SALTA.– A través de un comunicado que lleva la firma de sus principales dirigentes, UP denuncia que los notables defectos jurídicos de la iniciativa del gobierno en relación con los jueces de la Corte de Justicia de Salta son deliberados y persiguen el propósito oculto de favorecer un clima político propicio a una reforma de la Constitución provincial.
Con la firma de los dirigentes Edmundo Falú, María Lapasset y Ramiro Daniel Escotorín, el partido de la Unidad Popular de Salta ha denunciado en un comunicado que Juan Manuel Urtubey pretende, bajo la fachada de un pretendido refuerzo a la independencia del Poder Judicial, crear un clima propicio para una reforma de la Constitución provincial.
La maniobra -dice el comunicado- pone en serio riesgo las instituciones de la Provincia, por cuanto la mayoría circunstancial que apoya el gobierno podría dar vida a una convención constituyente que reformara las instituciones más importantes de la democracia salteña y eliminara la actual limitación para la reelección del Gobernador de la Provincia.
«Se reproduce el escenario de 2003», dicen los firmante de la declaración, para advertir de que el proyecto de ley enviado a la Legislatura provincial es intencionadamente defectuoso y que detrás de sus debilidades jurídicas se disimula un intento de perpetuación en el poder.
El texto completo de la declaración de la Unidad Popular es el siguiente:
«Los salteños nos encontramos con un Gobernador, que, al final de su mandato, impulsa un proyecto de ley que le otorgue independencia al Poder Judicial.
«Lo que llama la atención es la sorprendente actitud del Gobernador que decidió hacer lo que no quiso llevar a cabo antes, cuando la sociedad de Salta en pleno clamaba por un cambio profundo en el ejercicio del poder luego de 14 años de gobierno de Juan Carlos Romero, quien había sub-sumido a voluntad a los otros poderes de la provincia.
«También, con esta acción, Urtubey termina reconociendo, lamentablemente, que durante su prolongado mandato tampoco existió en Salta real independencia del Poder Judicial.
«El Gobernador de Salta ha enviado hace unos días a la Legislatura provincial un proyecto de ley de solo tres artículos con el que pretende asegurar la reelección indefinida de los jueces de la Corte de Justicia.
«El propósito declarado por el Gobernador es inconstitucional, pues desconoce el carácter temporal del mandato de los jueces del alto tribunal, establecido de una forma clara en la Constitución de Salta, a la que de este modo se resta importancia.
«Pero además de ello, la ley propuesta tiene dos defectos muy claros.
«En primer lugar es innecesaria, pues el Gobernador de la Provincia (el actual y los que le sucedan) es libre de proponer siempre al mismo juez cuyo mandato está próximo a finalizar.
«No hay nada que le obligue a elegir a un magistrado diferente.
«En segundo lugar, de resultar aprobada la ley, tal cual se ha enviado por el gobierno, a quien se limitará no será al actual Gobernador sino a quienes lo reemplacen a partir de 2019.
Por tanto, además de innecesaria, es antidemocrática, pues supone que los futuros Gobernadores estarán obligados a nominar solo a los jueces que el gobernador Urtubey designó con absoluta libertad.
«Es muy poco probable que el Gobernador de la Provincia y sus asesores no sean conscientes de estos defectos.
«Creemos que lo saben perfectamente y lo que buscan con esta ley es instalar en la Provincia de Salta, de un modo ilegítimo y de espaldas a la ciudadanía, un clima propicio y favorable para una reforma constitucional más o menos inminente.
«Este propósito no declarado representa un peligro mayúsculo para nuestras instituciones, porque entraña el riesgo de que la mayoría circunstancial que ahora tiene el actual Gobernador (y que puede trasladar fácilmente a una convención constituyente) acabe levantando cualquier restricción a la duración de su propio mandato como Gobernador.
«Es esta una maniobra que aparece como muy posible toda vez que las posibilidades de que Juan Manuel Urtubey sea candidato a Presidente de la Nación por el peronismo en 2019 son cada vez más remotas.
«En tales condiciones, el Gobernador o sus aliados podrían intentar un gesto desesperado y modificar a su antojo la Constitución, como ya se hiciera -y por motivaciones similares- en el año 2003.
«Las fuerza políticas democráticas y comprometidas con la defensa de las libertades y la justicia social tenemos el deber moral de denunciar este propósito oculto que persigue el gobierno y convocar a los ciudadanos a la defensa de nuestra norma fundamental, para que no se convierta en botín de guerra de los inquilinos transitorios del poder».
Fuente: www.noticias.iruya.com
