El jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y su vice Diego Santilli presentaron el martes último los “Compromisos de la Ciudad” para los próximos tres años, el período 2021-2023. Esta “modalidad de gestión” fue implementada por el dirigente del Pro al inicio de su primer período de gestión, en 2015. Desde aquella fecha, todos los años se anunciaron compromisos desde el GCBA hasta llegar a 54 compromisos públicos para el período 2016-2019. En palabras de Larreta, los compromisos inauguraron una “relación de ida y vuelta” con la ciudadanía, que pudo seguir el grado de cumplimiento. También, en sus palabras, hacen más transparente la gestión mostrando sus prioridades.
Resulta alarmante la deficiencia democrática en la determinación de los compromisos de gestión que viene realizando el GCBA año tras año. En primer lugar, resulta muy llamativo que la prioridad quede reducida a la discrecionalidad del Jefe de Gobierno, cuando las prioridades, de acuerdo a la Constitución, deben ser definidas por la Legislatura mediante la aprobación de la ley de presupuesto y el resto de las leyes.
Los compromisos de Rodríguez Larreta no tienen ninguna correspondencia con la gran cantidad de mandatos legales dispuestos por la Legislatura. La “gestión por compromisos” demuestra displicencia hacia el órgano democrático por antonomasia y el desarrollo de una gestión sujeta a la voluntad unilateral del Jefe de Gobierno.
Estos compromisos que no derivan del parlamento (Democracia Representativa) tampoco derivan de la participación ciudadana (Democracia Participativa). No se realizaron instancias convocando a la ciudadanía con el objeto de definir las necesidades y prioridades de la ciudad a efectos de determinar los compromisos que ahora asume el GCBA. El entendimiento de Larreta de la Democracia Participativa se reduce, como lo expresó, a que la ciudadanía controle pasivamente si el Poder Ejecutivo cumple con los compromisos dispuestos y asumidos unilateralmente. El gobierno de Rodríguez Larreta ya no recibe las órdenes de sus representados. Entiende que la soberanía política reside en el Jefe de Gobierno y no en la ciudadanía. Concepción muy alejada incluso a la de Mauricio Macri, que en su libro habla de “inquilinos del poder”. Larreta se considera el dueño de la ciudad.
En plena pandemia, Rodríguez Larreta aprovechó para hacerse votar superpoderes que le permitieron elegir qué leyes cumplir y cuáles no. Fue la institucionalización parlamentaria del mensaje que año tras año viene inoculando en la conciencia política de la ciudadanía porteña: “las únicas obligaciones que tienen el Jefe de Gobierno son las que él mismo se autoimpone”.
No conforme con los superpoderes, Larreta anunció que enviará un proyecto de ley a la Legislatura para que la gestión por compromisos se transforme en una ley. Todas estas estrategias jurídicas conducen a consolidar la monarquía inmobiliaria.
Compromisos en materia sanitaria
En la presentación de los compromisos, Larreta expresó que su intención es seguir construyendo “(u)na Ciudad donde los servicios básicos estén garantizados para todos, con salud y educación de calidad y con seguridad para disfrutar con tranquilidad de las plazas, los parques, las calles y toda la oferta al aire libre de Buenos Aires. Una Ciudad que nos estimule a llevar una vida saludable, donde se promuevan cambios de hábitos que mejoren nuestra calidad de vida”.
En esta línea, se estableció como un compromiso alcanzar “180.000 personas con infraestructura urbana y servicios públicos”. En la presentación se destacó que “hace cinco años empezamos a hacer realidad el sueño de la integración de los barrios populares. Ahora, renovaremos nuestro compromiso para alcanzar 180.000 personas que cuenten con infraestructura urbana y servicios públicos: agua potable, cloacas, nuevas calles, veredas iluminadas y espacios públicos de calidad donde todavía no hay. Las nuevas obras e intervenciones se harán en los barrios Padre Ricciardelli, 21-24, 20, 15, Rodrigo Bueno, Fraga, Lamadrid, La Carbonilla, Carrillo, 31 y el complejo Piedrabuena”.
