Cada vez que en nuestro país afrontamos diferentes crisis, el problema del acceso a la alimentación de nuestro pueblo entra en el centro de las disputas y debates de modelos. Un tema que muchas veces desde las estructuras de la clase política tradicional no se abarca con la seriedad del caso y solo se reflexiona cuando comienza a ser parte de un problema: el precio o la escasez de los alimentos.
Hoy en nuestro país vivimos una profunda crisis económica, producto de la reconstrucción neoliberal en la región y profundizada por la pandemia de Covid-19. Miles de familias humildes están sufriendo el desplome de sus ingresos, padeciendo no sólo el crecimiento del desempleo sino la acuciante falta de ingresos para satisfacer sus necesidades más elementales, comenzando por la alimentación.
En ese sentido, como viene proponiendo la campaña que realizamos desde nuestro partido, la crisis que atravesamos quizás sea la coyuntura sobre la cual reflexionar y problematizarnos sobre esta realidad que vive nuestro pueblo, desde una perspectiva de poder. Del poder que puede estar en manos propias o del poder que significa que esté en manos ajenas, ya que el conjunto de la población depende de multinacionales para alimentarse todos los días.
En Argentina, desde fines de la década de los noventa, comenzó a darse de manera masiva y sistemática, un fenómeno de grandes adquisiciones de tierras por parte de compañías extranjeras, generando un proceso de dependencia que abarca toda la cadena de producción de alimentos.
Desde que llega a nosotras y nosotros, hay una larga cadena multinacional que anuda nuestra soberanía, generando una dependencia absoluta a la fluctuación del dólar. Es decir, la producción de alimentos depende del valor de la renta de la tierra que está dolarizada (porque la producción de alimentos compite con la producción de commodities), luego los paquetes tecnológicos de semillas que se utilizan también se cotizan en moneda extranjera, para luego pasar a las grandes comercializadoras multinacionales como WalMart o Carrefour.
Es por eso que cuando hablamos de soberanía alimentaria lo hacemos desde la perspectiva de la soberanía popular, porque la lucha contra el hambre comienza cuestionando cada uno de esos núcleos de concentración monopólica y fortaleciendo un modelo alternativo integral, de política pública que logre quitarnos la dependencia de las multinacionales y del dólar.
Hoy hay experiencias concretas que desarrollan las organizaciones sociales y lxs productores y productoras de la agricultura familiar y campesina. A lo largo y a lo ancho de nuestro territorio vienen desarrollando la agroecología como método tecnológico de producción, construyendo nuevos canales y estructuras de comercialización, con precios justos. También avanzando en el acceso a la tierra por parte de los productores y productoras, con la presentación de leyes en defensa de las semillas criollas y la puesta en marcha de colonias agropecuarias, diseñando políticas públicas que fomenten una vuelta al campo y una mayor participación popular en la producción de alimentos. Son algunos de los reflejos de las acciones más desarrolladas que van allanando el camino de poder comer sano, seguro y soberano.
Desde nuestro partido, el Instrumento Electoral para la Unidad Popular, venimos acompañando cada una de estas luchas. También impulsando la estatización de la empresa Vicentin, no sólo para reparar una de las tantas estafas de los sectores agroexportadores al pueblo, sino también como la posibilidad de tener una empresa testigo del comercio de granos en Argentina. Una herramienta que nos permitiría blanquear y fiscalizar el ingreso de divisas, fijar precios de referencia para las cerealeras y también financiar la construcción de una empresa pública de alimentos, acumulando fuerzas para avanzar hacia la soberanía alimentaria.
Nuestra propuesta de la estatización de la empresa Vicentin debe pensarse desde la intención de sumar a ese programa y esa experiencia concreta. Entendemos que la democratización de la tierra y de las estructuras de comercialización y la promoción del Estado de políticas públicas que fomenten una vuelta al campo con producción agroecológica sólo se alcanzará con un claro protagonismo de la sociedad civil y sus organizaciones populares presionando para que esto suceda.
El desafío al cual arribamos luego de un año difícil para nuestro pueblo y para los proyectos emancipatorios que venimos construyendo desde diferentes recorridos y militancias, es la unidad de estas experiencias y programas para que avancen con más fuerza hacia la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
Hoy más que nunca debemos profundizar la Unidad Popular, mejorar nuestra relación de fuerza, para que nuestro pueblo pueda decidir qué producir, cómo producir y para quién producir, condición indispensable para una patria emancipada y la soberanía nacional.
Pablo Mayorga
Unidad Popular La Rioja
