Publicamos el Boletín Internacional N° 2, Brasil, el proceso a Lula, la Crisis Institucional y el Contexto Internacional, elaborado por Gustavo Lahoud y Claudio Lozano coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas del Unidad Popular (IPyPP).
Para Lozano, «la detención de Lula corona un proceso de deterioro significativo de la institucionalidad brasileña que tuvo su punto de arranque en el golpe palaciego que desplazara de la Presidencia del Brasil a Dilma Rousseff y que abriera mecanismos más propios de un Estado de Excepción, que de auténticas democracias republicanas».
Y añadió: «Más allá de las responsabilidades que le caben a todos los actores del proceso político brasileño (el PT incluido) en haber sido parte de los mecanismos de sobornos y de financiamiento sucio de la política en todos los niveles de gobierno, resulta fundamental tener en claro que el fin último del accionar combinado de los factores de poder, está dirigido no sólo a sacar a Lula del juego político, sino a clausurar definitivamente la posibilidad de que un proyecto igualitario, más democrático y realmente progresista, pueda ponerse en marcha».
A su juicio, «el liderazgo político del PT en la sociedad brasileña es consistente con un proceso de integración regional latinoamericano que, mas allá de sus limitaciones, colocaba a Brasil como líder continental y obturaba el avance de las políticas de seguridad que en la región promueven los Estados Unidos. La participación de Brasil en el marco de los BRICS y la diplomacia SUR- SUR también ponía límites al replanteo de la globalización que impulsa la Administración Norteamericana. Asimismo, la decisión de los gobiernos PT de mantener control soberano sobre los recursos hidrocarburíferos del Atlántico brasileño (Petrobras) y la expansión de empresas brasileñas en la región desplazando incluso empresas norteamericanas (Odebrecht) son problemáticas que operan por detrás del gran debate de las megacausas de corrupción. Dada la importancia regional del país hermano, y los puntos de acuerdo ideológicos en materia económica y regional que evidencian Temer y Macri, parece imprescindible seguir con atención los hechos que vendrán. Preocupa en demasía la actitud del Gobierno argentino de desconocer la institucionalidad Venezolana al tiempo que dice respetar la “institucionalidad del Brasil”. ¿Qué institucionalidad se respeta luego del desplazamiento de una Presidenta legítimamente electa y el encarcelamiento de quien lidera las encuestas como potencial triunfador de las próximas elecciones brasileñas?”.
Boletín Internacional N° 2
BRASIL
EL PROCESO A LULA, LA CRISIS INSTITUCIONAL Y EL CONTEXTO INTERNACIONAL
BASE ESTADÍSTICA: SAMANTHA HORWITZ; JAVIER RAMERI; IGNACIO LóPEZ MIERES
INVESTIGADORES: ALEJANDRO LÓPEZ MIERES; HORACIO FERNÁNDEZ; TOMAS RAFFO; ANA RAMERI;
MARIANA RIVOLTA
COORDINACIÓN: GUSTAVO LAHOUD; CLAUDIO LOZANO
- Un imprescindible contexto: cómo comienza este proceso y qué está en juego.
La dramática situación político-institucional por la que atraviesa Brasil desde hace ya varios años, en el contexto de mega procesos de investigación sobre grandes maniobras de sobornos que involucran tramas y redes estructurales de connivencia entre los poderes públicos y grandes corporaciones del empresariado brasileño y de firmas trasnacionales, se ha acelerado peligrosamente con una “inédita” decisión judicial que compromete el futuro del principal líder político brasileño: Luiz Inacio Lula Da Silva.
En efecto, en el marco de los mencionados procesos de investigación sobre el entramado público privado que ha funcionado como mecanismo de financiamiento espúreo de la actividad política de buena parte del sistema político brasileño, y que activó mecanismos de prebendas y sobornos por parte del poder empresarial nacional y extranjero destinado a esas mismas maquinarias de decisión pública, debemos comprender el proceso a Lula Da Silva, sometido a esas mismas investigaciones en la megacausa denominada Lava Jato, que investiga la red de sobornos que involucra a prominentes sectores de la burguesía empresarial brasileña, como la constructora Odebrecht y Petrobras, entre otras.
