El Gasto Social cae un 20% en el 2018

Transcribimos el Informe El Gasto Social en la Negociación con el FMI, elaborado por Ana Rameri y Claudio Lozano, coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), que aporta elementos para analizar la reciente renegociación en lo que concierne al plano social; para concluir que en tres años, Macri redujo el Gasto Social un 15,7%.

 Para Lozano, “mientras el gasto social cae un 20% en términos reales durante el 2018, el gobierno propone dos bonos miserables que ni siquiera compensan el poder adquisitivo perdido por la Asignación Universal por Hijo. La sobreactuación gubernamental del ajuste en la negociación con el FMI resulta indignante. Mientras se incrementa en un 50% los pagos por intereses de deuda, la intervención social del gobierno frente a la emergencia es inferior a la que el propio Fondo autoriza».

En tres años Macri redujo el Gasto Social un 15,7%

En términos de lo acordado en el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras durante el mes de Junio, la reciente renegociación con el FMI aporta pocas novedades en el plano social:

1. El 2018 resultará ser el año en el que se experimentará el mayor ajuste sobre el gasto social vía una fuerte caída en términos reales. Al igual que el Memorándum, el 2019 representará una breve pausa hasta reanudar el sendero de recorte en el 2020. Una de las novedades consiste en que, para el corriente año, se contempla el pago adicional de dos bonos pagados por única vez a los niños/as y adolescentes perteneciente a los programas de asignaciones universales.  Es decir, en la actualidad se conjugará el recorte “salvaje” con el minúsculo “salvataje” que oficiará más como operativo distracción que como efectiva contención.

1. A raíz de la nueva presentación pública sobre los cálculos oficiales se puede afirmar algo que parece pasar desapercibido: existe un margen de financiamiento extra con destino el área social contenida en la carta de memorándum del mes de junio que el gobierno no parece considerar hasta el momento. Esto es, el piso de asistencia social  equivalente al 1,3% del PBI que, luego del salto inflacionario de los últimos meses, ubicó la estimación del producto interno en un nuevo valor más elevado. De esta manera, considerando el adicional correspondiente de $8.169 millones junto con el techo de la salvaguarda de $13.500 millones, se verifica que el “colchón” de financiamiento autorizado por el FMI para destinar a la emergencia social durante el corriente año es de $21.669 millones. No obstante lo anterior, el gobierno sólo ha reforzado las partidas del gasto social en $10.500 millones, es decir, que así como sobrecumple las metas macroeconómicas demandadas por los acreedores, desperdicia oportunidad y recursos (que incluso están contenidos en el marco del acuerdo) para atender las crecientes necesidades de la población.

1. A pesar de enunciar, en la presentación oficial luego de la renegociación, que los salarios de los estatales crecerán al ritmo de la inflación, cabe señalar que el argumento parece poco convincente considerando la experiencia del corriente año (inflación anual que supera el 40% y pautas salariales en torno al 15%). De todos modos, de concretarse esta promesa para el año venidero, la situación resultante implicaría asumir que el ajuste contenido en el acuerdo inicial con el fondo que buscaba hacer descender el peso de las remuneraciones en el PBI del 3,2% (2017) al 2,7% (2020), se adelantó y se ejecutará casi por completo en el 2018. Es decir, si se considera el nuevo valor de PBI y el presupuesto asignado para el pago de salarios, se verifica que el peso actual es cercano a la meta, del 2,8%, y se mantendría en este nivel durante el 2019, si los salarios (en el marco de un congelamiento de la planta de ocupados) crecieran a la par de la inflación (33,6%). Sin embargo, tal escenario lejos de resultar optimista implica adelantar y concentrar el ajuste en el presente año a partir de cristalizar un derrumbe de la masa salarial en términos reales del -18,3%.

Estimación del peso de la masa salarial de los trabajadores del SPN.

*Presupuesto Vigente 2018
**Estimación en función de suponer el supuesto de crecimiento salarial igual a la inflación
Fuente: Elaboración propia en base al documento oficial “Acciones para alcanzar el equilibrio fiscal” del 03/09/2018.

