Frente al Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego, por parte de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad, establecido en la Resolución Nº 956/2018 por parte de la Ministra Patricia Bullrich, Unidad Popular hace saber su rechazo y profunda preocupación.
En este sentido, Claudio Lozano y Víctor De Gennaro, sostuvieron que “la política que ha ido impulsando el Gobierno Nacional se ha caracterizado por tender a eliminar la diferencia entre Defensa y Seguridad Interna que la democracia argentina lograra construir a la salida del genocidio dictatorial. La Ministra Bullrich ha vuelto a poner en el escenario nacional una doctrina que construye supuestos enemigos internos (narcotráfico, terrorismo, Resistencia Ancestral Mapuche, etc.) y que, en base a ellos se justifica el corrimiento sin límites de los márgenes de intervención de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, deteriorando los derechos de la población.
Esta Resolución, dictada pocos días antes de la movilización convocada por distintas organizaciones sociales y políticas contra el G20, no hace más que coronar el proceso de fortalecimiento del aparato represivo y de militarización de la democracia que se fuera instituyendo en el marco del citado evento internacional. La inversión de más de 3.000 millones de pesos en equipamiento represivo, la habilitación sin autorización parlamentaria, para que efectivos de inteligencia de otros países, adiestren a nuestras fuerzas de seguridad; el decreto modificatorio de la Ley de Defensa para permitir el apuntalamiento logístico de las Fuerzas Armadas en acciones de represión interna, la apertura del territorio nacional, también sin autorización parlamentaria, a la instalación del Comando Sur norteamericano, y el Reglamento que estamos cuestionando, son evidencias de un rumbo adoptado en materia de seguridad que violenta las libertades democráticas y los derechos humanos.
Este Reglamento propone un curso de acción para los policías que los coloca en la ilegalidad o en la arbitrariedad. La falta de formación de las fuerzas con cursos de escasos meses, la falta de práctica en el uso de armas y la ausencia en la perspectiva de los derechos humanos en los recorridos formativos de las instituciones policiales, agravan al extremo la situación.
Más allá de las alusiones que pretenden vincular el Reglamento con las previsiones de Naciones Unidas, lo cierto es que el mismo se inscribe en un discurso y en acciones de la Ministra de Seguridad que lejos de promover un uso excepcional y razonable de la fuerza letal, por el contrario, ofrece excusas legales para los agentes policiales que tengan que afrontar procesos judiciales.
El “riesgo inminente a la integridad que habilita el uso de armas”, no puede ser previsto con criterios ambiguos y confusos como los que establece el Reglamento. Los criterios deben ser, la excepcionalidad, la mínima lesividad, la protección de la vida, la proporcionalidad y la progresividad.
Lejos de estar reglamentando lo establecido por la ONU, la Ministra Patricia Bullrich propone con este Reglamento exactamente los criterios contrarios a los que promueve el organismo internacional.
La protección de la vida de todos los involucrados, la disuasión del uso del arma como recurso prioritario en la intervención de las fuerzas policiales y de seguridad, siguen siendo las claves para cualquier reglamentación. Máxime en un país donde el “gatillo fácil” desplegado por las fuerzas policiales, viene generando muertes evitables”.