La conferencia del Ministro de Economía y una rápida lectura del Proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva (que por cierto profundizaremos) permiten hacer una primera evaluación del rumbo económico del Gobierno. El proyecto apunta a reconstruir la caja del Sector público sobre la base de un conjunto de decisiones impositivas que tienen un sesgo de progresividad, en ese marco dota de financiamiento al Estado Nacional sobre la base de poder ampliar deuda con el Fondo de Garantía Previsional, abre la puerta a la desindexación del gasto público al suspender la vigente fórmula de movilidad, compromete pagos concretos de deuda pública, y no toma compromisos en materia de gastos de carácter permanente, ya que no se han anunciado aumentos de salarios, asignaciones sociales o jubilaciones, sino que lo definido en materia de alivio social adopta la forma de bonos compensatorios que se pagarán durante uno o dos meses, y que se complementan con la decisión de congelar y reducir las tarifas, bajar las tasas de interés, estimular y beneficiar fiscal y financieramente a las Pymes, bajar el precio de los medicamentos, una nueva canasta de precios cuidados y la baja y control sobre el precio de los alimentos.
SOBRE LA DEUDA PÚBLICA
Si bien había trascendido que la apuesta oficial pasaba por suspender los pagos de capital e intereses para los próximos años, en el proyecto de ley se autoriza al Poder Ejecutivo (arts. 57, 58 y 59) a emitir letras que le permitan adquirir reservas del Banco Central por u$ 4.571 millones con el único objetivo de cancelar deuda. No está claro qué función cumple esta decisión en la estrategia general que el Gobierno pretende seguir en términos de reestructuración (el proyecto aclara que se informará sobre los resultados de esta negociación a la Comisión respectiva del Congreso Nacional). Lo que sí es cierto, es que la cifra prevista parece coincidir con los intereses de los acreedores privados que vencen en el 2020, representa aproximadamente el 40% de los intereses totales que se preveían pagar en el presupuesto que Macri había presentado para el año próximo, y es una expresa demostración de la vocación de pago que el gobierno pretende esgrimir en el marco de la negociación con los acreedores. A la vez, la cifra en cuestión representa aproximadamente un tercio del saldo comercial positivo que puede tener la Argentina. Por último, no se ha incluido como parte del proceso de negociación la posibilidad de revisar lo ocurrido con el endeudamiento macrista a efectos de identificar las irregularidades que el mismo parece haber tenido. Irregularidades asociadas tanto a la magnitud de la fuga de capitales que acompañó al mismo, como a las irregularidades administrativas, penales e incluso estatutarias que exhibe el acuerdo con el FMI.
SOBRE LA CUESTIÓN PREVISIONAL
Aparece en este punto uno de los aspectos más polémicos del Proyecto. En el momento en que la fórmula de movilidad que pusiera en marcha el macrismo iba, por primera vez a darle un resultado positivo a los jubilados, la misma se suspende por 180 días y junto con ella todas las actualizaciones de los distintos regímenes previsionales. Obviamente la fórmula macrista no iba a dar un buen resultado por sus virtudes sino, en todo caso, por el cambio de contexto. Hasta hoy la fórmula corría por detrás de los precios ya que ajustaba los haberes considerando la inflación con un atraso de seis meses. Por ende, como su aplicación se dio en el marco de la aceleración inflacionaria, los haberes perdieron poder adquisitivo. Sin embargo, al cambiar el gobierno y preverse una cierta tregua que pudiera llevar la inflación del 2020 por debajo de la del 2019, los jubilados que arrastran un atraso de casi un 18% en la etapa Macri podrían recuperar en parte lo perdido. Si la inflación del 2020 fuese del 40% y se aplicara la fórmula de movilidad tal cual está los haberes tendrían un aumento del 51,29%. De darse en el 2020 una inflación del 40%, los jubilados recuperarían un 8% del poder adquisitivo perdido. La suspensión de la fórmula en un contexto de deterioro de los haberes jubilatorios, sin que se reconozca un aumento de los mismos ya que solo se ha planteado el pago de un bono de 5000 pesos por dos meses para los que cobran la mínima, y sin que se explicite nada respecto a los futuros aumentos que de manera discrecional resolverá el Ejecutivo, no deja de ser una decisión polémica y, en alguna medida, confrontada con la prioridad que los jubilados y su situación tuvieran en el discurso de campaña del Frente de Todos. Podrá decirse que los aumentos que a futuro resolverá el ejecutivo serán mayores que los previstos por la fórmula macrista. Habrá que verlo. Lo que sí parece surgir de la lectura del proyecto y también de los bonos que se instrumentarían es la decisión de priorizar los haberes mínimos y su recuperación frente a las escalas superiores. Esto implica que se achataría la pirámide previsional, y que el financiamiento de los aumentos del haber mínimo no vendría solo de mayores recursos, sino de la redistribución de la masa de recursos previsionales donde los haberes más altos financiarán a los más bajos. De acuerdo a lo trascendido (por que el proyecto de ley no habla de esto) con el pago de los bonos en los próximos dos meses la mínima se ubicaría en $ 19.000.
