Claudio Lozano sostuvo que “el gobierno carece de poder político, de margen económico y por cierto de voluntad, para poner en marcha una propuesta que solucione el derrumbe social en que ha sumergido a la sociedad argentina. Por eso, el plan anunciado es solo un maquillaje electoral inscripto en una estrategia de comunicación política que sólo pretende frenar el deterioro alarmante del gobierno de cara a las elecciones de octubre. Esto es tan evidente que el acuerdo de precios sobre los productos esenciales casualmente, termina en octubre.
No hay poder político porque el gobierno vio carcomida su legitimidad en el marco del continuo y permanente fracaso de sus políticas económicas y como consecuencia del derrumbe social vivido desde abril del 2018 hasta hoy. Más allá de las afirmaciones gubernamentales respecto al objetivo de bajar la inflación, es indispensable señalar que este gobierno nunca tuvo ni tiene ahora como prioridad una estrategia antiinflacionaria. Fueron sus prioridades, las devaluaciones y la poda en las retenciones para beneficiar a las trasnacionales del agronegocio, y los incrementos tarifarios para sostener y ampliar la renta de las petroleras, los transportistas y distribuidores de energía. Ambas cosas repercutieron (como era obvio), en términos de aumentos de precios que encarecieron la sobrevivencia vía aumento de los alimentos e incremento de costos de producción a través de la suba de los precios de la energía y de los insumos importados.
No hay margen económico, porque después del endeudamiento explosivo que impulsó y que llevara al default a la Argentina a finales del 2017, tomó el rumbo de un acuerdo con el FMI en el que además de resignar la soberanía en materia de política económica, se sostiene la necesidad de la recesión y el estancamiento como modo de recomponer el saldo comercial en dólares de la Argentina. Saldo comercial cuyo objetivo es el pago de la deuda pública.
Y no hay voluntad, porque tal cual los propios anuncios lo dicen, esto es simplemente un “alivio” para seguir haciendo lo mismo.
Lo único cierto en todo esto es que el gobierno, vía las nuevas definiciones del Banco Central, pretende (y tiene dólares para hacerlo) mantener a raya el tipo de cambio. Es decir, la única preocupación oficial real, es que no haya otra corrida cambiaria antes de las elecciones.
Este objetivo, en tanto y en cuanto se cumpla, sumado a frenar o cuotificar los aumentos tarifarios, contribuirían a cierta desaceleración de los precios a partir de mayo (abril está perdido) y hasta las PASO de agosto. Primera escala en la cual el gobierno pretende salir lo más ileso posible para estar en condiciones de competir electoralmente.
En este marco de desaceleración inflacionaria (precios al 2,5% mensual) y habida cuenta de que comienzan los aumentos de las paritarias (que si bien no compensan lo perdido oxigenan un poco), el gobierno pretende brindar una imagen (pobre por cierto) de mayor control y mejoría antes del primer test electoral.
En este contexto, se anuncian en algunos casos, descuentos que ya existen, créditos que no resuelven el problema de los bajos ingresos, intentos limitados para sosegar la evolución del precio de la carne y acuerdos que duran hasta octubre, pero que reconocen como punto de partida válido el 64% promedio de aumento de los alimentos en el último año, las remarcaciones preventivas de las últimas semanas, y el fracaso estrepitoso del programa Precios Cuidados que ha estado vigente en los últimos tiempos y no ha resuelto absolutamente nada. En suma, apenas un maquillaje electoral, que solo busca suspender hasta octubre la profundización del ajuste que practica el gobierno nacional y que, de reelegir, seguirá profundizando”.