Desde la juventud de UP repudiamos los dichos del ministro de Justicia y Derechos Humanos, German Garavano, quien sostuvo que “tenemos la idea de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años”.
Denunciamos la avanzada mediático-punitiva que continúa instalando a los jóvenes como los culpables de la inseguridad en nuestro país, como un “otro” peligroso al que solo le ofrecemos palo y encierro y legitimando el accionar represivo de las fuerzas de seguridad contra los pibes y pibas.
En un país donde el 47% de los pibes y pibas son pobres y más del 50% tiene algún derecho vulnerado, donde aún no se aplica plenamente la Ley de Promoción y Protección de los derechos de la Niñez sancionada hace 10 años, donde los trabajadores de los distintos dispositivos están generalmente en condiciones de precariedad, sin recursos, sin programas con real inserción territorial, donde la inmensa mayoría de los jóvenes no acceden a un primer empleo y si lo hacen se trata de trabajos precarios y con salarios por debajo de la Canasta Familiar Básica, que la preocupación del ministro sea la edad de imputabilidad es una muestra más del modelo de país que pretenden.
Los datos de la Procuración de la provincia de Buenos Aires muestran que solo en el 3,5% de las IPP (Investigaciones Penales Preparatorias) ha sido sindicada como responsable una persona menor de 18 años[1]. Pero se corresponden a delitos graves, en su gran mayoría robos, solo el 0,7 del total de IPP de la provincia, iniciados tanto contra personas mayores como menores de edad.
Nuestro país se debe una ley de Responsabilidad Penal Juvenil que asegure las garantías del debido proceso para todos, dejando de lado el vetusto dec. Ley 22.278/81 que regula la cuestión a nivel nacional siguiendo los postulados del derogado patronato y debe adecuarse a los compromisos internacionales que se asumieron en esta materia. Dos ejemplos de la necesidad de adecuación, son la aplicación, bajo la figura de “medidas de seguridad” de medidas privativas a niños menores de 16 años, sin resguardar las protecciones del debido proceso, y que por otra parte, nuestro Estado ha sido condenado por la aplicación de condenas perpetuas por infracciones a la ley cometidas antes de cumplir los 18 años. Sin embargo, el debate debe darse sin especulaciones, y sin que de ninguna manera supongan bajar la edad de imputabilidad.
La baja de edad de imputabilidad no soluciona el problema de la inseguridad. Se trata de sacar rédito electoral e instalar un discurso efectista y simplista sin atacar las causas ni las consecuencias de un problema multicausal y ligado fuertemente a las condiciones de vida y la desigualdad en nuestro país.
Y de someter cada vez a más pibes y niños a un encierro que los degrada como personas, que no garantiza condiciones edilicias dignas, ni el acceso a comida, servicios de educación y salud adecuados, que rompe los lazos sociales con la comunidad y que, básicamente, no sirve.
Por eso, desde UP decimos NO A LA BAJA DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD.
[1] Datos del 2015; aún no hay datos del 2016, pero se han mantenido estables desde que se empezaron a publicar por este organismo en el 2011.
Fuente: https://www.mpba.gov.ar
