Unidad Popular CABA, la CTA Autónoma Capital y el Observatorio del Derecho a la Ciudad presentaron este lunes 3 de febrero, en los juzgados de Comodoro Py, una denuncia penal contra el ex presidente Mauricio Macri y el ex presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Ramón Lanús.
La denuncia contra el ex presidente Macri y Lanús, se realizó por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y Abuso de Autoridad; y de Administración Fraudulenta contra Administración Pública. La misma quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 11, expediente N° 428/2020.
Jonatan Baldiviezo, Presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, aclaró que la presentación “se debe a una serie de decretos por lo cuales se autorizó la venta de cientos de inmuebles del Estado Nacional sin autorización del Congreso: única autoridad competente para decidir sobre la disposición de bienes del Estado”.
A su vez, en esta maratón de transferencias, la Ciudad de Buenos Aires recibió 18 inmuebles y terrenos ferroviarios de muy alto valor, en una maniobra que se encuentra expresamente prohibida de llevarse a cabo en los últimos seis meses de gestión, tal como sucedió en los casos denunciados.
Si bien además existen leyes nacionales como la número 27.098 sobre clubes de barrio y pueblo, en cuyo artículo quinto reza «Asegúrese el derecho a la propiedad para aquellos clubes de barrio y de pueblo que tengan sus sedes construidas en terrenos fiscales», el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta puso a la venta terrenos de la Ciudad que deberían pasar a manos de distintos clubes como es el caso, por ejemplo, del Darling Tenis Club, amparado en dicha ley.
Al salir de Comodoro Py, Franco Armando, secretario de Organización de CTAA Capital, se refirió a la denuncia de la siguiente manera: “Nosotros entendemos que así como el macrismo endeudó al país de manera ilegal e ilegítima, hizo lo mismo con las tierras de la Ciudad que pertenecen a la Nación: no cumplen los requisitos previstos por la ley, no pasan las decisiones por el Congreso ni respetan los procedimientos. Por lo tanto consideramos que dicho acto comprende un delito y por ello lo denunciamos penalmente”.
“Si bien este tipo de maniobras no son nuevas, lo más grave y que nos ponen en alerta, es que sabiendo el macrismo el resultado de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), sabiendo que no renovaban mandato, tomaron la decisión e incluso aceleraron los tiempos para llevar adelante su política de tierra arrasada, de hechos consumados, ese desguace del Estado que es lo que desde la CTAA Capital estamos denunciando”, agregó Franco.
Por su parte, Pablo Spataro, secretario General de la CTAA Capital expresó: “El macrismo, a pocos días de dejar la gestión por la derrota electoral en las urnas, ha sacado de manera ilegal una serie de decretos y decisiones administrativas, que autorizan la transferencia de inmuebles del Estado Nacional al Estado de la Ciudad. Esto no solo es ilegal, porque para hacer tal fin se necesita de la autorización del Congreso de la Nación, cosa que no pasó, sino que demuestra a las claras la inmoralidad de cómo ejercieron la función pública estos últimos 4 años».
María Eva Koutsovitis de Unidad Popular planteó: “Los ejes de la gestión Macri-Larreta en la Ciudad de Buenos Aires son la concentración económica en torno a la tierra, la sobreexplotación inmobiliaria y la mercantilización urbana en todas sus dimensiones. La venta ilegal de inmuebles y tierra pública evidencia la consolidación de un modelo extractivo urbano, que profundiza la desigualdad, y cuyas consecuencias son la emergencia habitacional, ambiental y económica.
Y agregó “este tipo de maniobras ilegales jaquea el sistema de democracia participativa consagrado en la Constitución de la Ciudad, al ignorar los reclamos genuinos de la ciudadanía respecto al destino de muchas de estas tierras e inmuebles, como por ejemplo los terrenos donde se encuentra emplazado el Supermercado COTO aledaños al barrio Carlos Mugica (ex Villa 31 y 31 bis) reclamados por la comunidad del barrio para la construcción de un hospital. O los terrenos ferroviarios de Caballito, donde diferentes asambleas y colectivos barriales, solicitan que sean destinados a un parque verde público o las tierras de Catalina Sur que le serán arrebatadas a un club de la zona para la destinarlas a la construcción de megatorres”.
