Lozano (UP): “Una vez más se constata que ha sido la movilización popular la que ha puesto las condiciones para el esclarecimiento de lo ocurrido con Santiago. Es ella también la que deberá velar por la profundización de la investigación y por alcanzar la Justicia que tanto la familia como los argentinos nos merecemos”.
Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular sostuvo que “Santiago fue reconocido por su hermano Sergio y por los Peritos Forenses de la Morgue Judicial. Santiago apareció muerto y, según las primeras conclusiones de la autopsia, sin lesiones en su cuerpo. Aparentemente murió ahogado. Pero aún, no sabemos la fecha de su muerte. Si murió hace 81 días o fue hace menos.
Si desde el primero de agosto está bajo el agua o si lo pusieron allí hace pocos días. Tampoco sabemos si se ahogó o lo ahogaron. Hoy hay más preguntas que respuestas. Y hay un camino de investigación a recorrer para develar exactamente qué fue lo que ocurrió e ir a fondo en la identificación de todas y cada una de las responsabilidades involucradas en este drama.
En el marco de las incertidumbres y de los interrogantes es imprescindible aferrarse a los datos objetivos para no perdernos en la maraña de inferencias e hipótesis que se promueven intentando ocultar la responsabilidad del Estado y del Gobierno.
Los datos objetivos son los siguientes: Santiago Maldonado desapareció en el marco de un operativo represivo conducido por el Gobierno Nacional, quien a través del Ministerio de Seguridad, sin orden Judicial y con el concurso de una fuerza de Seguridad Estatal (la Gendarmería) allana la Comunidad Pu Lof Resistencia Cushamen.
El Gobierno actúa de este modo calificando como usurpación y acto de terrorismo, las demandas del pueblo Mapuche sobre las tierras que hoy ocupan terratenientes como Benetton, las petroleras de Vaca Muerta y las Mineras. Un Gobierno que por tanto criminaliza a los Mapuches al tiempo que actúa como celoso defensor de los intereses de las grandes corporaciones locales y trasnacionales. El hecho represivo en que desaparece Santiago no es el primer caso. Desde hace más de un año vienen ocurriendo episodios similares que han dado como resultado heridos y detenidos en la población Mapuche que no han tenido trascendencia mediática. Es más, una de las razones por las cuales el caso Maldonado ha tomado el volumen que ha tomado es, justamente, porque Santiago no era parte de la población Mapuche, contaba con una familia con recursos para impulsar la búsqueda y en ese marco, dada la sensibilidad del pueblo argentino frente a los hechos represivos, su desaparición conmocionó el contexto político del país y le otorga visibilidad al conflicto por la apropiación de la tierra y la ocupación del territorio, que se plantea desde hace ya más de una década entre las corporaciones trasnacionales del agronegocio, el petróleo y la minería, y los pueblos originarios o las poblaciones campesinas.
Ocurrida la desaparición de Santiago en el marco de la citada operación represiva, comienza un proceso de negación y encubrimiento por parte del Gobierno y el Estado. Así se sostuvo que era mentira que Santiago hubiese estado en el lugar.
Pese a que abundaban las evidencias que incluían fotos de la Gendarmería y hasta el secuestro de su celular, el cual, fue atendido luego de producida su desaparición. Desde el Gobierno se planteó también que Santiago estaba en San Luis, que había tenido una pelea con la Seguridad de los Benetton, o que se encontraba en Chile. Fue evidente también que a partir del 1 de agosto y ya denunciada la desaparición de Santiago, se permitió el control sobre el territorio e incluso el acceso al expediente Judicial a la propia fuerza sospechada: La Gendarmería. Recién diez días después y habiendo tenido tiempo para borrar todas las huellas se produce el allanamiento de la misma.
Por ende, es cierto que faltan datos muy importantes que, seguramente, permitirán precisar en profundidad las responsabilidades. Pero ya tenemos datos objetivos que obligarían a no demorar más algunas decisiones. En el caso Maldonado se objetiva la decisión gubernamental de defender los intereses de las corporaciones trasnacionales (en este caso las hectáreas de los Benetton ocupadas por la Comunidad Pu Lof), por la vía de la represión estatal (Gendarmería). Marco en el cual se consuma la máxima aberración en términos de ilegalidad represiva: la desaparición forzada de un ciudadano.
Más allá de las precisiones que aporten los estudios adicionales y que estarán disponibles en los próximos quince días, sobran los elementos para separar ya del cargo a la Ministra de Seguridad y a todo su equipo, así como decapitar la cúpula de Gendarmería.
Una vez más se constata que ha sido la movilización popular la que ha puesto las condiciones para el esclarecimiento de lo ocurrido con Santiago. Es ella también la que deberá velar por la profundización de la investigación y por alcanzar la Justicia que tanto la familia como los argentinos nos merecemos”.
