Por Daniel Escotorin*
La situación económica y social en la Argentina post macrista no podía ser más complicada y crítica. Resultaría un facilismo literario y político si se lo describiese con la misma terminología que usó la derecha y sus acólitos al asumir el gobierno nacional cuatro años antes, en el 2015 y el periodo subsiguiente.
Lo real es que con una economía en caída, deuda externa desorbitante e impagable y con indicadores sociales graves tales como pobreza, indigencia, desocupación, subocupación mostraban el arrastre y efecto de cuatro años de restauración neoliberal. El desafío, enorme en la proporción de las necesidades mayoritarias, requería de una ingeniería política que en la conformación del Frente de Todos contenía raíces de conciencia de cómo afrontar ese escenario. No podría el kirchnerismo por si solo, ni el peronismo tampoco pero aunados y sumando al conjunto mayoritario de las fuerzas del campo popular el volumen político y su consistencia pudo enfrentar y derrotar a la coalición de derechas que desde el 2015 logró emerger luego de cien años con fuerza, espacio y poder político propios. El bipartidismo del siglo XX cedió al bifrentismo de esta etapa y esa estrategia posibilitó el triunfo y diseñar políticas en torno a la crisis vigente, pero en modo de “tormenta perfecta” tres meses después llegó la pandemia y ya nada fue igual.
La obligación de constituir el frente con la amplitud que alcanzó, se debió al momento de características defensivas que atraviesa el conjunto de los sectores populares luego del ataque frontal de las clases dominantes en el periodo anterior, donde si bien hubo resistencia esta fue disgregada y sin organizaciones sólidas y más bien se trató de un conjunto de acciones coordinadas por una amplia variedad de organizaciones y movimientos sin una direccionalidad establecida frente a un conjunto galvanizado del poder donde concurrieron con representación política, base social y corporaciones civiles propias.
Los componentes políticos de las clases subalternas de Argentina han seguido un derrotero que siguió en el sentido de la subordinación orgánica a los modelos posibles en el campo de las variables del capitalismo neoliberal entre los que hay que englobar al extractivismo y al neo desarrollismo. Desde el quiebre histórico de 1976 el movimiento popular no tuvo capacidad para reconstituir un proyecto propio y alternativo, no desarrolló su “espíritu de escisión” y a partir de 1983 hasta el presente los movimientos orgánicos fueron en el sentido de la centrifugación de las fuerzas populares cuya causa es la ausencia de un horizonte político, de un basamento ideológico y por ende de fuerzas dirigentes. Hacia fines del siglo XX esta tendencia fue general en todo el continente en medio de una ofensiva generalizada del poder financiero bajo consenso democrático. Los nuevos progresismos –populismos del 2000 impregnaron la región de un triunfalismo desmedido sin que hubiesen logrado modificar la matriz productiva, los pilares de las estructuras económicas ni las políticas. El llamado “progresismo consumista” se agotó cuando el influjo del “consenso de los commodities” se detuvo, los precios en el mercado global cayeron y la economía entró en fase de estancamiento, entonces las clases favorecidas por el impulso distribucionista dieron la espalda al modelo y las clases opositoras (medias –altas) capitalizaron el descontento para retomar su ofensiva ideológica. Pero no fue solo una cuestión de factores y variables económicas, coherente con la preservación de los pilares de la estructura capitalista a su vez la superestructura política permaneció inalterable y los modos políticos de las fuerzas progresistas se asentaron en una débil y constreñida democracia liberal donde el voto siguió siendo el espacio de disputa central pero apelando a elementos propios del populismo clásico, esto es la movilización callejera en el marco de un nivel de organización popular frágil por sus horizontes políticos e ideológicos.
Desde este eje partimos en el análisis de la etapa actual, que lejos está de representar un quiebre de la anterior del gobierno de CAMBIEMOS, que es el estado de las clases populares y la relación de fuerzas con las clases dominantes de Argentina.
