La Secretaría de Gobierno de Energía, a través de la Resolución 276 publicada en el Boletín Oficial el 17 de mayo de 2019, oficializó la adjudicación de 18 permisos de exploración para 18 bloques en tres cuencas de nuestro mar Argentino y plataforma continental, que se licitaron en el marco del Decreto 872/2018, por el que se lanzó un Concurso Internacional Costa Afuera, con el objetivo de comenzar un proceso de prospección y exploración de nuestros recursos hidrocarburíferos offshore.
En este marco, Claudio Lozano dirigente nacional de Unidad Popular y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) y Gustavo Lahoud, sostuvieron que “esta grave decisión del Gobierno nacional, se da en un contexto en el que la política de desmalvinización se ha convertido en una estrategia deliberada de la política exterior argentina.
En efecto, en el marco de las irresponsables, insensatas y entreguistas decisiones políticas que este gobierno ha tomado a partir de la llamada Declaración Foradori-Duncan del 13 de septiembre de 2016, por la que se buscaba “remover los obstáculos vigentes” al progreso de la relación bilateral con Gran Bretaña, se ha dado un nuevo paso con la oficialización de esta adjudicación de 18 permisos de exploración en tres cuencas del mar argentino.
En concreto, se trata de 9 adjudicaciones en la cuenca Malvinas Oeste- lindante con la cuenca Malvinas Este- donde el gobierno usurpador kelper ha actuado ilegalmente en la pasada década, adjudicando permisos de exploración a empresas en violación de nuestros derechos soberanos sobre las aguas circundantes, en las que Gran Bretaña ha declarado zonas unilaterales de soberanía desde hace ya tres décadas.
Asimismo, se han oficializado 7 adjudicaciones en la cuenca Argentina, que está a la altura de la provincia de Buenos Aires, y otros dos bloques en la cuenca Marina Austral, donde se operan explotaciones offshore hace ya algunas décadas, con actores relevantes como Total Austral e YPF.
Por estas 18 adjudicaciones, el Gobierno nacional ha recibido 718 millones de dólares, que provienen de los cánones y bonos cobrados a los consorcios de empresas adjudicadas, según lo establece el pliego de bases y condiciones en la Resolución 65 de noviembre de 2018.
Es importante corroborar, que las empresas subsidiarias de firmas británicas como British Petroleum, Tullow Oil y Shell, han sido parte de los consorcios adjudicados en este concurso, cuya legalidad, en el marco de las normativas vigentes en la República Argentina, debe ser urgentemente revisada, situación que no constituye obstáculo alguno para tomar la decisión soberana de anular este tipo de actos realizados por el Estado argentino, por el hecho de constituir un deliberado accionar para debilitar y destruir los derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.
Es importante tener en cuenta que el miércoles 15 de mayo, el municipio de Río Grande, interpuso ante la justicia federal una cautelar con el objetivo de frenar este insensato acto de adjudicación, que finalmente fue realizado entre gallos y medianoches el jueves 16 de mayo, bajo la más absoluta opacidad institucional, y sin convocatoria político-institucional alguna, teniendo en cuenta la gravedad de semejantes decisiones para el presente y futuro de nuestros inalienables derechos sobre las Malvinas y nuestros espacios marítimos e insulares circundantes.
Es prioritario denunciar este infame acto de entrega de nuestra soberanía en el Atlántico Sur. Debe comentarse adicionalmente que el citado Decreto 872/2018, establece en su artículo 3, la inclusión de cláusulas que establecen la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales con sede en un Estado que sea parte en la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, lo cual reproduce los típicos instrumentos de cesión soberana insertos tanto en tratados bilaterales como en la contratación de deuda pública.
Por todo ello, resulta fundamental reinstalar una estrategia diplomática multilateral activa y, junto con ello, identificar los intereses empresariales británicos o de cualquier otro país que hoy están presentes en las actividades económicas ilegalmente realizadas en las islas y en los frentes marítimos usurpados, a los efectos de obstruir la posibilidad que continúen en un ejercicio de ilegalidad manifiesta, a través de la denuncia y la afectación de sus intereses en materia de inversiones.