Asimismo, esta delicada situación político-institucional, puede y debe comprenderse mejor en el contexto de la profundización del conflicto político, social y económico, que derivó en la “salida” del gobierno de la ex Presidenta Dilma Rousseff en 2016, quien fue sometida a un juicio político totalmente amañado y forzado en sus argumentaciones centrales, y que contó con la connivencia de dos de los grandes actores del esquema parlamentario de poder brasileño: el Partido del Movimiento Democrático- uno de cuyos actores centrales es el actual Presidente Michel Temer, quien era el compañero de fórmula de Dilma Rousseff- y el Partido Socialdemócrata del ex Presidente Fernando Henrique Cardoso. Es importante recordar que, en el marco de estas múltiples causas judiciales abiertas desde hace una década por lo menos, la ex Presidenta Dilma fue “acusada” de haber promovido mecanismos de fraude fiscal y administrativo vinculados al manejo de las políticas presupuestarias, redistribuyendo arbitrariamente fondos públicos hacia otras finalidades de gasto que las previamente determinadas. Luego de casi dos años de semejante afrenta a la misma razón de ser de la ciencia jurídica, ha quedado muy claro que la mayoría circunstancial lograda en el Congreso brasileño para destituir a Dilma Rousseff, propició un verdadero golpe político, que erosionó aún más la ya debilitada institucionalidad democrática brasileña, y abrió las puertas a mecanismos y procesos más propios de Estados de excepción que de auténticas democracias republicanas.
En el escenario señalado, la remoción de Dilma vía esta descrita “salida parlamentaria sui generis”- calificada de golpe institucional desde distintos sectores del Partido de los Trabajadores y de los movimientos sociales brasileños como así también desde relevantes actores políticos y sociales de nuestra región latinoamericana-, implicó la puesta en marcha de una nueva vuelta de tuerca del complejo dispositivo judicial-político-mediático-empresarial que opera detrás de toda la trama de investigaciones descritas, que tuvo como principal protagonista al líder del PT brasileño, Lula Da Silva, a la sazón, el principal favorito para ganar las elecciones que deberían realizarse en octubre de 2018.
En tal sentido, la evolución de los acontecimientos vinculados a Lula y sus varios procesos judiciales, nos acerca a datos ya más conocidos por la ciudadanía. En efecto, Lula fue condenado en primera instancia a mediados de 2017 por un Tribunal Federal con asiento en la ciudad de Curitiba- Estado de Paraná-, capitaneado por el juez Sergio Moro, quien le imputó el delito de sobornos y posible comisión del delito de lavado de dinero instrumentado a través de la entrega de un triplex en la localidad balnearia de Guarujá (San Pablo) por parte de la empresa constructora OAS, a cambio de importantes ventajas para la obtención de contratos con Petrobras. Esa condena fue confirmada por un Tribunal Federal de segunda instancia, con asiento en Porto Alegre, que concluyó su faena elevando la pena de prisión de 9 años y medio- decidida por el juez Moro- a 12 años y un mes. Esto último ocurrió en enero de 2018, y posteriormente la defensa del ex Presidente presentó todo tipo de recursos ordinarios y extraordinarios a los efectos de evitar lo que ya parecía una decisión tomada: llevar el proceso hasta las últimas consecuencias, es decir, con Lula en prisión.
Este desenlace ocurre finalmente a comienzos de abril de 2018, cuando el Supremo Tribunal Federal (STF), máxima instancia judicial del país, rechazó un recurso de hábeas corpus presentado por la defensa del ex Presidente, para evitar que se lo enviara a prisión una vez que se hubieran agotado todas las instancias previas. Con ello, el 7 de abril Lula es finalmente llevado a prisión en Curitiba, luego de un conmocionante acto político acompañado de una gran movilización popular que tuvo su epicentro en el Sindicato metalúrgico de San Bernardo del Campo, donde Lula surgió a la vida sindical y política hace casi cincuenta años. Horas antes de esta decisión, el Superior Tribunal de Justicia (STJ), había rechazado un nuevo habeas corpus preventivo presentado por la defensa de Lula.