Pensar el estado y fuerzas de las clases subalternas no es ni un mero ejercicio teórico ni la puesta en el escenario de un posibilismo inmovilizador, por el contrario significa vivificar un debate permanente, dialéctico para la comprensión de la etapa actual y la elaboración de estrategias de lucha contra los factores del poder establecido de los cuales algunos se replegaron mientras que otros permanecen operando abiertamente. Partimos entonces del punto establecido: el Frente de Todos es primordialmente un armado defensivo, una necesidad apremiante ante el surgimiento en primer lugar de un partido de derecha, abiertamente identificado como tal, hecho que no se daba desde 1916 tras la derrota del PAN a manos de la UCR de Hipólito Yrigoyen. El PRO triunfa con una coalición electoral donde el viejo partido radical gustoso con sus nuevas prendas neoliberales le prestó sus bases sociales y aparato político para garantizar en el 2015 el triunfo del hasta entonces partido vecinal porteño. Fue la derecha entonces la que entendió e impuso nuevas reglas de juego en la política nacional al imponerse con un frente electoral lo que obligó al campo popular a replicar lo mismo en el 2019. El corrimiento hacia la identidad conservadora fue a la par de un rabioso discurso anti populista que junto a otros partidos como la Coalición Cívica y partidos provinciales de igual corte ideológico lograron restablecer su poder político. La derrota electoral 2019 fue un golpe impensado para el frente gobernante pero también un alivio en tanto pasó la posta de sus desatinos económicos al nuevo gobierno y le da tiempo para rearmarse, reforzar o reconciliar según el caso, sus vínculos con los factores del poder económico.
¿EL FRENTE DE QUIEN?
La composición del FdT es la clara muestra de esa urgencia de unidad a toda costa (“unidad hasta que duela” lo graficó Cristina Fernández) desde un devaluado PJ, pasando por el progresismo kirchnerista o cristinismo, centro izquierdas, izquierda clásica y un conglomerado de movimientos sociales algunos autónomos y otros como aparato territorial de partidos. Peronistas, socialistas, marxistas, maoístas, cristianos, radicales, sindicalismos varios, etc. fueron los aportantes al frente electoral que llevó a Alberto Fernández a la Casa Rosada. Esta variedad que abarca una gran mayoría de la representación e identidad política de los sectores populares confiere un peso específico notorio, es una garantía de apoyo popular y expresa la dualidad del momento actual de estos sectores: primero, un frente defensivo sin un proyecto sólido ni concreto con más continuidades que rupturas y segundo, con fuerzas que pueden tensionar contradicciones y no permitir un estancamiento o una gestión más cosmética que transformadora. Esto último es el punto en debate para esta etapa y ese debate se da en el plano de la acción política plena como gestión de gobierno y como sectores sociales afectados y demandantes; están en los dos lados del mostrador.
Se puede identificar cuatro grandes grupos al interior del frente: el kirchnerismo con Cristina Fernández como líder única e indiscutida con diversos partidos menores aglutinados en el viejo Frente para la Victoria, luego Unidad Ciudadana y su fuerza núcleo central La Cámpora; fue ella la impulsora y gestora del frente de unidad convocando a Alberto Fernández como candidato del espacio y con él, al segundo espacio, el PJ. Este partido otrora fuerza hegemónica del campo popular fue desgajándose en diversos partidos que en su mayoría tomó dirección hacia la centroderecha y perdió votos en cantidades impensadas en distritos como Buenos Aires, Córdoba, Salta, Jujuy entre otros. El “pejotismo”, etapa ulterior del peronismo, es la derivación política que a partir de los noventa oscila entre el neoliberalismo, los feudos provinciales y el reformismo según conveniencias y dirección de los vientos políticos generales: gobernadores, intendentes y dirigentes sindicales (menos) conforman este espacio devaluado. Justamente de allí se desprende el tercer grupo: Frente Renovador o el massismo (de Sergio Massa), que expresa el espacio conservador, aportante de un núcleo político asentado principalmente en la provincia de Buenos Aires. El cuarto grupo es el heterogéneo conjunto de partidos y fuerzas de izquierda y centroizquierda o progresistas; en el primer grupo está el Partido Comunista (PC), el maoísta PTP-PCR con su fuerza territorial la CCC. En el segundo grupo, los llamados movimientos sociales o piqueteros como la CTEP de Juan Grabois, partidos como el Frente Grande, Unidad Popular, SOMOS de Victoria Donda, figuras como Pino Solanas, la CTA de Hugo Yasky, entre otros. Esta amplitud de fuerzas que en etapas anteriores fueron adversarias o antagónicas expone esa dualidad y potencia. La urgencia electoral no permitió la estructuración de una fuerza política orgánica dotada de dirección y programa sólidos y alternativos: es el desafío para la etapa 2021 -2023.