En este plano, nuestro país cuenta con un instrumento normativo vigente- la ley 26.659, sancionada en 2011- que impide que cualquier empresa, sea nacional o extranjera, pueda acceder a explotaciones de recursos hidrocarburíferos en la Plataforma Continental Argentina, sin haber obtenido la habilitación pertinente emitida por autoridad competente argentina.
En forma complementaria, hacia fines de 2013, esta legislación fue parcialmente modificada a través de la ley 26.915, mediante la que se establecieron multas concretas medidas en valores volumétricos de crudo, junto con penas efectivas de prisión e inhabilitación para todos aquellos agentes económicos que estuvieran realizando tareas exploratorias o de explotación de hidrocarburos en el mar territorial argentino y en la Plataforma Continental Argentina.
En tal sentido, debe investigarse urgentemente si algunas de estas empresas que integran los consorcios ganadores de este concurso, han estado involucradas en los ilegítimos concursos realizados por las autoridades usurpadoras de las islas Malvinas hace ya más de una década. Más allá de ello, lo que debe denunciarse abiertamente es la impúdica acción política del gobierno argentino, que parece seguir adelante en una política de degradación de nuestros derechos soberanos en al Atlántico Sur, lo cual incluye la inacción absoluta en materia de protección de nuestros recursos ictícolas, cuya ilegal captura a través de las licencias de pesca otorgadas por el gobierno kelper desde hace tres décadas, constituyen casi el 95% de los ingresos de la ilegal e ilegítima administración colonial. En este punto, debe denunciarse también que el pasado 10 de mayo, se realizó en Cancillería una reunión con el objetivo de plantear “avances” en la cuestión pesquera, a través de la creación de una Organización Regional de Ordenamiento Pesquero (OROP), cuya naturaleza, características y finalidades, son desconocidas por la comunidad argentina y que deben exponerse claramente en el marco de urgentes deliberaciones que deben convocarse en el Congreso nacional a los efectos de denunciar este deliberado avance. En esta línea, debe recordarse que el interés de Gran Bretaña, es oficializar su condición de Estado ribereño en materia pesquera en el Atlántico Sur, lo cual, si se llegara a confirmar, implicaría sepultar casi de manera definitiva nuestros reclamos soberanos en toda la región.
A su vez, no sería descabellado encarar una evaluación integral sobre determinadas medidas a adoptar con los activos británicos en sectores estratégicos de la economía nacional, como es el caso de la participación de British Petroleum asociada a Pan American Energy y a los chinos de CNOOC en Cerro Dragón, principal yacimiento hidrocarburífero del país.
El análisis de la pertinencia de la aplicación de las normativas indicadas, como así también el urgente y exhaustivo estudio sobre la viabilidad de un planteo jurídico a gran escala, constituyen prioridades estratégicas del Estado argentino en esta coyuntura, ya que es fundamental imponer costos y obstruir el camino de la política de hechos consumados que los británicos perpetran en el Atlántico Sur. Asimismo, todo ello debe ir de la mano de un replanteo estratégico integral de las distintas capacidades estatales que deben intervenir para asegurar el efectivo cumplimiento de nuestros derechos en el Atlántico Sur.
Es aquí donde nos encontramos en serios problemas, ya que las referidas capacidades estatales, remiten no sólo a los instrumentos efectivos que, desde lo normativo hasta lo impositivo y fiscal deben ponerse en marcha, sino a las capacidades de producción de inteligencia estratégica militar y de disuasión efectiva que todo país debe tener para asegurar la protección de sus intereses vitales y estratégicos ante una amenaza permanente, como la que comporta Gran Bretaña con la consolidación de su status colonial en el Atlántico Sur.
En conclusión, debemos denunciar y rechazar abiertamente este nuevo acto del gobierno argentino, que podría tener incalculables consecuencias para la integridad geoestratégica y ambiental de nuestro Atlántico Sur, que debe ser preservado y defendido como un bien común inalienable e imprescriptible de todos los argentinos”.
Fuente: www.unidadpopularcaba.org.ar