Debe tenerse en cuenta, además, que el hecho que Lula haya sido condenado en segunda instancia, lo pone en difícil situación para la confirmación de su candidatura en agosto próximo, ya que, en el año 2010, en las postrimerías del segundo gobierno de Lula, se aprobó la llamada Ley de Ficha Limpia, según la cual una persona condenada en segunda instancia por un órgano colegiado, no puede registrarse como candidato a un cargo electivo.[1]
Sin embargo, la cúpula partidaria del PT ha decidido seguir con el proceso de inscripción electoral, más allá de que Lula esté preso o libre, lo que implica que el Tribunal Superior Electoral (TSE) deberá pronunciarse en algún momento sobre si acepta o impugna la candidatura[2], mientras estén en proceso distintos tipos de recursos que la defensa de Lula puede presentar. Asimismo, aquí hay otro aspecto de fundamental relevancia, ya que la misma Constitución brasileña, en su artículo 5 (derechos y deberes individuales y colectivos) parágrafo 56 establece que “nadie será considerado culpable hasta la firmeza de la sentencia penal condenatoria”[3], lo cual implica que ningún ciudadano puede ser declarado como efectivamente condenado en un proceso hasta que todas las instancias judiciales hayan sido agotadas. Esta arista del conflicto no es menor, ya que el mismo tribunal superior de justicia ha sometido a revisión su propia jurisprudencia en los últimos dos años, avalando definiciones perentorias de cárcel efectiva aún ante procesos que cuentan con segunda instancias de confirmación de penas. Por cierto, están en juego también la llamada Ley de Ficha Limpia, antes referida. Todo ello, sin embargo, sirve para que veamos cómo se ha convertido el asunto Lula en un auténtico campo de batalla claramente contaminado de influencias políticas y mediáticas, bajos las cuales, el derecho de defensa en juicio justo y la máxima jurídica según la cual rige el principio de inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad de manera fundada y con las instancias pertinentes ya atravesadas, han sido puestos en peligro, sino literalmente demolidos.[4]
Finalmente, las posibilidades que nuevos recursos- como un planteo de constitucionalidad ante el Supremo Tribunal Federal (STF)-, permitan no sólo la liberación de Lula sino su inscripción al proceso electoral para las elecciones de octubre de 2018, parecen realmente difíciles, ante la consumación de un peligroso escenario que implica la activación de mecanismos de proscripción política vía procesos judiciales de enorme espectacularidad mediática pero carentes de solidez argumental desde lo estrictamente jurídico[5], como es el caso descrito en relación al ex Presidente Lula. En relación a las características de este proceso judicial, reproducimos estas palabras del jurista argentino Julia Maier, quien, en relación a la sentencia de primera instancia contra Lula, sostuvo que “…el lenguaje, sobre todo el lenguaje jurídico, se ha disuelto en la voluntad de quien lo aplica, representa sólo al poder. Una persona va a la cárcel por haber recibido como dádiva algo que nunca tuvo ni tendrá, ni exigió ni pidió, ni conoció, incluso con alteración de todas las leyes civiles que rigen el derecho de propiedad y mediante un procedimiento judicial de farsa que no merece hoy en día, culturalmente, mencionarse con el nombre de juicio.”[6]
La forma y contenido que adoptará el proceso en que las distintas fuerzas en pugna comenzarán a articular sus estrategias en función de alcanzar una salida que pueda ser “compartida” por el conjunto de las fuerzas políticas y sociales, parece hoy difícil de desentrañar, más aún en un país como Brasil, surcado por un grave deterioro político-institucional que tiene varias aristas, algunas de las cuales son el debilitamiento de los canales de participación y decisión democráticos, la asunción de un inusitado protagonismo público por parte de los grandes poderes fácticos brasileños- empresariado en sus más diversas fracciones-, la puesta en marcha de una agenda de militarización interna de la mano de decisiones como la asunción de los principales resortes de la seguridad pública de Río de Janeiro por parte de las Fuerzas Armadas y, lo que es una directa consecuencia de lo señalado, el asesinato, secuestro y apriete generalizado de líderes políticos, sindicales y de organizaciones sociales independientes y de izquierda, que se revelan ante la consolidación de semejante cuadro represivo. Sobre esto último, el asesinato de la concejala carioca, Marielle Franco[7], en marzo de 2018, y posteriores actos de intimidación pública al mismo Lula como a sus seguidores en actos de campaña, son sólo algunos de los más dramáticos ejemplos de la situación descrita.
Y, como corolario aún más difícil de procesar en términos político-institucionales, debemos señalar la intromisión lisa y llana de las mismas Fuerzas Armadas[8], llamando a peligrosos pronunciamientos públicos, en los que han advertido sobre la “necesidad” que sean respetadas las decisiones judiciales y que se actúe contra la corrupción. Tanto oficiales de alto rango retirados como generales en actividad- lo que incluyó al mismísimo General Eduardo Villas Boas, jefe del Ejército[9]– han sido parte de esta inusitada entente judicial, mediática, empresarial y político-partidaria, que parece ver en Lula y el PT el origen y final de todos los males relacionados a la descomposición del poder político y el carácter representativo de la democracia brasileña.