El gobierno se encontró con cuestiones urgentes a resolver: la situación de hambre y pobreza de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina; esa emergencia la conduce con bastante eficiencia y prolijidad y es un punto a favor de la gestión. La segunda cuestión y además vinculada a la anterior, es la inflación y el impacto de los precios sobre la canasta familiar. Aquí ya no se trata de acciones directas y unívocas, sino de factores y actores multicausales: tarifas de servicios, combustibles, comestibles y sus vínculos con la cadena de producción, distribución, comercialización, los oligopolios e intermediarios, cadenas de supermercados, etc. Que no solo escapan al control del Estado, lo desafían y lo niegan. Un primer atisbo de una vieja lucha que regresa en forma descarnada. La tercera cuestión es la deuda con el FMI, cuyo lastre condiciona cualquier posibilidad de crecimiento y recuperación de autonomía económica nacional. Renegociación, auditoria, moratoria, entre otras posibilidades y opciones son las que se manejan y discuten al interior del frente no sin tensiones abiertas. Aquí comienzan a jugar las historias y perfiles políticos e ideológicos de los componentes de la coalición y también comienzan a jugar los tiempos, las expectativas, los intereses y objetivos de los actores políticos y junto a ellos las respectivas capacidades y poder de presión, articulación, acuerdos y acción para sostener la gestión, apoyarla y propender hacia un avance que supere la línea del status quo imperante. La pregunta es ¿Cuál fuerza política y social tiene capacidad, traducido como poder y voluntad, para direccionar el Frente y eventualmente el proyecto de gobierno? y finalmente la inesperada llegada de la pandemia del COVID 19, la paralización o ralentización de la economía con los consecuentes agravantes sobre la producción, el empleo, la recaudación, etc.
HEGEMONIAS, CONSENSOS Y PREDOMINIOS
El cambio de gobierno no implica un giro fundamental en el modelo económico sino que como ocurrió en la periodo 2000/2015 hubo un reacomodamiento de fracciones dominantes y en el contexto global una actualización del capitalismo que luego del avance voraz del sector financiero, éste cedió una parte de su predominio al sector primario financiero incorporando el factor commodities para el desarrollo del extractivismo en los países periféricos, en paralelo a una etapa global multipolar. El surgimiento de gobiernos progresistas populistas en la región abrió el camino a modelos redistribucionistas con diversos grados de avances sociales y cambios políticos pero que estructuralmente mantuvieron sus economías a tono con las demandas del mercado mundial. Fueron méritos indiscutidos la capacidad de sacar de la extrema pobreza, indigencia y pobreza a amplias capas de la sociedad, integrarlas a la salud pública, la educación en sus tres niveles, vivienda y en menor grado al mercado laboral formal; esto dotado de una verborragia populista fueron el abono para fomentar una reacción desmesurada de las clases dominantes que soliviantaron los ánimos de fracciones de la clase media y lograron así en la mayoría de los países poner freno a estos modelos reformistas (Argentina 2015, Brasil 2016, Ecuador, 2014, Uruguay 2019); en el caso de Venezuela el estancamiento es por demás ostensible y solo su retórica antimperialista aparece como un logro persistente del chavismo original, Bolivia soporta una ofensiva autoritaria y antidemocrática después del golpe de Estado que obligó a Evo Morales a exiliarse. Dos casos opuestos son México con el gobierno de López Obrador, de perfil progresista moderado de reciente gestión y por otro lado, Chile donde un estado de movilización social sostenido desde octubre del año pasado puso fin al consenso neoliberal de 30 años de democracia tutelada y restringida.
Lo que no cambió fue el ordenamiento de las clases dominantes: el predominio del capital financiero, principalmente transnacionalizado, en alianza con fracciones agroexportadoras y sectores del sector energético primario (gas, petróleo) y minería: los pilares del extractivismo. Este modelo es una fase renovada del neoliberalismo, que agotado la etapa fundante se renueva no solo sobre el esquema económico sino también en sus fundamentos ideológicos. El neoliberalismo original era reaccionario: regresivo en lo económico y conservador en lo social. No escondía su elitismo y segregacionismo, puesto que en pleno desarrollo y expansión coincidió con la implosión del socialismo europeo y soviético deviniendo nuevos soportes conceptuales como el “fin de las ideologías”, el “fin de la historia” y el “fin del trabajo”, el “nuevo orden mundial” y el “pensamiento único”, entre otros. La mutación del modelo vino por propio movimiento y por fuerzas exógenas de las resistencias globales, dispersas y múltiples; así entonces el neoliberalismo incorporó en su agenda nuevas demandas que parecían impensadas para las características de este modelo: ¡pobreza!, medio ambiente, cambio climático, mujeres, diversidad cultural, etc., se incorporaron a su cosmovisión. El neoliberalismo construyó su perfil progresista y generó condiciones para un nuevo consenso.