En el terreno de los recursos el proyecto le transfiere al ANSES el 70% de lo que se recaude del denominado “Impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria” y el mismo porcentaje de los incrementos que se establezcan en las retenciones. Por otro lado, se plantea una interrupción en el descenso que la reforma impositiva macrista había planteado para las contribuciones patronales quedando estas en el nivel que tienen hoy. No obstante, se establecen claras reducciones de las contribuciones patronales para las pymes y para las economías regionales. Beneficios estos que se agregan a las facilidades que se otorgan a pymes y micropymes para afrontar las deudas con AFIP. Como corolario de lo que estamos exponiendo corresponde señalar la doble contradicción en la que el Ministro Martín Guzmán incurrió al exponer la necesidad de suspender la fórmula de movilidad. La primer contradicción fue con la explicación que el mismo brindara en su conferencia de prensa anterior al decir que el Gobierno de Cambiemos al cambiar la fórmula para evitar el aumento de los jubilados había impedido que estos participaran del crecimiento de la economía. Hoy, el mismo Ministro que señalara esto, pone en suspenso una fórmula que el año próximo le iba a otorgar una mejora real a las jubilaciones, sin precisar ningún aumento concreto en su reemplazo. La segunda contradicción radica en haber señalado que esto se hace para cuidar el equilibrio de las cuentas públicas. Es decir, queda claro que el objetivo es reducir el peso de las jubilaciones en el gasto, y esto se lo hace en nombre de controlar el déficit y no emitir. Es decir, pese a una formación de carácter estructuralista, a la hora de discutir la cuestión previsional y el aumento a los jubilados vuelve a aparecer el cuco del déficit y la inflación. Causalidades estas que ya se ha demostrado hasta el hartazgo que poco tienen que ver con la realidad.
SOBRE LOS IMPUESTOS
Las decisiones en esta materia muestran un claro sesgo de progresividad y una definición expresa de propiciar un proceso de desdolarización de la economía. La progresividad aparece tanto en la definición del nuevo techo para las retenciones (33%, 15% y 5%), como en la restitución de las alícuotas en el Impuesto a los Bienes Personales que vuelven a los niveles del 2015 y que pueden tener niveles superiores en un 100% para los Bienes de argentinos en el exterior. A la vez, se limita el recurso de los ajustes por inflación en el caso del impuesto a las ganancias y se establece un impuesto del 30% sobre los gastos de turismo en el exterior y de otros consumos (Internet, Netflix, etc.), y sobre la compra de divisas para atesoramiento que se establece aún en el marco y vigencia del cepo y por cinco años. Esta definición indica la decisión de cuidar las divisas para usos productivos y de pago de deuda, al tiempo que articulada con otras decisiones que favorecen el ahorro en pesos intenta avanzar en un proceso de desdolarización. Es importante señalar también que el carácter progresivo de este impuesto se observa en el destino que se le da a los recursos que recaude. Un 70% al ANSES y un 30% para infraestructura a desarrollar en el RENABAP (Registro de Barrios Populares). Corresponde precisar que un impuesto de este carácter, implica en la práctica un desdoblamiento cambiario con un dólar diferencial para el turismo y las finanzas. En este sentido, la decisión estimula el turismo local al tiempo que obliga a supervisar con mayor rigurosidad el sistema de precios a los efectos de que la suba previsible en el dólar blue no impacte sobre los mismos. El tratamiento dado a las deudas tributarias y previsionales, así como a las contribuciones patronales, intenta favorecer a las unidades pymes y micropymes, así como a las economías regionales. No se incluyó en esta problemática una medida que hubiese contribuido al financiamiento del sistema previsional y al equilibrio fiscal como la restitución de las contribuciones patronales a las grandes firmas. Firmas estas que han sido beneficiadas desde Cavallo en más con decisiones de esta naturaleza y que en ningún caso dieron como resultado los declamados efectos positivos sobre el nivel y la calidad del empleo. Junto a lo expuesto hay aumento en la tasa de estadística, en el impuesto al cheque para algunas operaciones y en algunos casos para impuestos internos.