Por cierto, no es el objetivo central de estas páginas, elaborar una minuciosa descripción y comprensión de las responsabilidades que le caben a todos los actores de este proceso político- el PT incluido, que, huelga decir, ha sido parte de los mecanismos de sobornos y de financiamiento sucio de la política en todos los niveles de gobierno-, como así también la forma en que operan los poderes concentrados en un contexto de democracia profundamente limitada como el actual, pero, más allá de ello, resulta fundamental tener en claro que el fin último del accionar combinado de estos factores de poder, está dirigido no sólo a sacar a Lula del juego político, sino a clausurar definitivamente la posibilidad que un proyecto igualitario, más democrático y realmente progresista, pueda ponerse en marcha, sobre las grandes fortalezas y aún sobre las mismas debilidades, que más de trece años y casi cuatro períodos presidenciales del PT han permitido entregarle al país, provocando una fortísima e inédita incorporación de millones y millones de pobres y desclasados a la posibilidad de disfrutar del uso y consumo de bienes públicos esenciales para conformar una ciudadanía social y económica más inclusiva e igualitaria. Ese camino, con sus más y sus menos, parece ser el gran pecado original cometido por Lula y el PT, y resulta siempre fundamental tenerlo presente a los efectos de evitar definiciones o interpretaciones limitadas o poco atentas a la necesidad de adoptar una mirada global al fenómeno de la crisis brasileña.
Ahora, más allá del complejo panorama interno, nos parece relevante poner en consideración algunos aspectos de esta compleja trama, que remiten al juego internacional que estimamos fundamental describir y comprender en una particular coyuntura como la que vive nuestra región y, más específicamente, Brasil.
- El cerco sobre Lula: entramados de poder que remiten a estrategias hemisféricas. Qué vemos en las agendas.
Sin dudas, el delicado proceso político-institucional brasileño que tiene hoy como epicentro a Lula, la consumación de su proscripción política vía mandata judicial y el deterioro profundo de la democracia brasileña, requieren de una descripción y comprensión de algunos aspectos y tendencias centrales de la agenda internacional y regional.
En esa línea, estimamos que deben identificarse diversas dimensiones de análisis a la hora de echar algo más de luz y perspectiva sobre el contexto internacional y regional en el que acontece y se despliega la crisis brasileña.
Uno de los primeros puntos a considerar, remite a la identificación de las agendas hemisféricas y regionales vinculadas a la Administración Trump, en una dimensión esencialmente político-diplomática y que toca aspectos que cruzan tramas y actores muy diversos.
En efecto, uno de los ejes centrales de la agenda estadounidense bajo la égida de Trump, es el que relaciona de manera dinámica y permanente el combate a fenómenos como el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, con un conjunto de dispositivos de vinculación e intervención en la realidad latinoamericana, que son sugeridos y aplicados desde distintas agencias gubernamentales, como el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, las agencias de inteligencia y hasta las instituciones militares y de seguridad del país del norte.[10]
Estos entramados no han sido individualizados en la presente coyuntura histórica, sino que responden a vías de acción concreta y permanente a través de las cuales tanto demócratas como republicanos, han actuado en su vínculo con la región en los temas descritos. De hecho, es ya bien conocido y documentado que, tanto en las agendas estrictamente militares, como en las de seguridad pública y en aquellas relacionadas con la administración de justicia y la lucha contra la “corrupción”, han existido canales institucionales a través de programas, cursos, procesos de cooperación que han ligado a diversos actores de los ámbitos de la justicia, la seguridad pública y de las estructuras militares de nuestros países con sendas agencias estadounidenses de raigambre hemisférica y regional.[11] Lo que sí debe mencionarse como un dato más determinante de la presente coyuntura histórica de comienzos de siglo XXI, es que estas agendas fueron puestas en cuestión, retrasadas o ignoradas por un importante arco de gobiernos nacional-populares que, desde Venezuela, pasando por Bolivia, Argentina, Ecuador y terminando en Brasil, entre los fundamentales, implicaron el establecimiento de algunas “cuñas” que, por una década larga, impidieron el despliegue complejo de estas redes hemisféricas y regionales. Por cierto, esta no ha sido la realidad de otros países como Colombia, buena parte de Centroamérica, México, Chile o Perú, que fueron escenarios más propicios para la consolidación de agendas múltiples que vinculan concepciones fuertemente securitistas con la puesta en marcha de mecanismos de control y cooperación entre distintas agencias, con la finalidad de consolidar una cosmovisión unívoca de la problemática, lo cual ha impactado de muy diversas maneras sobre las políticas públicas en los órdenes de la seguridad y la administración de justicia.
