Por María Eva Koutsovitis y Jonatan Baldiviezo
El 2 de noviembre de 2017, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la Ley N° 5.885 que autorizó al Poder Ejecutivo, a través de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), a concesionar la operación y mantenimiento del SUBTE por un plazo de 15 años. La Ley fue votada por el PRO y la Coalición Cívica.
Durante la discusión de la ley, desde el GCBA y los bloques legislativos de estos partidos se sostuvo que Metrovías no sería la nueva concesionaria, sino que vendrían empresas internacionales a hacerse cargo de la operación del SUBTE. El gobierno adujo que la reprivatización era necesaria para instar al recambio de concesionaria en pos de una mejora sustancial del servicio.
En el debate parlamentario, legisladoras y legisladores integrantes de la Coalición Cívica calificaron de “nefasta” y de llevar a cabo “maniobras fraudulentas” a la empresa Metrovías. También desde el bloque del socialismo porteño, hoy aliado orgánico de la gestión, Metrovías era de las empresas “que gestionan muy pero muy mal” la prestación de un servicio público.
La Ley N° 5.885 fue votada por 32 legisladores (Bloque del Pro, Confianza Pública, Coalición Cívica) no alcanzando los 40 votos necesarios (dos tercios de los miembros de la Legislatura) y sin las audiencias públicas obligatorias establecidas por la Constitución de la Ciudad.
Por este motivo, desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, con el acompañamiento de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria y el IPYPP presentamos una acción de amparo colectivo para que la Justicia declare la nulidad e inconstitucionalidad de la Ley N° 5.885 por no respetar los arts. 63, 82 inciso 5, 89 inciso 5, y 90 de la Constitución de la Ciudad.
La causa fue caratulada «Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad c/ GCBA s/ Amparo – Licitaciones» Expte. N° A906-2018/0. Tanto en primera como en segunda instancia se rechazó la demanda sosteniendo que el régimen de privatización de bienes de dominio público de la Ciudad no se aplica cuando estos bienes se encuentran integrados en la concesión de un servicio público. Esta distinción no tiene fundamento constitucional.
El art. 82 de la Constitución de la Ciudad establece que con la mayoría de los dos tercios del total de sus miembros (40 votos), la Legislatura «aprueba toda concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre inmuebles del dominio público de la Ciudad, por más de cinco años» (inciso 5). Por su parte, el art. 89 de la Constitución porteña dispone el procedimiento de doble lectura para «(t)oda concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre el dominio público de la Ciudad» (inciso 5). Los cientos de inmuebles que conforman el SUBTE son del dominio público de la ciudad; la concesión del SUBTE implica también constituir derechos sobre éstos en cabeza del concesionario. Por lo tanto, resultaba indudable la aplicación de los arts. 82, inciso 5; 89, inciso 5, y 90 de la Constitución de la Ciudad, pero los grandes intereses en juego doblegaron la tesitura jurídica del poder judicial.
Para demostrar en qué medida los intereses económicos llevan a la legislatura a actuar con absoluta incoherencia, comentaremos que el 22 de marzo de 2018, se sancionó la Ley N° 5.954, que autorizó la privatización del sistema de transporte público de bicicletas, luego de aplicar el procedimiento de doble lectura en cumplimiento de los arts. 89 y 90 de la Constitución de la CABA. Por ende, en el tratamiento de dicho proyecto se realizó audiencia pública. Resulta inentendible que para autorizar la concesión de estos dos sistemas de transporte la legislatura se rija, en cada caso, por procedimientos constitucionales distintos.
Tres años después de aprobada la Ley N° 5.885, las alianzas electorales pudieron más que el deber de proteger los derechos de la ciudadanía y de adoptar políticas orientadas a mejorar la movilidad urbana a través del SUBTE como servicio público, y volvimos a caer con Metrovías.