1. En el reciente documento presentado por el ministro de economía se presenta una leyenda indicativa al lado del rubro de “Gasto en Prestaciones Sociales” que dice que “se aplicará la formula de movilidad y un aumento del 2% en cantidades. Resto gasto social crece como inflación”.  De esta manera, se resalta que esta partida será la única correspondiente al gasto social primario que no sufrirá recorte y se indica un aumento del 0,3% del PBI para el 2019. Una primera cuestión a resaltar, es que si bien los números estipulados reflejan un incremento, en términos reales implica un tibio aumento del 2,3% para el gasto en prestaciones sociales, que viene de soportar una caída real del orden del -17% en el corriente año.

Por otro lado, al evaluar comparativamente lo presentado en Junio con el documento de Septiembre se observa, al parecer, un cambio en las metas de reducción en las partidas del gasto social. Según el primero, “Jubilaciones y otro gasto social” estipulaba un aumento del 0,1% y 0,5% entre el 2018 y 2019 (pero que en el 2020 se efectuaba una reducción del -0,2% para culminar el período con un aumento del 0,4%). En cambio, en esta segunda presentación, ese 0,5% del 2019 se transforma en el comentado 0,3% y si consideramos la caída previa del -1,2% del corriente año se obtiene, lejos del 0,6% de aumento que se pensaba hasta junio, un recorte del -0,9% del PBI en el bienio 2018-2019. Por lo tanto, lo que parecería que se modificó es la trayectoria del ajuste inicial planeado que pretendía transitar los primeros años (hasta las elecciones presidenciales) de manera un poco más holgada. A partir de estos cambios reales de la economía (devaluación con inflación mediante) el ajuste social se adelanta al año 2018 y el año 2019 ya deja de ofrecer compensación alguna para transformarse en un período que busca sostener el recorte realizado.

1. Si bien, hasta el momento, el año 2018 es el epicentro del ajuste, debe recordarse que el proceso de achicamiento del Estado en materia social es previo. Desde el comienzo de la actual gestión, partidas sensibles del Gasto Social vienen sufriendo recortes importantes, especialmente durante el año 2016 en el cual se verificó una tasa de inflación similar a la proyectada para el presente año (cercana al 40%) –ver cuadro abajo-. Sin embargo, hace dos años lo que se verificaba era una redistribución del financiamiento al interior del gasto social en el que perdía importancia partidas como Trabajo, Vivienda y Urbanismo, Ciencia y Técnica y Asistencia Social para potenciar programas de la Seguridad Social como las asignaciones familiares (extensión a hijos de monotributistas, entre otros). Luego de algunas recuperaciones, muy moderadas, durante el 2017, la megadevaluación que alcanzó el 100% en los últimos meses que hizo saltar la tasa de inflación del 2018 por encima del 40% anual, junto con el escaso margen de maniobra del gasto por parte del Gobierno luego del acuerdo con el FMI, profundizó la estrategia de recorte del gasto social.  En tan sólo este año se perderá un quinto del mismo. En conjunto, en los tres años de la administración Cambiemos, el Gasto Social cayó un -15,7%. Con recorte que superan el 40% están las partidas de Trabajo y Agua Potable, con recortes que superan el 30%, Promoción y Asistencia Social y Ciencia y Técnica, con recortes cercanos al 20%, Educación y Cultura, Salud y Vivienda. Sólo las asignaciones familiares parecen tener un sostenimiento en términos reales. En este marco, el pago de intereses de deuda se incrementa en un 50% en términos reales, lo cual implica la cantidad de pesos que se requieren para hacer frente a los servicios de la deuda se cuadruplicaron.