Esta es una agenda que para las fuerzas del Frente de Todos resulta casi propia aunque no está exenta de contradicciones y limitaciones. El dilema se presenta no tanto en torno al consenso sino a la construcción de una nueva hegemonía. Sobre este categoría se escribe y se la usa de múltiples formas incluso en un sentido negativo como sinónimo de autoritarismo, vaya confusión. En su extremo, en la versión progresista posmoderna y que ha sido incorporada por una buena parte de sectores del campo popular y por sus intelectuales orgánicos, “hegemonía” se limita a la mera disputa en el campo cultural, una batalla cultural por los sentidos. Así entonces esta disputa se da en y por los medios de comunicación, en los dispositivos de creación social del lenguaje, los símbolos y representaciones y en el sistema educativo. La hegemonía en el sentido gramsciano adquiere una dimensión mucho más profunda y compleja: es el factor necesario que vincula la estructura con la superestructura para conformar un bloque histórico. O sea, se trata del conjunto de elementos por los que las clases dirigentes o una fracción de ellas expande y consolida su dominación por la vía no coercitiva, en primer lugar a través de una serie de acuerdos con las otras clases aliadas o del bloque dominante y desde allí hacia el conjunto de la sociedad, es decir las clases subalternas. Hegemonía es la capacidad de imprimir a la sociedad una dirección moral e ideológica, imponer un conjunto de valores, sentidos, etc., sobre los aspectos más variados y concretos de la vida social en torno a un modelo económico fundamental. Sin hegemonía las clases dominantes perderían su capacidad de dirección sino a través solo de la coerción directa por lo que estaríamos frente a una crisis donde las clases antagónicas subalternas estarían en capacidad de ascender en el rango de disputa por el poder político, entendiendo esto como la extensión hacia el control del Estado y el reemplazo de la vieja clase dirigente (en cierta medida es lo que está ocurriendo hoy en Chile) pero si decimos que sin consenso no hay hegemonía, para el caso de las clases subalternas vale enunciar que sin clase o fracción dirigente tampoco existe tal cosa.
ESTADO, CLASES Y SUJETOS
Dado este contexto y etapa histórica ¿Cuáles son los factores fundamentales en disputa y los actores y sujetos posibles y concretos?
La llegada del FdT con un peronista a la cabeza al gobierno puso en debate otra vez la centralidad del rol del Estado a la hora de dirimir conflictos y antagonismos entre el Capital y el Trabajo, a la hora de asistir a cualquier sector ante una emergencia en aras del bien común, etc.; percepción que tomó mayor vuelo en el contexto de pandemia y paralización de la vida económica. El Estado aparece como el agente director, el actor dirigente o el árbitro justo que pondrá el equilibrio necesario entre las fuerzas antagónicas desconociendo que el Estado es ante todo un reflejo y construcción de las clases dominantes, una herramienta para la eficaz tarea de administrar y gestionar las relaciones sociales, económicas y políticas de la sociedad. La inclinación de la balanza a favor de unos u otros no depende tanto del tipo de gestión y perfil político como del poder y sustento político de las clases que aspiran a acceder al gobierno. En el imaginario de la cultura peronista el Estado adquirió una potencia enorme y distorsionada, el ideal que “el Estado” resuelve todo y bien, a favor del pueblo contra el mercado que, ajeno a la política genera los males de la sociedad. Esta “estadolatría” es consecuencia de la debilidad orgánica de las clases subalternas que carentes de fuerzas dirigentes ve en el Estado el recurso último de resolución del conflicto social pasando por alto que éste es mucho más que los cargos y la gestión coyuntural y es a su vez caja de resonancia y ámbito de disputa del conflicto de clases. Las experiencias de construcción de Poder Popular están disgregadas y no alcanzan a articular sus fuerzas para una disputa integral contrahegemónica, algunas de ellas poseen una entidad basista que reniega de la lucha política electoral e incluso de vínculos con el Estado.
