El Diputado (MC) Claudio Lozano realifó un nuevo informe sobre aumentos tarifarios en energía eléctrica, y afirmó que “el problema no son las tarifas. El enfoque que exige la emergencia energética es discutir el problema de la inversión o mejor dicho, la conducta reticente a la inversión por parte de las empresas.”
Lozano (Unidad Popular-IPyPP) junto a Gustavo Lahoud, investigador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas analizaron los problemas del servicio eléctrico y la falta de inversión.
Para Lozano, “en el marco de un brutal tarifazo eléctrico sobre el sector de Generación se llevaron a cabo las audiencias públicas respecto al valor agregado de distribución que representa el 40% de la factura.
El servicio eléctrico acumula graves problemas. Por un lado en generación, con máquinas antiguas paradas por falta de mantenimiento, uso de combustibles líquidos que encarecen los costos ante la falta de gas y carencia de planificación de mediano y largo plazo en el sector. Por otro, en transporte (pérdida de energía, fallas de trasmisión) y en distribución (descenso importante en el mantenimiento de las redes).
La causa de todo esto es la falta de inversiones suficientes de casi dos décadas por parte de las empresas y una ineficaz regulación pública por parte del Estado, lo cual se agravó por la falta de planificación integral en un sistema que funciona de manera fragmentada. En ese contexto las empresas han multiplicado por cinco la frecuencia de los cortes por año y por seis la duración horaria de esos cortes. En este contexto, en la propia Audiencia, EDESUR propuso que si entre el 2017 y el 2021 se hacen las inversiones previstas, las horas promedio anuales sin servicio eléctrico pueden bajar un 55%. En suma, con aumentos tarifarios y realizando las inversiones, piden 5 años para volver a la calidad del servicio existente en el 2003. Estamos en presencia de un disparate mayúsculo que elude enfocar el problema en donde está.
El problema no son las tarifas atrasadas, ya que las empresas percibían también los millonarios subsidios. El enfoque que exige la emergencia energética es discutir el problema de la inversión o mejor dicho, la conducta reticente a la inversión por parte de las empresas. Pero en los últimos veinte años nunca hemos conocido con certeza que obras y que planificación realizaron EDESUR y EDENOR para asegurar la calidad del servicio. Había fallas en 1998 o 1999, 2001, 2003, como las hay, multiplicadas, en los últimos años. Entre 2013 y 2015, el Estado Nacional destinó más de 5000 millones de pesos a las distribuidoras para obras de todo tipo en la red. ¿Se ejecutaron? ¿Se controló esa ejecución? La falta de inversión, el costo de extracción del barril de petróleo, que está en u$14, cuando les reconocemos a las petroleras un valor cercano a u$70 y la necesidad de garantizar un mínimo vital energético o un piso de consumo libre o gratuito para toda la población, son claves para una propuesta distinta pero que para ejecutarse necesita penalizar con la rescisión del contrato, el incumplimiento reiterado de las inversiones. Esto es lo que desarrollamos en el presente material.”
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