El historiador Daniel Escotorín analizó algunos aspectos de este hecho trágico que marcó la historia salteña. El asesinato de presos políticos bajo la “ley de fuga”, en un operativo pergeñado por los militares y avalado por los poderes judicial, político y económico.
Entrevistado por el programa Cuarto Oscuro (FM La Cuerda 104.5) comentó algunos pormenores sobre la Masacre de Palomitas, un suceso trágico sobre el que Daniel Escotorín ha estado investigando y trabajando en un escrito. Al respecto señaló: “Es otro de los acontecimientos ausentes en la historiografía de nuestra provincia. Es un hecho terrible que merece un tratamiento, un enfoque que ponga en relieve lo que significó en el contexto de la dictadura cívico militar de 1976. En ese sentido es interesante ver que la característica de esa masacre es muy similar a lo que sucedió en otros lugares del país. Este procedimiento que se conoce como la ley de fuga, que era simular un intento de fuga por parte de presos políticos que eran trasladados a otro penal. Lo mismo que sucedió, tiempo después, con la masacre de Margarita Belén. Se trataba de presos, detenidos que luego eran sacados de los centros clandestinos de detención o de las propias cárceles y eran abatidos, a veces con el pretexto de la ley de fuga y otras veces directamente simulando enfrentamientos”.
Más adelante, el Presidente de Unidad Popular Salta señaló que lo de Palomitas fue parte de un plan organizado y que cabe recordar que esos presos políticos fueron detenidos antes del Golpe de Estado. Además, explicitó que la selección de quienes fueron asesinados no fue azarosa. “En ese momento el penal de Villa Las Rosa tenía había aproximadamente dos centenares de presos políticos y la selección de estos militantes estaba determinada por el grado de calificación que tenían de ellas y ellos en la cúpula militar”. Escotorín aclaró que en su gran mayoría fueron detenidos en Salta entre abril y junio de 1975, en distintos procedimientos cuando la provincia se hallaba intervenida. Un año antes, en 1974, renuncia Miguel Ragone y asume Alejandro Mosquera.
Sobre este último, detalló: “Era un peronista de derecha, que venía de Córdoba. Ya había tenido experiencia en lo que fue el golpe policial denominado el Navarrazo que depuso al gobernador Obregón Cano, quien estaba sindicado como de la izquierda peronista. Entonces llega a Salta con todo su equipo militar-político y es ahí donde resurgen personajes como Guil, Toranzos y toda esa camada de la fuerza policial local que habían sido desplazados por el gobierno de Ragone. Y ahí es cuando son detenidos la mayoría de los que van a ser ejecutados en 1976. Muchos de ellos tenían causas que estaban a cargo del juez federal Ricardo Lona, quien tenía una clara complicidad con el tratamiento que se le daba a los presos políticos”.
En ese sentido, el historiador recalcó que ese entramado complejo nos lleva hoy a hablar de una dictadura “cívico-militar”; porque “el poder militar iba de la mano del poder judicial, del poder político y por supuesto del poder económico”, acotó para luego explicitar: “La dictadura no es una dictadura por sí misma si no es en función de un modelo de interés en la protección, sobre todo, de determinados intereses sectoriales, en este caso de la clase dominante de nuestro país”.
Fuente: www.cuarto.com.ar