En la identificación del perfil político ideológico del FdT vimos un concurrente mayoritario de fuerzas progresistas, de izquierda, peronistas, etc., pero esto no garantiza que el proyecto y la gestión de gobierno tenga un giro claro hacia la izquierda y esto es así porque el sustento social es débil: las clases populares fueron afectadas directamente por la reestructuración capitalista neoliberal. Las nuevas formas de trabajo, de contratación, la desregulación, flexibilización, deslocalización, la informatización, entre otros factores atravesaron transversalmente las relaciones intraclase, efectos como la desocupación, la subocupación y la informalidad laboral contribuyeron también a que la clase obrera haya dejado de ser columna del movimiento popular y sujeto rector para el cambio social. Si no ellos ¿Quién?
El rol de los movimientos sociales, catalogados extrañamente como “nuevos” emergieron en este contexto de crisis: pueblos originarios, mujeres, ambientalistas, desocupados, barriales entre otros efectuaron el típico recorrido que va desde la demanda puntual, sectorial hacia el campo de reivindicaciones más amplias y unidas a las de otros sectores llegando a planteos de tipo político: el rol del Estado, identidad grupal y desarrollo organizativo, adversarios y antagonistas, etc., sus aportes fueron desde elementos éticos políticos como los pueblos originarios, mujeres, como económicos organizativos en el caso de desocupados, barriales pero siempre en un andar movimientista: heterogéneo, no lineal, multiforme y en diálogo constante con los otros sectores sociales afectados por el modelo neoliberal. En este punto entonces el debate es acerca del estado de las clases subalternas en nuestro país y quienes son/serían los sujetos y actores del cambio social.
En la amplitud de movimientos no se distingue hoy uno que tenga la capacidad de asumir el rol de fuerza dirigente al interior del campo popular. Ya que una fracción antes de ser hegemónica en lo nacional, primero debe ser dirigente al interior de su grupo o clase. La retracción política del movimiento obrero dejó carente al movimiento popular de una cabeza y cuerpo vertebrador, pero real es también que aquel no posee un proyecto real y posible en términos alternativos ni de superación del modelo vigente. Entiéndase esto como programa orgánico integrado en la cosmovisión, en la identidad de clase y motor de las acciones políticas del movimiento. Como contrapartida a esta disgregación de las clases subalternas, las fracciones de las clases dominantes y aliadas muestran un nivel de homogeneización que les permite sortear las diferencias sin mayores dificultades y sus contradicciones hoy están subordinadas al rol y acción de las fracciones principales. Es decir, que a nivel de clases dominantes se identifica que el conflicto es a nivel socio económico, mientras que a nivel de las clases subalternas si bien hay una identificación de la esencia, histórica por otra parte, del conflicto de clases éste se diluye en espacios de disputa en función de la multiculturalidad, los diversos movimientos sociales, etc.; pero en tanto no se erija una fracción que tenga la capacidad de intervenir en el entramado de las relaciones económicas productivas y sociales, las capacidades de torcer el rumbo de un modelo que aunque exprese síntomas de agotamiento, encontrará los meandros para asegurar su continuidad en el proceso donde las crisis recurrentes no provocan más que cimbronazos estacionales.
Es decir, a manera de conclusión, que el Frente de Todos que hoy gobierna Argentina es a pesar de esto una fuerza defensiva, con un programa mínimo pero que a pesar de esta cualidad, la oposición de derecha despliega una estrategia de bloqueo permanente. El contexto de pandemia obligó al movimiento popular a reducir su capacidad de movilización y esto fue hábilmente aprovechado por los otros, persistirá la duda si el gobierno hubiera apelado a esta herramienta para defender sus políticas. Por lo tanto las tareas del movimiento popular deben apuntar a: consolidar el espacio frentista, desarrollar una estrategia de blindaje político tanto defensivo pero también para avanzar en el sentido ofensivo y construir desde la articulación política partidaria – movimientos sociales nuevos paradigmas y propuestas de superación de los modelos vigentes propuestos por el capitalismo.
*Historiador. Presidente de Unidad Popular (UP) Salta
Fuente: www.rebelion.org