En este juego político-diplomático de varias puntas, el caso de Brasil resultó paradigmático durante los ocho años de gobierno de Lula y los casi seis años de Dilma. ¿Qué queremos decir con esto? Esencialmente, que la dirección de la diplomacia brasileña ha guardado una calculada y prudente distancia en relación al andamiaje de estas estrategias hemisféricas vinculadas a los intereses de los Estados Unidos, a la vez que propició la lenta y no menos compleja y contradictoria construcción de un proceso de integración regional sudamericana, con eje en la Unión de Naciones Sudamericanas- UNASUR[12]-, cuya impronta lleva el indisimulable sello de la estrategia de construcción de poder continental brasileño, como líder de la región en un rol autónomo en materia de concertación e integración, pero también conciliador, componedor y activo protagonista de estrategias de “contención” contra los peores desvíos de las propuestas hemisféricas. No deja de ser interesante intentar una comparación en espejo entre la visión político-diplomática brasileña y el esquema de poder articulado en torno a Lula y el PT en Brasil, que siempre ha estado munido de una estrategia fundamentalmente pragmática, con ecos reformistas muy sólidos, que han intentado poner en marcha políticas públicas progresivas y redistributivas en favor de la inmensa mayoría pobre de la población brasileña, sin comprometer mecanismos centrales de acumulación del poder económico concentrado y de distribución de favores y acuerdos entre los diversos sectores político-partidarios y las instituciones tradicionales de los poderes reales, desde la justicia hasta las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas.
Lo cierto es que, personajes como el juez Sergio Moro, son exponentes del despliegue más o menos efectivo de las agendas mencionadas. De hecho, ha sido un activo participante en proyectos de vinculación y cooperación judicial con organismos de los Estados Unidos que buscaban, entre otros objetivos, “consolidar el entrenamiento bilateral en la aplicación de leyes y habilidades prácticas de contraterrorismo”[13], lo cual resulta totalmente comprensible en el desarrollo de las aludidas agendas. Es más, su paulatino protagonismo en la instrumentación del proceso Lava Jato, debería ser analizado a la luz de la intensificación de los vínculos hemisféricos entre estructuras judiciales, policiales y de seguridad, proceso que va de la mano del establecimiento de métodos sui generis de intervención estadounidense en distintas esferas de las políticas públicas de los países de la región.[14]
En todo este complejo proceso, la participación activa de fracciones del poder empresarial brasileño vinculadas con las grandes estructuras comunicacionales del país- entre ellas, Red O Globo, los grandes periódicos del establishment y las redes de información continua a través de los nuevos mecanismos multimediáticos de penetración e información-, resulta un aspecto muy relevante en la adecuada canalización y difusión masiva de las mencionadas agendas. Asimismo, y en el mismo plano de los acontecimientos descritos, no deja de ser elocuente la fundamental participación que les cupo a estos grandes actores, en la masificación de la “agenda republicana de lucha contra la corrupción” a partir de todos los procesos judiciales que llevan más de una década.
Por su parte, hay otro conjunto de factores que remiten a una dimensión más bien económica y financiera en el juego de relaciones identificadas en el plano hemisférico y regional, que deben ser puestas sobre la mesa para comprender la crisis brasileña. En efecto, aquí estimamos que hay diversos elementos en juego.
Por un lado, el poder económico brasileño- constitutivo de esta burguesía con fuertes reminiscencias en un pasado imperial históricamente rastreable desde los orígenes de la conformación nacional-, está compuesto por una densa trama de industrias concentradas y de enorme poder de fuego tanto nacional como regional y global, empresas constructoras, grandes bancos privados y públicos e importantes firmas vinculadas a la extensión masiva del agronegocio- desde soja hasta carnes-, que han sido parte central del engranaje de relaciones opacas y poco transparentes que están detrás de los procesos de investigación en marcha hace más de una década.
Por cierto, estas redes no han implicado una novedad que habría surgido como por arte de magia desde los gobiernos del PT, sino que forman parte de un entramado de relaciones estructurales que anteceden al PT y a Lula, y que han sido parte fundamental de todo el proceso político y económico de este Brasil “moderno”, con una estrategia integracionista pero abierto al mundo en lo que respecta al libre juego de los procesos comerciales, financieros y de inversiones.
Este señalamiento, nos lleva a otro aspecto que es importante identificar. En efecto, la economía brasileña, con un pujante mercado interno amplificado a partir de las políticas inclusivas de Lula, y a la vez, con una proyección regional y global en un escenario de altos precios de las materias primas transables, que han sido fundamentales para el mejoramiento de los términos de intercambio en los primeros años del siglo XXI y para la sostenibilidad de las políticas progresivas y redistributivas, está conformada por la misma estructura altamente concentrada y globalizada que, en simultáneo a los procesos descritos, han operado una reprimarización de su estructura productiva[15] al tiempo que consolidaba su apertura al mundo e incorporaba a sus vínculos comerciales a actores de creciente peso estratégico global como China, que se convirtió en el primer socio comercial brasileño en el término de una década en los primeros años del nuevo siglo bajo los gobiernos de Lula.
