Reproducimos el Informe sobre los contenidos de la Carta de Intención con  el FMI, elaborado por Claudio Lozano, coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).

El trabajo incluye además, un análisis detallado del escenario económico y político luego de la corrida, las metas fiscales y sus consecuencias, el tratamiento del Gasto Social, los cambios en la dinámica y en la política económica con dos anexos. 

Para Lozano, “la corrida cambiaria, el acuerdo con el FMI y los cambios en el gabinete han abierto sin dudas un nuevo escenario económico, social y político en el país. En el marco de una economía estructuralmente vulnerable y altamente demandante de divisas, las políticas de la Alianza Cambiemos agravaron el cuadro a niveles lindantes con la irracionalidad. En ese marco, confluyeron dos cuestiones que dispararon la corrida: por un lado la suba en la tasa de interés de los bonos norteamericanos, y por otro la ruptura del acuerdo de gobernabilidad con el que Macri gestionara sus dos primeros años de mandato».

A su juicio, «la suba de las tasas de interés en los bonos norteamericanos promueve como es sabido  el tan mentado vuelo a la calidad por parte de los capitales de corto plazo, al tiempo que encarece y limita la disponibilidad de financiamiento. Respecto a la ruptura del Acuerdo de Gobernabilidad que sostenía la gestión gubernamental es el resultado del potente cuestionamiento social que desde el 2016 ha recibido el Gobierno».

«Las decisiones oficiales posteriores a la elección legislativa del 2017, que promovieron una Reforma Previsional que le metió la mano en los bolsillos a los jubilados, el avance de los tarifazos, la inestabilidad cambiaria y la evolución de los precios potenciaron la conflictividad y dieron vida en el Parlamento Nacional a un reagrupamiento opositor que sancionó una ley que retrotraía a noviembre del 2017 los aumentos tarifarios. El Gobierno debió vetar la decisión parlamentaria exhibiendo, cada vez de manera más evidente, los profundos límites que en términos de viabilidad política exhibía su estrategia económica”.

CORRIDA CAMBIARIA, ACUERDO CON EL FMI Y CRISIS POLÍTICA
 Los contenidos de la carta de intención 
Equipo de Discusión: Horacio Fernández; Gustavo Lahoud; Alejandro López Mieres; Claudio Lozano; Tomás Raffo; Ana Rameri; Mariana Rivolta
Base Estadística: Samantha Horwitz; Ignacio López Mieres; Javier Rameri
Coordinación: Claudio Lozano 
Julio 2018
Índice

1. I) Síntesis. 3
2. II) Luego de la corrida: un nuevo escenario económico y político. 8

III)       Los contenidos de la Carta de Intención con el FMI. 12
III.1) Las Metas Fiscales y sus consecuencias. 13
III.2) El tratamiento del Gasto Social 17
III.3) Conclusiones: cambios en la dinámica y en la política económica. 19

1. IV) Anexos. 22

IV.1) Anexo 1: Sobre las Metas Fiscales. 22
IV.2) Anexo  2: Sobre el recorte del gasto social 27
 

I)                 Síntesis

 
La corrida cambiaria, el acuerdo con el FMI y los cambios en el gabinete han abierto sin dudas un nuevo escenario económico, social y político en el país. En el marco de una economía estructuralmente vulnerable y altamente demandante de divisas, las políticas de la Alianza Cambiemos agravaron el cuadro a niveles lindantes con la irracionalidad. En ese marco, confluyeron dos cuestiones que dispararon la corrida: por un lado la suba en la tasa de interés de los bonos norteamericanos, y por otro la ruptura del acuerdo de gobernabilidad con el que Macri gestionara sus dos primeros años de mandato. La suba de las tasas de interés en los bonos norteamericanos promueve como es sabido  el tan mentado vuelo a la calidad por parte de los capitales de corto plazo, al tiempo que encarece y limita la disponibilidad de financiamiento. Respecto a la ruptura del Acuerdo de Gobernabilidad que sostenía la gestión gubernamental es el resultado del potente cuestionamiento social que desde el 2016 ha recibido el Gobierno. Las decisiones oficiales posteriores a la elección legislativa del 2017, que promovieron una reforma previsional que le metió la mano en los bolsillos a los jubilados, el avance de los tarifazos, la inestabilidad cambiaria y la evolución de los precios potenciaron la conflictividad y dieron vida en el Parlamento Nacional a un reagrupamiento opositor que sancionó una ley que retrotraía a noviembre del 2017 los aumentos tarifarios. El Gobierno debió vetar la decisión parlamentaria exhibiendo, cada vez de manera más evidente, los profundos límites que en términos de viabilidad política exhibía su estrategia económica.
Es en este marco en que aparece el Fondo Monetario Internacional como un nuevo socio, un nuevo respaldo político, y hasta una justificación externa que legitima al gobierno en su decisión de avanzar con políticas de  ajuste más agresivas. Para el Gobierno de Macri, frente a la ruptura del Acuerdo de Gobernabilidad, la corrida se transforma en un ordenador de las variables económicas, y en un disciplinador del comportamiento social y del propio sistema político. Sale de ella con una fuerte devaluación que vuelve a licuar los salarios, los planes sociales y las jubilaciones, y con subas en las tasas de interés que articuladas con la caída del consumo y el ajuste fiscal y monetario acordado con el FMI, colocan a la economía en el camino de la recesión, solución ortodoxa a la restricción que en materia de divisas tiene la Argentina.  Sale de ella respaldado por el FMI, por el conjunto del establishment local y por la reclasificación de Argentina como “mercado emergente”, diciéndole al resto del sistema político dominante que se terminó el gradualismo y que este es el único camino.
Sin embargo, luego de la realización de una Marcha Federal que recorrió el país durante cinco días y que arribo a la Ciudad de Buenos Aires con cerca de cuatrocientos mil personas, y en la que todas las organizaciones convocantes decidieron avanzar a un Paro General con o sin la CGT, el Paro General termina haciéndose el  25 de Junio y convocado también por la CGT  Este escenario, que combina el predominio de la Gobernabilidad en el terreno de las instituciones (Parlamento y Ejecutivos Nacional y Provinciales) con el extendido cuestionamiento a la misma en el terreno social, de cara a las elecciones del 2019, abre por cierto múltiples interrogantes respecto a la viabilidad que pueda tener que transitar el rumbo que propone la Carta de Intención.
 