 
Algunas precisiones sobre el minúsculo “salvataje”
Se contempla para los próximos meses del año la realización de una transferencia en concepto de dos bonos pagados por única vez que se harán efectivos en  septiembre y diciembre para las prestaciones sociales de la AUH y AUE. Los meses elegidos serán los momentos en los cuales se realizan los incrementos derivados de la fórmula de movilidad que llevarán los montos a $1.683 a partir de septiembre (y $2.883 con el bono) y a $1.814 a partir de Diciembre ($ 3.314 con el bono).
Cabe resaltar, en primer lugar, que esta ampliación del gasto social significa un adicional de $10.490,1 millones para lo que resta del año. Recordemos que la carta de entendimiento con el fondo firmada hace unos meses ya incorporaba una salvaguarda social de hasta $13.500 millones para el 2018 y del 0,2% del en los años siguientes, para actuar frente a la emergencia social durante la ejecución del programa sobre la base de extensión de los programas de asignaciones universales. Es decir, la intervención social de emergencia que aplicará el oficialismo es aún más escueta que la contemplada inicialmente a pesar del evidente deterioro experimentado en las condiciones materiales de vida de la población durante los últimos meses.
Estimación del gasto adicional de los bonos. Año 2018.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Boletín Económico de Seguridad Social (BESS)
Por otra parte, debe recordarse que el deterioro de las prestaciones sociales es de larga data. Luego del golpe distributivo del año 2016 (-5,5%), durante el año siguiente, la tibia recuperación no logró recomponer los niveles del año 2015 (2,5%). La reforma previsional aprobada en diciembre de ese año incorporó un desplazamiento en el tiempo de actualización que impactó negativamente en la capacidad de reacción de la fórmula ante contexto de alta inflación. De esta manera se observa que en el año 2017 la inflación del 25% permitió un aumento de las prestaciones sociales del 28,1%. En cambio, para el corriente año, en el cual se proyecta una tasa anual del 42%, la fórmula de movilidad prevé tan sólo un aumento de 28,5% (considerando el total de los cuatro aumentos del año). De manera simultánea, y a diferencia de lo sucedido en los años anteriores, la canasta de alimentos viene creciendo a un ritmo superior al nivel general de precios. Por lo tanto, durante el 2018 se proyecta que la caída del nivel real de la AUH será del orden -9,5% que, considerando la inflación del rubro alimentos y bebidas, se profundiza al -13,2%. En suma, el recorte del valor real de las asignaciones universales se ubica entre el -9% y el -12,4%.

 Evolución de la Asignación Universal por Hijo y Haber mínimo. Nominal y Real. Período Diciembre 2015 – Diciembre 2018.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Boletín Económico de Seguridad Social (BESS)

Para evaluar el impacto de los bonos sociales no debe considerarse el nivel de la prestación social, ya que al efectuarse a través de un pago por única vez el mismo se esfuma al mes siguiente. No obstante, es posible analizarlo en función de la deuda acumulada durante el período de la gestión de Cambiemos como resultado del deterioro sistemático que las asignaciones experimentaron en relación a los precios. De esta manera, se verifica que la suma de ambos bonos de $2.700 ni siquiera logra cubrir la deuda acumulada a favor de los beneficiarios que alcanza casi los $4.000.  Más aún, la canasta básica total pasó de $16.677 en diciembre 2017 a $20.134 en Julio 2018, lo que implica que el aumento de costo de vida durante tan sólo la primera parte del año, de $3.400, supera holgadamente los pesos que se darán en total por el pago de los bonos sociales.

Estimación de la pérdida del poder adquisitivo acumulada por la AUH en relación al pago de los bonos.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Boletín Económico de Seguridad Social (BESS)

Por otra parte, existe también un margen de financiamiento con destino el área social contenida en la carta de memorándum del mes de junio que el gobierno no parece considerar hasta el momento. Textualmente la misma afirmaba:  

“Estableceremos un piso para el gasto de asistencia social de 1,3 por ciento del PIB, un nivel que garantiza la implementación de los programas para el período 2019-20”
El 1,3% de un PBI que, luego del salto inflacionario de los últimos meses, se ubicó en $13,8 billones da como resultado que para respetar el nivel del piso de asistencia, el Programa de Asignaciones Familiares tiene que ampliarse hasta llegar a los $179.205 millones (actualmente el presupuesto es de $171.036 millones). De esta manera, considerando el adicional correspondiente de $8.169 millones junto con el techo de la salvagurada de $13.500 millones, el “colchón” de financiamiento autorizado por el FMI para destinar a la emergencia social durante el corriente año asciende a $21.669 millones. No obstante lo anterior, el gobierno sólo ha reforzado las partidas del gasto social en $10.500 millones, por debajo del 50% de sus posibilidades. Es decir, que así como sobrecumple las metas macroeconómicas demandadas por los acreedores, desperdicia oportunidad y recursos (que incluso están contenidos en el marco del acuerdo) para atender las crecientes necesidades de la población.
 Salvataje social efectivo vs. salvataje social acordado con el FMI.

Fuente: Elaboración propia en base a datos oficiales del Min. Hacienda.

ANEXO

Evolución valor nominal y real del haber mínimo jubilatorio. Período Dic.2015-Dic.2018.

Evolución valor nominal y real de AUH y AUE. Período Dic.2015-Dic.2018.