Este complejo proceso, fue de la mano de la reivindicación de una agenda de integración, que intentó forzar la marcha de un proceso de consolidación de los vínculos comerciales y políticos intrarregionales, pero que careció de una visión que ligara más el devenir de nuestra región con el desarrollo de un auténtico proceso de integración de nuestros espacios internos sudamericanos. A falta de esta voluntad y de este proyecto de integración fortalecido desde la región, la emergencia de la agenda de la iniciativa de infraestructura regional sudamericana (enunciada en 2000 por el entonces ex Presidente Cardoso), se transformó en el faro de los proyectos de integración, crecientemente ligados a los negocios de exportación de los grandes conglomerados económicos de la región, entre los cuales han descollado las empresas brasileñas, con alto protagonismo de una alianza centrada en el sector agroexportador, el financiero y bancario y las grandes industrias concentradas.
Asimismo, esos años fueron también los que permitieron poner un freno a la estrategia continental del ALCA en noviembre de 2005 en Mar del Plata, donde Lula fue protagonista fundamental junto a Kirchner y Chávez. Y, simultáneamente, esos primeros años del siglo XXI, fueron la gran ventana de oportunidad para intensificar los vínculos político-estratégicos y económico-comerciales intrarregionales, con el objetivo de fortalecer el MERCOSUR y construir mayores vías de integración y complementación física al interior de nuestro continente sudamericano, pero, luego de algunos significativos avances tanto en los planos simbólico como concretos (en este caso, téngase en cuenta que durante la primera década del siglo XXI, los intercambios comerciales intrarregionales del MERCOSUR se habían casi quintuplicado en relación a los comienzos del proceso en los ’90), primó la preeminencia de proyectos exportadores de materias primas y reprimarizadores[16] de nuestro aparato productivo, como se manifestó anteriormente. Contrastes, avances y retrocesos y, en definitiva, la imposibilidad de galvanizar el MERCOSUR como un auténtico primer gran anillo de una política exterior común e integracionista.[17]
Este esquema de control y proyección del poder económico, se ha visto consolidado en el despliegue de las fuerzas económicas locales y regionales en las últimas décadas y muchos de sus actores han sido parte fundamental de los entramados público-privado que están detrás de la crisis de representación del sistema político brasileño, como así también de los rasgos de creciente vulnerabilidad que muestra un país con una economía diversificada, pero concentrada, más primarizada[18], y con dependencia creciente de los flujos financieros y de comercio con buena parte de los actores centrales del sistema internacional.
Sin embargo, esa economía, con los rasgos descritos, es la que intentó ser orientada desde una visión pragmática puesta en marcha por Lula desde 2003, con el supremo objetivo de forzar una agenda de reparación social y de redistribución, en el marco de un proceso económico cuyas fuentes centrales de acumulación no fueron puestas en cuestión, fenómeno que habla no sólo de un tipo de liderazgo que se asume como promotor de una agenda de cambios progresivos, paulatinos y concertados, sino de una particular y aguda visión del estado de la correlación de fuerzas entre los actores políticos, económicos y sociales en el Brasil contemporáneo. De esta compleja argamasa, surge la indubitable referencia de Lula como un auténtico constructor de mayorías que han estado históricamente excluidas del juego político electoral en Brasil, y que fueron incorporadas a la ciudadanía social y económica, en un país que jamás dejó de percibirse desde la visión elitista, cerrada, oligárquica, autoritaria y jerárquica, constitutiva de una “democracia racial[19]” que había sellado a fuego un destino de postergación estructural de la mayoritaria población negra y mestiza del país.
