Claudio Lozano, dirigente nacional de Unidad Popular, sostuvo que:
– con media sanción en la Cámara de Diputados, la iniciativa de gravar a las grandes fortunas con un aporte extraordinario por única vez en el marco de la emergencia sociosanitaria ha suscitado reacciones infundadas y engañosas por parte del sector conservador del arco político, mediático y empresarial.
– la ya conocida práctica de este círculo pequeño, pero con poder, por querer camuflar sus intereses particulares con el interés general, nos obliga a insistir con argumentos ya expuestos en el documento “Terminemos con la rebelión fiscal de los ricos”, elaborado por el Instituto de Pensamiento en Políticas Públicas el mes septiembre, que aquí volvemos a acercar.
Repasamos algunos los Mitos Infundados a los que oponemos razones justificadas como las siguientes:
1) «Afectará a la producción y el empleo”: FALSO. Este tipo de gravámenes que descansen en el atesoramiento y los patrimonios de las personas físicas permite desplazar la carga tributaria que impone directamente la renta y los bienes desde las empresas hacia sus accionistas de manera de desalentar la recurrente distribución de dividendos y promover la reinversión de utilidades. Es decir, dispone de una relación virtuosa respecto al proceso de inversión productiva.
2) “La carga impositiva ya es elevada”: FALSO. La presión fiscal está por debajo de la media regional y mundial si evaluamos el ámbito de la administración central del gobierno nacional, y se encuentra en el promedio cuando se incorpora el resto de los niveles institucionales. El problema tributario de la Argentina no es el peso excesivo del gasto ni la presión fiscal, sino una composición tributaria que recae mayoritariamente sobre el consumo y el trabajo y en menor medida sobre las rentas, utilidades y patrimonios.
3) “Causará una rebelión fiscal”. FALSO, porque la rebelión fiscal de los ricos es en realidad la norma actual que caracteriza el esquema tributario argentino. Se estima que la evasión de impuestos directos sobre la renta de personas físicas y corporaciones es cercana al 4% del PBI, es decir un billón de pesos. Mientras las consultoras privadas calculan un total de 114 mil personas con patrimonios superiores al millón de dólares, AFIP sólo registra 32 mil, un número muy inferior que declaran tener el 68,4% en el exterior. Está claro que la vigencia de generosas alícuotas y exenciones no es el camino para convencer a los millonarios a declarar sus fortunas.
El aporte sobre las grandes fortunas es un paso importante en dirección al objetivo central: Terminar con la rebelión fiscal de los ricos. Para este objetivo es imprescindible avanzar en una profunda reforma impositiva que termine con la injusticia tributaria que rige en nuestro país.
