En el marco de la movilización de los estatales de este mediodía, Claudio Lozano y Víctor De Gennaro, referentes de Unidad Popular, sostuvieron que “en el caso del salario de los estatales, el maltrato oficial es importante».
En un contexto donde los salarios estatales cayeron un 6,4 % en el curso del presente año, que se agrega a la caída que venían teniendo desde el 2011, el gobierno les propone pagarles un aumento del 9% en julio y un 8% en septiembre contra una inflación del 17% para todo el 2017. Es decir, les propone un aumento promedio de apenas el 7%, donde no tendrían aumento alguno en los primeros seis meses del año, y donde cerrarían el 2017 con un descenso en términos reales de un 2% adicional. En suma, al de comienzos de su gestión.”
Para los dirigentes de UP, “algunos medios y ciertos analistas parecen no comprender las razones que llevan a los trabajadores estatales a movilizarse cuestionando el Presupuesto nacional. Sin embargo, una mirada puntual sobre lo que dice el Presupuesto y su relación con la evolución salarial de los trabajadores estatales así como la consideración de la evolución del gasto social en su conjunto, permitiría entender la justicia del reclamo e incluso la necesidad de que este involucre al conjunto de los trabajadores. Dicho de otro modo, el Presupuesto presentado por el gobierno de Macri agrega un elemento más en el sendero de construcción de las condiciones para un paro nacional.”
Observando el presupuesto surge lo siguiente:
1) Medido a valores reales, mientras los pagos por deuda pública (intereses) crecen un 10,9% los gastos sociales se incrementan un 8%. Cabe destacar que el aumento de la partida correspondiente a los pagos de la deuda pública es la de mayor aumento en el presupuesto para el próximo año.
2) Durante el año en curso, con una inflación del 40% y un millón y medio de pobres más, la inversión de recursos presupuestarios para el área social cae un 3% en términos reales.Por lo tanto el aumento que se verifica en el presupuesto del Gasto social para el 2017 es de apenas un 5% respecto al año 2015, mientras la partida correspondiente a la deuda crece respecto a dicho año en un 35% en términos reales.
3) Pero si además se considera que el gasto social tiene relación con el total de la población y particularmente con el número de personas en situación de vulnerabilidad, el aumento del gasto social medido en relación al aumento de la pobreza cae en términos reales un 5,3%. Por ende mientras desde finales del gobierno anterior la pobreza aumentó en un millón y medio de personas, Macri finaliza su primer año de gestión no solo con ese lamentable record, sino que propone un 2017 donde los pagos por deuda crezcan en términos reales un 35% y el gasto social en relación a la población postergada se reduzca en más de un 5%.
4) El Presupuesto para el 2017 prevé una partida para pago de intereses por deuda de casi 250.000 millones de pesos. En tanto una parte de estos pagos corresponden a la denominada deuda intraestado, es decir pagos al ANSES y el Banco Central, restan para engrosar las cuentas de los acreedores privados $ 131.321 millones. De este modo, el presupuesto establece para pago de intereses tres veces el gasto que se destina para Promoción y Asistencia Social, quince veces lo que se lleva la función trabajo, una vez y media lo que se destina a Salud, siete veces el monto de recursos destinados a ampliar Agua Potable y alcantarillado, e incluso representa más del doble de lo que se destinará al Programa de Reparación Histórica a los Jubilados.
5) En este marco de desigual distribución de los recursos, el Gasto en Salud (pese a la promocionada Cobertura Universal anunciada por el gobierno) cae un 3% en términos reales, la partida para Educación y Cultura cae en un 2,5%, la función trabajo desciende un 11% y una magnitud similar se reduce lo correspondiente a Agua Potable y Alcantarillado. Las únicas partidas sociales que suben en el gasto social son Vivienda y Urbanismo (33,7%, Promoción y Asistencia Social (14,8%) y Seguridad Social (10,7%). Respecto a ellas corresponde precisar que las primeras dos son una parte muy pequeña del gasto social (Promoción representa el 2,9% y Vivienda el 1,9%). La partida de Seguridad Social pese a que crece en términos reales incorporando la reparación a una parte de los jubilados, solo recupera con su crecimiento lo perdido en el 2016. Pero, debe precisarse que este incremento se repartirá de manera desigual beneficiando solo a una parte de los jubilados (aquellos que se incorporan en la Ley de Reparación).
6) Respecto a la asignación universal y a las asignaciones familiares, pese a que el gobierno avanza en la cobertura incorporando un mayor número de beneficiarios (igual siguen sin protección el 21% de la población menor) el aumento en la cantidad de pibes cubiertos coexiste con la caída en el poder adquisitivo de las asignaciones durante el 2016 (perdieron entre un 10 y un 12%) que no se recuperaría en el 2017.
7) En el caso de lo previsto para el salario de los estatales, el maltrato oficial es importante, En un contexto donde los salarios estatales cayeron un 6,4 % en el curso del presente año, que se agrega a la caída que venían teniendo desde el 2011, el gobierno les propone pagarles un aumento del 9% en julio y un 8% en septiembre contra una inflación del 17% para todo el 2017. Es decir, les propone un aumento promedio de apenas el 7%, donde no tendrían aumento alguno en los primeros seis meses del año, y donde cerrarían el 2017 con un descenso en términos reales de un 2% adicional. En suma, el gobierno de Macri les propone a los trabajadores del Estado que al finalizar el 2017 su poder adquisitivo real sea entre un 10 y un 12% inferior al de comienzos de su gestión.
Luego de agravar el sufrimiento social de los argentinos hundiendo el poder adquisitivo y aumentando la pobreza, Macri finaliza el año aumentando el endeudamiento en cerca de 40.000millones de dólares, comprometiéndose a seguir incrementando la deuda en los próximos años, y pagando durante el 2017 una cuenta de intereses que equivale a 680 millones de pesos por día, que representa 1 de cada cinco pesos que gasta la Administración Nacional , mientras deteriora el gasto social y el poder adquisitivo de los trabajadores.
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