La exposición de estas dos grandes dimensiones, la político-diplomática con la gravitación fundamental de las agendas de seguridad en el orden hemisférico de la mano de la nueva administración Trump, y la económico-comercial y financiera, que permite identificar la trama de actores dominantes en la economía brasileña, conforman un entramado que resulta fundamental poner sobre la mesa a la hora de comprender qué pasa en Brasil y que evolución podría tener el país en un contexto global caracterizado por los siguientes procesos:
– el creciente militarismo ligado a proyectos de reafirmación nacionalista de muy diversos orígenes y caracterización en distintas regiones del mundo y que surgen como reacción a la percepción creciente de las fallas sistémicas del proceso de globalización,
– la preponderancia de agendas de control y acceso a fuentes de recursos naturales vitales para la reproducción del sistema capitalista extractivo de producción, muchas de las cuales se cruzan con relevantes áreas geográficas de nuestra región, lo cual determinada la existencia de puntos geopolíticamente relevantes, como ocurre con el extenso litoral brasileño, epicentro de los grandes recursos hidrocarburíferos del presal,
– la preeminencia y masificación de redes de control y producción de la información vinculadas a nuevas actividades económicas crecientemente especulativas, que cambian radicalmente los paradigmas vigentes de generación de riqueza, de trabajo y de tecnologías aplicadas a los procesos productivos,
-la creciente relevancia de complejos mecanismos de financiarización de las economías, lo cual va de la mano de la consolidación de estructuras financieras offshore en diversas jurisdicciones del sistema capitalista, que quedan por fuera de la posibilidad real de escrutinio y control públicos, generando un escenario de creciente sangría de recursos que son sustraídos de los sistemas fiscales e impositivos de diversos países del mundo,
– la extensión de redes y mecanismos de inteligencia y espionaje que interconectan actores y agendas ligadas a los ámbitos de políticas públicas de defensa y seguridad, situación que se aprecia con enorme preocupación en todos los países de la región.
En todo este escenario, dos de los grandes hechos que han jalonado la oscura presidencia de Michel Temer responden a la consolidación de algunas de estas tendencias. Una de ellas, refiere a que la exacta contracara de los fenómenos de corrupción extendida protagonizados por empresas estratégicas como Petrobras en el entramado productivo brasileño, fue no sólo el ajuste y apertura a los capitales trasnacionales del mundo de los hidrocarburos, sino la liquidación de la legislación aprobada durante los mandatos de Lula, que perseguía asegurar el control soberano de las nuevas riquezas hidrocarburíferas del denominado presal[20] en las costas del Atlántico brasileño y, además, orientar buena parte de la renta futura de la masiva explotación de esos recursos a la consolidación de los bienes públicos comunes de la educación y salud públicas. Todo este proyecto, fue literalmente liquidado por Temer.
La otra cuestión, refiere al avance de la militarización de la sociedad brasileña, de la mano de la mayor presencia de las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad pública en Río de Janeiro, en un contexto de aumento de la narcoviolencia, las redes de crimen organizado y el avance de diversos mecanismos de control social con el objetivo de buscar “enemigos internos” que puedan ser visualizados como potenciales desestabilizadores. Este proceso, parece ahora destinado a destruir aún más a la ya agonizante democracia brasileña, pero es importante tener en cuenta que la intervención de las fuerzas armadas en la seguridad interna, ya fue un expediente recorrido por anteriores administraciones-entre ellas, las de Lula y Dilma-, con el objetivo de frenar el avance del narcotráfico y el crimen organizado. Hoy, aquel escenario peligroso, que parecía reproducir todavía rasgos de control civil autónomo y de preeminencia del juego democrático, se ha despeñado en un horizonte sombrío, donde las fuerzas armadas parecen adquirir un rol autónomo y de chantaje sobre el mismo sistema político, en un juego de alianzas veladas con el poder económico, los grandes medios de comunicación y los sectores más conservadores de la administración de justicia.[21]
En ese marco, han surgido candidatos de profunda orientación reaccionaria, como el ex capitán del Ejército, Jair Bolsonaro, que personalizan los peores rasgos del Brasil profundo, oligárquico, jerárquico y antidemocrático, que anida en importantes sectores de los poderes fácticos.[22]
- Balance: incertezas y desafíos. La mirada regional, clave en este contexto.
En conclusión, el balance realizado entre la delicada coyuntura interna brasileña, signada por un proceso de muy difícil previsión, dados los elementos en juego y las características de estado de excepción que se imponen en todo el andamiaje del juego político y el panorama regional e internacional en el que Brasil está inserto, nos devuelve imágenes y conflictos que están en pleno desarrollo, en contexto de altísima volatilidad y fragilidad, tanto en el orden interno como en el plano regional.
Pero es justamente el escenario regional en el que, a diferencia de hace una década, resulta muy difícil establecer parámetros mínimos de acuerdos entre los Estados nacionales de la región, ya que nuestras herramientas de concertación, cooperación e integración desarrolladas en las últimas tres décadas- MERCOSUR, UNASUR, CELAC[23]-, resultan ser meras cajas muertas de resonancia minúscula, a tal punto que ninguna de las últimas crisis relevantes de la región- desde Venezuela, pasando por Perú y el caso Odebrecht que terminó con el ex Presidente Kuczynski fuera del poder y terminando en Brasil-, pudieron ser canalizadas o procesadas mediante llamamientos regionales que pusieran sobre la mesa la preservación de condiciones mínimas de convivencia y respeto democráticos. Asimismo, el viejo y desacreditado organismo interamericano, la Organización de Estados Americanos (OEA), ha sido crecientemente utilizado por Estados Unidos y algunos de sus aliados más importantes- desde México, hasta Colombia y Perú, a los que se han sumado el Brasil de Temer y la Argentina de Macri-, para poner en marcha procesos de presión diplomática sobre el caso venezolano, mientras que otras realidades conflictivas en la región- desde Honduras, México hasta Brasil-, han quedado fuera del radar del interés interamericano de la OEA.