Cabe destacar que el Pro gobierna la ciudad desde diciembre de 2007. Los procesos de reurbanización o de integración social y urbana de los barrios populares comenzaron en los primeros meses de 2016.
Luego de cinco años de ejecución, en la Ciudad de Buenos Aires 1 de cada 7 habitantes, es decir 400.000 personas, continúan sin acceder formalmente al agua potable. Ni una familia de las que habitan en los macizos históricos de los barrios populares fue conectada formalmente a la infraestructura sanitaria en estos últimos cinco años.
El correlato de la falta de políticas sanitarias universales que garanticen el acceso al agua potable en igualdad de condiciones para quienes habitan en las villas y asentamientos porteños, es la reducción de la esperanza de vida, la duplicación de la mortalidad infantil y la sobrecarga de las tareas de cuidado y el trabajo comunitario para las mujeres y disidencias. Por eso, este 22 de marzo en el marco del Día Mundial del Agua un colectivo de organizaciones entre las que se encontraba la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la FENAT-CTA, la Coordinadora la Ciudad Somos quienes la Habitamos, el IPPYP y la Defensoría de Laburantes, realizaron un semaforazo en el Obelisco porteño con la consigna “400 MIL PORTEÑXS SIN AGUA”.
Resolver definitivamente y en igualdad de condiciones el acceso al agua potable y al saneamiento seguro en la ciudad involucra un presupuesto aproximado de 700 millones de dólares. Sin embargo, el negocio de la emergencia eterna con concesiones de camiones aguateros y obras de baja calidad técnica que se realizan varias veces sin controles adecuados y destinando cifras millonarias de fondos públicos, es la historia repetida de las villas y asentamientos de la ciudad.
El doble estándar técnico implica un doble estándar sanitario: mientras en la CABA el 22% de la población supera los 60 años, en Villa 20 sólo el 4% supera esa edad.
Ese doble estándar sanitario fue puesto en evidencia por la pandemia porque allí donde los servicios públicos son informales, los contagios se multiplican. Hoy en la ciudad 140.000 personas almacenan precariamente agua en baldes y tachos. En el contexto de la pandemia y frente a una nueva ola de contagios, en nada avanzamos para garantizarle un tanque a cada hogar donde almacenar agua de manera segura.
Necesitamos 20.000 tanques, cuyo costo aproximado de 200 millones de pesos no tiene incidencia en el presupuesto de la Ciudad. Sobre todo si tenemos en cuenta que en una sola compra el GCBA el año pasado destinó 90 millones a la compra de dispenser de agua para edificios públicos que están conectados formalmente a la red.
Las prioridades del ejecutivo porteño son claras: al inicio de la pandemia licitó servicios de consultoría para la elaboración del proyecto Colector Cloacal Baja Costanera, una mega obra de infraestructura sanitaria para evacuar los efluentes cloacales de 13 suntuosos emprendimientos inmobiliarios proyectados en tierras públicas ribereñas: Cavia, Costa Salguero, Punta Carrasco, Areneras, Frente Retiro entre Callao y Ramos Mejía, Antepuerto y Distrito Puerto, Dársena Norte, Catalinas II, Catalinas Sur, Dique Cero, Puerto Sur (Isla Demarchi) y Solares de Santa María. El costo aproximado de la obra sería de 160 millones de dólares y el peso del financiamiento será transferido al conjunto de la ciudadanía porteña.
El GCBA una y otra vez, particularmente en pandemia, nos demostró que la situación ambiental y habitacional de las familias de las villas no es una prioridad de la gestión. En el último presupuesto votado por la Legislatura y en el Plan de inversión Plurianual se destinarán miles de millones de pesos a la infraestructura sanitaria para los emprendimientos inmobiliarios ribereños. Hace poco se adjudicó una licitación por casi mil millones de pesos para la construcción de la infraestructura de servicios para el emprendimiento inmobiliario privado llamado “Parque de la Innovación”.
Nuevamente el GCBA, bajo la modalidad de gestión a través de “compromisos”, posterga la solución de la infraestructura sanitaria de las villas para los próximos tres años sin haber destinado hasta el momento presupuesto para ello.
