ingreso promedio de los que trabajan en la Argentina es de 9.300 pesos, el 50% gana menos que eso, la canasta familiar en la Región Metropolitana asciende a los 25.000 pesos, la inflación anual creció un 40% y los salarios en el mejor de los casos un 31%. En ese contexto resulta francamente inentendible un aumento del 200% en la tarifa.
Al final de este reajuste, todos los usuarios residenciales, desde los que menos a los que más consumen, pagarán valores promedio similares. Así, la proporcionalidad y la progresividad quedan en letra muerta. (Ver desarrollo en material adjunto)
Audiencia Pública por Tarifa del Gas
Unidad Popular sostiene que:
- esta Audiencia se hace vulnerando el fallo de la Corte.
La convocatoria misma a la Audiencia vulnera la taxativa decisión del fallo de la Corte Suprema de Justicia según el cual debían ponerse en discusión pública no sólo los tramos de las tarifas de transporte y distribución de gas, sino lo que se denomina el precio del gas en boca de pozo. Este punto, resulta fundamental, ya que el valor del gas explica aproximadamente un 65% del total de la tarifa que los usuarios deben pagar.
- una Audiencia convocada exclusivamente para discutir el aumento de tarifas en los hogares residenciales.
Esta convocatoria deja afuera la consideración respecto al impacto del aumento de tarifas sobre los sectores productivos y sobre todo las unidades económicas de menor tamaño, las pequeñas y medianas empresas productivas, comerciales y de servicios que hasta el momento siguen teniendo un aumento del 500%, aumento que en estos términos producirá una mayor concentración de la economía y una consecuente destrucción de empleo.
- el Poder Ejecutivo no ha brindado la información relevante para evaluar por qué se establece el precio del gas en boca de pozo en los niveles que se están planteando.
En toda la información difundida por el Gobierno nacional y el ENARGAS para la realización de la audiencia, no existe información precisa y contundente sobre la forma en que se construye el precio del gas en boca de pozo. Simplemente, partimos de costos de explotación promedios, que no permiten poner en discusión cuestiones centrales como los niveles de rentabilidad que las empresas obtienen y qué parámetros de precios sobre los costos de explotación serían viables y aceptable socialmente para asegurar la disponibilidad futura del gas natural que, además de ser un bien estratégico y hoy escaso, constituye un insumo fundamental para asegurar el derecho de la población al acceso universal a la energía. Es decir, ¿por qué estos precios y no los anteriores serían más razonables o rentables en función de asegurar la disponibilidad de mediano y largo plazo del gas natural?
Estas preguntas son decisivas a la hora de poner en consideración que existen un conjunto de subsidios a la oferta excedente de gas natural que se remuneran con precios diferenciales al conjunto de operadores. Así, mientras que algo más del 40% de la producción base de gas, se paga a valores promedio de 2,5 por mbtu, un 34% de la llamada nueva oferta de gas, se remunera a valores que oscilan entre 5 y 7,5 dólares por mbtu. En tal sentido, sólo entre 2013 y 2015, por el denominado Plan Gas, el Estado otorgó a las empresas 4.000 millones de dólares. Nos preguntamos a través de qué mecanismos de regulación pública ese mismo Estado pudo corroborar el efectivo aumento de la oferta disponible de gas en función de esas inversiones. No se trata de exhibir los pobres números del desempeño productivo de los últimos tres años que, con la salvedad de YPF -que comenzó a recuperar producción-, muestran más bien un estancamiento estructural. Estas cuestiones, son fundamentales a la luz de las pasadas tres décadas de desregulación del sector energético, durante las cuales, se supe explotaron los pozos de gas y petróleo y se exportaron volúmenes impropios para un país con gas y petróleo que nunca fue Arabia Saudita o Venezuela, a resultas de lo cual perdimos el 75% de las reservas de gas natural y el 50% de las de petróleo entre 1989 y 2015. En todo el período, si hay algo que no funcionó, fue la regulación pública, ya sea en un marco de libre mercado- como ocurrió en los ’90-, como en los años pasados, con un esquema de mayor intervención pública que carecía de la transparencia y la eficiencia necesarias para superar la crisis estructural del sector. En concreto, ¿qué garantías tenemos, entonces, que, con estos precios, «lluevan las inversiones»?
- la tarifa a establecer debe garantizar el acceso universal al servicio de gas.
Finalmente, el Gobierno nacional debe encarar, de manera urgente, una nueva propuesta centrada en asegurar el acceso universal a la energía como derecho humano esencial, al igual que la asequibilidad, es decir, la posibilidad de pagarla. Ello es crucial, en un contexto de ajustes brutales en los precios de otros servicios y de la canasta básica en general, lo cual está llevando al empobrecimiento masivo de nuestra población asalariada.
- los aumentos tienen que tener criterio de proporcionalidad.
El ingreso promedio de los que trabajan en la Argentina es de 9.300 pesos, el 50% gana menos que eso, la canasta familiar en la Región Metropolitana asciende a los 25.000 pesos, la inflación anual creció un 40% y los salarios en el mejor de los casos un 31%. En ese contexto resulta francamente inentendible un aumento del 200% en la tarifa.
En cuanto a la gradualidad de la propuesta, consideramos que si tomamos en cuenta que el promedio de aumento del Gobierno se ubica en el 203%, es importante decir que se establece un cronograma de aumento escalonado del precio del gas en dólares en boca de pozo entre octubre de 2016 y octubre de 2019. En este sentido, si se toma en cuenta el precio promedio del gas para los usuarios residenciales del que se parte en la actualidad – 1,29 dólares por mbtu-, y se observa el precio final de 6,78 dólares por mbtu que tendríamos en tres años, acumularíamos un aumento superior al 400% en dólares. Nos preguntamos si semejantes ajustes de precios – que tienen como objetivo aplicar al mercado interno los precios de paridad de importación-, responden a criterios razonables, justos, graduales y proporcionales de rentabilidad. Estimamos que la respuesta sería realmente insatisfactoria. Además, debe tenerse en cuenta que, al final de este reajuste, todos los usuarios residenciales, desde los que menos a los que más consumen, pagarán valores promedio similares. Así, la proporcionalidad y la progresividad quedan en letra muerta.