Los contenidos de la Carta de Intención:

• El acuerdo del tipo stand-by – por 50.000 millones de dólares establece un desembolso inicial del organismo por 15.000 millones que ingresaron a nuestro país el pasado 22 de Junio. El resto de los fondos se desembolsarían en 12 cuotas de 2916 millones de dólares, sujetos al estricto cumplimiento de las metas.

• El programa establece una progresión de reducción del déficit fiscal de un punto por año pasando del 2,7% para el año vigente hasta llegar al equilibrio primario en el 2020 y alcanzando un superávit primario del 0,5% en el 2021. Este ajuste se incrementa en 96.300 millones más al incorporar la meta prevista para el año 2021 totalizando un esfuerzo fiscal de 610.633 millones de pesos equivalente al 20% del Gasto total del corriente año.

• Los ajustes alcanzarán los Subsidios en energía y transporte (-48%), los Salarios y bienes y servicios, las Transferencias corrientes a provincias (-75%), el Gasto de Capital en Obra Pública (-81) y Jubilaciones y otro gasto social. Es decir, estamos frente a una propuesta que garantiza un cuadro recesivo que remite a experiencias ya vividas en Argentina. Para arribar al equilibrio fiscal el  97 % del esfuerzo fiscal consiste en una reducción del gasto  descartando  la vía de una mayor recaudación a los sectores que concentran elevadas riquezas y altas rentas.

• Con este acuerdo, la Argentina no cancela ni un solo dólar del capital adeudado en estos años. Más aun está tomando deuda para renovar ese capital ampliando el monto de endeudamiento por el volumen de intereses que paga, con la nueva deuda. Tomando en cuenta la situación al 2018 en materia de Gasto, si se quisiera ajustar el mismo para no tener que pagar intereses con nueva deuda, el ajuste necesario debería ser de 700.000 millones de pesos lo cual equivale al 26% del gasto primario actual.

• El monto de 50.000 millones de dólares en tres años apenas cubre las necesidades de financiamiento de nuestro país que en el 2017 ascendieron a 40.000 millones de dólares. En consecuencia, a pesar del Stand-by del FMI, cerrar la brecha de financiamiento externo implicará un fuerte achicamiento productivo.

• El acuerdo reedita como objetivo el famoso déficit cero que Cavallo y el FMI intentaran en los finales de la Convertibilidad. En aquel momento esa decisión puso a la Argentina en una suerte de ajuste sin fin que implicó una vertiginosa caída del PBI entre 1998 y 2002 de casi 20 %, y que sumergió a más del 50% de la población bajo la línea de pobreza. Más allá de que esto fue lo que ocurrió, lo cierto es que tal situación fue la resultante de un las inconsistencias que caracterizan a este tipo de políticas. En efecto, alcanzar el déficit cero en un contexto de recesión y endeudamiento es ciertamente imposible y coloca a la economía en un ajuste sin fin. Bajar el Gasto en un contexto de caída de la actividad tiende a reducir la recaudación y por tanto obliga a profundizar una y otra vez una reducción del gasto que nunca alcanza. Pero además como la Argentina es un país endeudado que no cancela ningún dólar de capital y que paga intereses con nueva deuda, todos los años el capital adeudado crece y la partida de intereses que integra el gasto público también. Por lo tanto, la paradoja del déficit cero es que es una política que imita a un perro que quiere morderse la cola, y que en el mismo intento de bajar el gasto se le cae la recaudación y le aumenta el gasto por intereses con lo que el déficit cero se transforma en inalcanzable.