El resultado de la nueva licitación pública internacional hizo que SBASE adjudicara nuevamente a Roggio-Metrovías la concesión de la operación del Subte. El proceso licitatorio comenzó en 2018 y se recibieron tres ofertas. Entre finales de 2019 y principios de 2020, dos de las empresas – RATP (subsidiaria del Metro de París) junto con Alstom, y Keolis con Transport for London y Corporación América- anunciaron su retiro como oferentes. Metrovías quedó como única oferente de la licitación.
Se informa que la empresa realizará “inversiones en materia de infraestructura” para “la incorporación de nuevas tecnologías de vanguardia orientadas a brindar un mejor servicio a los usuarios”, dentro del concepto que la nueva concesionaria ha denominado “Subte del futuro” donde se pasará de un mantenimiento 2.0 a uno 4.0. Ahora nos proponen que debemos creer en Metrovías que hasta el presente no pudo garantizar ni siquiera el funcionamiento adecuado de las escaleras mecánicas o los ascensores. En los últimos años, formaciones del Subte descarrilaron y se denunció falta de inversión.
Actualmente, en toda la red de subterráneos puede observarse el mal estado de las estaciones y formaciones, al mismo tiempo que constantemente se producen anegamientos luego de fuertes lluvias que obligan a suspender el servicio. Por otro lado, es muy frecuente que se vea restringida la accesibilidad a las personas con movilidad reducida por la inexistencia o el mal funcionamiento de escaleras mecánicas y ascensores.
A los mencionados problemas de infraestructura, se agrega el incumplimiento de las frecuencias y el insuficiente horario de funcionamiento del servicio. En comparación con otros servicios latinoamericanos, el subterráneo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es uno de los servicios que presta menor cantidad de horas de servicio.
Otro punto no menor ha sido el comportamiento de la empresa concesionaria respecto a la crisis generada por el asbesto encontrado en diferentes trenes de la flota del subte. A pesar de estar expresamente prohibido por Resolución N° 823/2001 del Ministerio de Salud de la Nación, este material cancerígeno fue encontrado en los Mitsubishi (Línea B), Fiat- Materfer (Línea E), CAF 5000 (Línea B), Nagoya 5000 (Línea C). Cabe recordar que el problema del asbesto surgió a partir de la noticia de que un trabajador del Metro de Madrid enfermó de cáncer de pulmón por asbestosis, lo que encendió las alarmas entre los trabajadores del subte, ya que el Gobierno de la Ciudad había adquirido coches usados del subterráneo de la capital española. Luego de múltiples revisiones se «descubrió» que gran parte de la flota de trenes contenía ese material aislante. Sin embargo, Metrovías como operador del servicio nunca tomó las medidas precautorias necesarias para evitar poner en peligro la salud de los trabajadores y solo actuó una vez que el problema había tomado estado público.
Desde el año 2016 hasta el 2020, Metrovías recibió 6.813 multas por incumplimientos en la prestación del servicio y se encuentran firmes multas por un monto total de $71.584.526.
Por último, Metrovías y el GCBA nunca informaron cuál es la ganancia de Metrovías por operar el Servicio Subte., a pesar de que la justicia ordenó brindar dicha información en una de las audiencias públicas convocadas para la modificación de la tarifa técnica.
La concesión del Servicio SUBTE constituyó un gran negocio para Metrovías. Por una parte, no asumió riesgo empresarial alguno ya que los gastos y su ganancia son financiados en su totalidad por los usuarios y por el GCBA. Y, por otra parte, Metrovías no ha realizado la infraestructura correspondiente, no ha mantenido el subte adecuadamente (ni siquiera está garantizada la infraestructura de accesibilidad) y el servicio se presta deficientemente. La privatización del servicio no cumplió con ninguno de sus objetivos originarios: eficiencia, buen mantenimiento y mejora del servicio.
El entendimiento de la política como el arte de transformar lo público en privado que demuestra la actual coalición de gobierno en la Ciudad, tiene siempre el mismo saldo: negocios garantizados para un sector empresarial y precarización de los servicios públicos para el conjunto de la Ciudadanía.