En consecuencia, el caso Brasil, como otros similares en la región, expone no sólo la falta de voluntad política y de acuerdos básicos para recurrir a instancias de negociación compartidas sino el permanente doble estándar de la mano de la presión de los Estados Unidos en su renovada ofensiva monroísta y de algunos factores de poder en orden a establecer ciertas realidades políticas, sociales y económicas, como los fenómenos dominantes en la geografía latinoamericana.
Ante estos episodios, no parece ya estar sólo en juego la débil democracia brasileña, sino la aún más endeble institucionalidad americana, lo cual nos deja ante un panorama conflictivo, incierto y sombrío, que requiere de nuevos paradigmas y modos de pensamiento, acción y articulación entre los diversos sectores populares de nuestra región.
[1] https://www.lanacion.com.ar/2123541-maxima-tension-lula-desafia-a-la-justicia-y-se-resiste-a-ser-detenido
[2] https://www.pagina12.com.ar/107053-el-pt-ratifica-a-lula-como-su-candidato
[3] Constitución de la República Federativa del Brasil, Capítulo I De los Derechos y Deberes individuales y colectivos, Artículo 5, Parágrafo 56.
[4] http://www.ambito.com/917405-una-bomba-atomica-estalla-en-el-sistema-politico-brasileno
[5] https://www.pagina12.com.ar/107055-pobre-mi-america-pobre
[6] Maier, Julio: “Pobre, mi América pobre”, Sección El Mundo, diario Página 12, 10 de abril de 2018. Se puede consultar en web en el sitio: https://www.pagina12.com.ar/107055-pobre-mi-america-pobre
[7] https://www.pagina12.com.ar/101879-una-muerte-que-traumatiza
[8] https://www.pagina12.com.ar/106267-fortalecidos-los-militares-juegan-a-ganar
[9] https://www.pagina12.com.ar/106470-lula-se-refugio-en-el-abrazo-popular
[10] http://www.jornada.unam.mx/2018/04/09/opinion/024a1mun
[11] https://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/74487/avanzan-acuerdos-de-aguad-y-bullrich-en-ee-uu-para-la-intervencia-n-militar-en-seguridad
[12] Tokatlian, Juan Gabriel; “¿UNASUR pierde el norte?, Sección Tribuna, Diario Clarín, Buenos Aires, mayo de 2014.
[13] https://www.pagina12.com.ar/106473-moro-con-entrenamiento-en-estados-unidos
[14] http://www.jornada.unam.mx/2018/04/09/opinion/024a1mun
[15] Albrieu, Ramiro, López, Andrés y Rozenwurcel, Guillermo (coordinadores); Los recursos naturales en la era de China: ¿una oportunidad para América Latina?; Red Sudamericana de Economía Aplicada/Red Mercosur, Montevideo, Uruguay, 2012.
[16] http://www.lanacion.com.ar/1984098-la-argentina-y-el-mundo-apuesta-a-la-flexibilidad-en-un-escenario-incierto
[17] http://www.lanacion.com.ar/1984098-la-argentina-y-el-mundo-apuesta-a-la-flexibilidad-en-un-escenario-incierto
[18] Svampa, Maristella; “Pensar el desarrollo desde América Latina”, en Renunciar al bien común. Extractivismo y (pos)desarrollo en América Latina, Mar Dulce, Buenos Aires, 2012.
[19]Gentili, Pablo; “Lula para principiantes. Un paralelo entre la historia de Brasil y la historia de su mayor líder histórico”; Sección El Mundo, Página 12, pp. 8 y 9, 8 de abril de 2018.
[20] Romano Schutte, Giorgio (2013). “Brasil: nuevo desarrollismo y petróleo de aguas profundas”, Revista Nueva Sociedad Nº244, Caracas.
[21] https://www.pagina12.com.ar/106276-el-desafio-de-los-esclavos
[22] https://www.pagina12.com.ar/104546-lula-cerro-su-caravana-con-fuertes-denuncias
[23] https://www.pagina12.com.ar/106268-un-supremo-disparate