El tratamiento del gasto social:

• El piso en la asistencia social del 1,3% del PBI estará focalizado en las familias con hijos, especialmente las de mayor vulnerabilidad social. De esta manera, se prevé un aumento del conjunto de los programas de asignaciones familiares del 59,4% en los próximos tres años. Sin embargo, la tasa de inflación esperada para ese período es superior, del 67,9% lo cual conlleva a una caída cercana al -5%.

• Sobre el resto del Gasto Social: conforme a una proyección de la tasa de inflación, el programa de ajuste del Gobierno- FMI propone para el próximo trienio un recorte real del -41,6%. Los escenarios que permitirían cumplimentar esta meta llevarían a una reducción de las prestaciones sociales (pensiones no contributivas, jubilaciones, seguro de desempleo, entre otras) cercana al 40% o bien, a una expulsión de 3,5 millones de personas de la cobertura social.

• Sobre el gasto en salarios de los trabajadores del Estado Nacional: según el acuerdo, la tendencia del presupuesto nacional debe ser sistemáticamente decreciente en esta finalidad, de manera de pasar de un peso actual  del 3,2% de las remuneraciones de los trabajadores estatales nacional en el PBI al  2,7%  en  el 2020. La consecuencia directa de lo anterior implica un  recorte de la masa salarial pagada del -18,8% que se traduciría en  un caída equivalente del salario. Si en cambio, el efecto del recorte se lleva a cabo exclusivamente a través de la reducción de la planta de ocupados, la cantidad de despidos o rescisiones de contratos afectaría a un total de 139.141 trabajadores.

• La salvaguarda social contenida en el acuerdo: en el marco de un plan de reducción del déficit fiscal que busca descargar los costos del ajuste sobre el gasto, el tándem FMI-Gobierno acerca un “premio consuelo” de $13.500 millones para el 2018 y del 0,2% del en los años siguientes, para actuar frente a la emergencia social durante la ejecución del programa sobre la base de extensión de los programas de asignaciones. El rescate social, de carácter eventual, lograría transferir un aumento del 44,6% en términos nominales que implicaría un crecimiento del poder adquisitivo del orden del 13,9%. Considerando la caída real que las asignaciones han venido acumulando desde comienzos de la gestión de Cambiemos (del -11,9%) surge entonces que el salvataje apenas compensa el deterioro ocasionado por el propio gobierno llevando los valores reales de las asignaciones a los niveles de finales del 2015.

Cambios en la dinámica y en la política económica:

• El Acuerdo con el FMI tiene como objetivo poner en recesión a la economía argentina como modo de resolver la restricción que esta exhibe en materia de disponibilidad de divisas, al tiempo que la misma recesión opera como política antiinflacionaria y sobre todo como disciplinamiento social y laboral coadyuvando por vía del aumento del desempleo y la pobreza a la reducción de los costos laborales.

• Además supone modificaciones de importancia respecto a la gestión que hasta aquí siguiera la autoridad monetaria. En principio, los criterios planteados tienden a anular la política monetaria dando lugar a una suerte de Convertibilidad con tipo de cambio flotante sobre la que se espera que la intervención del Banco Central respecto a la paridad cambiaria sea mínima.

• El avance del dólar como resultado del actual contexto de escasez de divisas, busca ser neutralizada por una recesión que, si a la vez, mantiene la posibilidad de combinar tasas de la magnitud que hoy tenemos (más del 40%), las rentas especulativas a obtener pasan a ser formidables. Esta combinación entre recesión y valorización financiera elimina toda perspectiva favorable para el desarrollo de la in versión productiva.

• Por otro lado, como parte de la estrategia de saneamiento de las cuentas del BCRA (el Tesoro busca recomprar durante los próximos tres años las letras que actualmente dispone el banco central por un valor de 25.000 millones de dólares), se busca convertir a la deuda intraestado acumulada por la administración Kirchnerista  (Tesoro / BCRA) en deuda del Estado con el sector privado.

• Otro de los puntos centrales del acuerdo consiste en la liquidación de los activos del FGS con el objeto de financiar parcialmente el pago futuro de jubilaciones y pensiones bajo una modalidad similar a los retiros voluntarios propios de los regímenes de capitalización. La liquidación de un fondo de inversión público para financiar gasto corriente es el resultado de en un esquema previsional que propone un bajo aporte patronal.

• Por último, resulta ser un atropello a la institucionalidad democrática, valor que paradójicamente el gobierno defiende y pregona cuando el descontento social copa las calles, que la Carta de Intención omita la discusión parlamentaria. Parte de las funciones que le son propias al Congreso de la Nación y le corresponden como parte del equilibrio del juego democrático parecen ser vulneradas en el acuerdo firmado entre el gobierno y el FMI. Entre los arrebatos más destacados sobresale el debate para la determinación del Presupuesto de la Administración Pública Nacional, tanto el vigente como los futuros, así como también las normas que afectan y rigen el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, y la determinación y el contenido de una ley de reforma de la Carta Orgánica del BCRA.