Desde CTA Autónoma, Unidad Popular y las organizaciones que participamos activamente en las acciones públicas contra los brutales tarifazos del Gobierno nacional en los servicios públicos esenciales de agua, luz, gas y transporte, denunciamos y deploramos la censura explícita y la amenaza represiva montada por las fuerzas de seguridad ante la realización en la jornada de hoy, de una radio abierta a las puertas del Ministerio de Economía en Hipólito Yrigoyen 250.
Con este accionar, vemos vulnerados nuestros más elementales derechos individuales y colectivos, resguardados por la Constitución Nacional, y que tutelan nuestro derecho a reunirnos pacíficamente y peticionar ante las autoridades ante situaciones de enorme injusticia, y repudiamos abiertamente la violación sistemática de las más mínimas normas de convivencia en una sociedad democrática, cuya integridad es puesta en riesgo día a día con un accionar abiertamente intimidante y represivo que escala cada vez más e instala, en los hechos, un estado de excepción intolerable bajo un régimen democrático.
La participación en los ruidazos contra el tarifazo y todo tipo de actividades públicas que estamos encarando desde nuestras organizaciones, forman parte del normal y efectivo funcionamiento de una comunidad democrática, y si el gobierno nacional, en su deriva autoritaria cada vez más explícita, pone en riesgo vidas y bienes de nuestro pueblo violando simbólica y realmente nuestras perspectivas de desarrollo personal y colectivo, debemos denunciar de todos los modos posibles, la consagración de semejante accionar autoritario, que intenta imponer miedo, temor, indiferencia y derrota en el campo popular.
Esta censura activa y abiertamente inconstitucional que el Gobierno impone, nos impidió hacer conocer a nuestros ciudadanos algunas de las propuestas centrales que intentamos debatir fraternalmente en todo el país.
Entre ellas,
– Declarar la Emergencia Tarifaria Nacional.
– Impedir los cortes del servicio por falta de pago.
– Ampliar la tarifa social para que de manera automática alcance a todos los hogares que lo necesiten y también a organizaciones económicas, sociales y comunitarias.
– Encarar un amplio debate público en todo el país para poner sobre la mesa la propuesta de nacionalizar la prestación de los servicios de agua potable, saneamiento y electricidad, con la creación de verdaderas empresas públicas con participación integral de trabajadores, usuarios y profesionales del área en todo el país.
– Crear un registro donde participen organismos de gobierno junto a organizaciones sociales, sindicales, comunitarias y universidades públicas del todo el país para recibir denuncias y sistematizar la información relacionada con la inadecuada prestación del servicio.
Porque no queremos más pobres energéticos en la Argentina, impulsamos Proyectos de Ley de Emergencia Tarifaria en cada una de nuestras provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para garantizar la IGUALDAD en el acceso a los servicios básicos proponemos la UNIVERSALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ELECTRICIDAD para el conjunto de los habitantes.
El agua potable y la energía no son mercancías!!!! Por todo ello, sostenemos la bandera de la lucha pacífica en todas las calles de nuestro país, para denunciar la fenomenal entrega de nuestros recursos a manos de un grupo privilegiado de empresas energéticas que están esquilmando al pueblo argentino, negando el más elemental derecho de acceso universal a bienes comunes que son derechos humanos inalienables. Porque creemos en la política como mediadora de conflictos y como instancia superadora de construcción social y económica alternativa, denunciamos enérgicamente este nuevo atropello y llamamos a la unidad en la acción con todos los sectores sociales, políticos y sindicales para frenar esta auténtica depredación de nuestros bienes y vidas en el altar de los negocios de las energéticas amigas del poder de Cambiemos.