SOBRE LA CUESTIÓN TARIFARIA
Se plantean aquí tres medidas fundamentales. En primer lugar, mantener las tarifas de electricidad y Gas Natural bajo jurisdicción federal y facultar al Poder Ejecutivo Nacional a iniciar una renegociación de la Revisión Tarifaria Integral vigente o reiniciar una revisión de carácter extraordinario, por un plazo de 180 días y propendiendo a la reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares y las empresas para el año 2020. En segundo lugar, se intervienen los organismos reguladores (ENRE y ENARGAS) y, en tercer lugar, se mantiene la competencia del ENRE sobre el servicio público de distribución de energía eléctrica de las concesionarias EDENOR y EDESUR.
SOBRE LA POLÍTICA DE INGRESOS
No hay una definición en esta materia aún. No se tomó la decisión de aumentar salarios de los estatales, haberes jubilatorios y asignaciones familiares. Lo que se plantea es un conjunto de acciones compensatorias y que se resumen en los dos bonos para Diciembre y Enero de 5000 pesos para los jubilados, en el Bono para los beneficiarios de la AUH de 2000 pesos y en la instrumentación de la Tarjeta alimentaria. Estas acciones de carácter compensatorio se ven acompañadas por otras políticas que se están impulsando y que remiten a propiciar una baja en el precio de una canasta de alimentos, en el nuevo esquema de precios cuidados que se pretende instrumentar, en la baja en el precio de los medicamentos y en el ya señalado congelamiento e intento de reducción real de las tarifas de luz y gas. En síntesis, el gobierno no ha definido aún una política de ingresos y busca por vía de las acciones compensatorias mencionadas y el trabajo sobre la estructura de precios llevar alivio a los hogares e impulsar una recuperación moderada del consumo. El temor al déficit fiscal, el cuidado de no emitir y la preocupación por la inflación están por detrás de estas decisiones. No obstante, puede decirse que el gobierno parece haber resuelto en su presente dispositivo de política económica, que las fuentes de emisión sean otras. Hay emisión para comprar dólares que aumenten reservas para dar sustentabilidad al pago de deuda, para ir desarmando las Leliqs y, seguramente, para afrontar los próximos vencimientos de la deuda en pesos. El cuidado en la emisión se hace extremo al hablar de la política de ingresos y es por esta razón que la misma aun no se ha definido. En tanto la política de ingresos sobre los sectores más vulnerables (indigencia y pobreza) se transforma rápidamente en consumo en un contexto de capacidad ociosa del orden del 50%, esta define una mayor y más rápida tasa de crecimiento. Puede suponer un mayor consumo de divisas y por lo tanto una mayor restricción para los pagos de deuda pública. La decisión de dar claras señales de que se afrontarán los pagos (el proyecto ya compromete 4.571 millones de dólares) está por detrás de la opción por una recuperación moderada del consumo y la actividad económica. Asimismo, la decisión de bajarle las retenciones a los hidrocarburos del 12% original al 8% parece asociarse con el mismo objetivo. Los dólares potenciales de Vaca Muerta como promesa de pago seguramente habrán influido en esta definición.
Estamos en presencia de un proyecto de ley que reconstituye la caja del sector público en base a tributación progresiva, que intenta mostrar vocación de pago de la deuda pública y que articulado con un conjunto de medidas de compensación social en un nuevo contexto de precios, tasas de interés y tarifas, pretende estimular el consumo y la actividad económica.
Claudio Lozano
Dirigente de Unidad Popular
Coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas
