Decenas de asambleas y colectivos urbanos se concentraron el sábado 30 de octubre frente a la Legislatura Porteña bajo la consigna “Se Va Buenos Aires”. Unidos bajo una enorme bandera que decía “Amamos Buenos Aires”, manifestaron el rechazo a la destrucción dirigida de la Ciudad de Buenos Aires, que va perdiendo su identidad, patrimonio, diversidad, habitabilidad y calidad de vida.
Por su parte, María Eva Koutsovitis (Presidenta de UP CABA) sostuvo que “Lo que nos une es este modelo de Ciudad que desde hace treinta años nos vienen proponiendo, basado en el despojo y en la apropiación de nuestra cultura, de nuestra identidad y nuestros bienes comunes. Un modelo urbano que no ha dado respuesta a ninguno de los problemas que tenemos las y los porteños. Modelo que arranca en la década de 1990, que se consolida con Macri como jefe de gobierno, y se profundiza ahora con Rodríguez Larreta. En los 90 sólo el 10% de las familias porteñas alquilaba y hoy es más del 40%. Buenos Aires es una de las ciudades del mundo con menos superficie verde por habitante: y estos gobiernos, en la Ciudad más rica del país, no han podido resolver ni el agua ni las cloacas a uno de cada siete de sus habitantes. Por eso lo que tenemos que poner en cuestión es un modelo urbano completamente distinto al que nos propone el poder económico, en connivencia con el poder político. Ese modelo urbano tiene que ver con la democracia participativa ambiental, y con poder ser protagonistas de la Ciudad en la que queremos vivir”.
Jonatan Baldiviezo (Fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad e integrante de la Defensoría de Laburantes) aseguró que: “Actualmente la comunidad porteña está resistiendo a cuatro agresiones en la dimensión urbanística y de planificación por parte del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y del poder inmobiliario concentrado. En primer lugar, se encuentra la disputa por el contorno ribereño y el destino que debería tener la costanera norte y sur. Por otra parte, están planificando la Ciudad a través de excepciones, que es lo que conocemos como Convenios urbanísticos, que habilitan la construcción de torres de entre 50 y 85 metros. Durante la pandemia ya se aprobaron 5, ahora nos presenta 11 más, para cuya audiencia púbica ya está abierta la inscripción. Es indispensable que participemos porque el gobierno porteño tiene preparados 40 convenios más. En tercer lugar, está la amenaza que avanza contra la identidad de nuestros barrios de casas bajas. El Código Urbanístico, aprobado en 2018, aumentó la capacidad constructiva en toda la ciudad al eliminar lo que se conoce como FOT (Factor de Ocupación Total y por esto, en barrios como Núñez, Parque Chas, Bajo Belgrano, Villa Ortúzar, Paternal, Devoto, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, la capacidad constructiva se triplicó o cuadruplicó. Prácticamente se ha transformado a estos barrios en zonas de sacrificio en aras de la especulación inmobiliaria. En cuarto lugar, la falta de relevamiento de los inmuebles anteriores a 1941. Así como logramos en la década del 90 con el movimiento socioambiental que la Costanera vuelva a ser pública y en el 2006 logramos que se frene la construcción de torres en seis barrios porteños por unos meses, ahora tenemos que lograr que se frene el Código Urbanístico, que se suspendan los convenios y las excepciones inmobiliarias y que, pasadas las elecciones, no se vote ni Costa Urbana ni Costa Salguero”.
Myriam Godoy Arroyo (Observatorio del Derecho a la Ciudad / IPYPP) mencionó que “En Almagro ya vivimos la destrucción de varias casas patrimoniales, la proliferación de edificios y la falta de espacios verdes al punto que para aumentarlos, no nos queda otra opción que comprar tierra. Hemos vivido con el ruido y con el polvo de las demoliciones y construcciones, viendo todo destruido como si fuera Kosovo. Se otorgaron permisos de construcción sin planificar las necesidades de espacios verdes, escuelas, vacantes en nivel inicial, suministro de agua. También estamos pidiendo que no se vendan inmuebles públicos patrimoniales, precisamente al lado de un jardín maternal en Pringles 344. El GCBA hizo varias subastas pero por ahora quedaron desiertas. El jardín ofrece vacantes a niñxs de 45 días a 3 años. Almagro necesita más vacantes de educación inicial. Además, allí funcionó el Archivo Histórico de la ciudad. No queremos que el GCBA lo subaste, sino que lo conserve respetando su valor patrimonial y que instale allí una escuela infantil”.
Alejo Caivano (Defensoría de Laburantes) planteó que “Este movimiento asambleario nos tiene que plantear en qué tipo de ciudad queremos vivir. Tenemos que crear herramientas que nos permitan confrontar con este gobierno y también encontrarnos con otres vecines que tienen las mismas problemáticas, tanto en Núñez, como en Lugano o en Almagro”.
Mauro Sbarbati (Basta de Demoler): “Cuando llegó la pandemia y el Centro quedó vacío, enseguida aparecieron los programas para reconvertir oficinas, pero desde hace 15 años que desde Basta de Demoler estamos esperando los programas para reciclar y mantener el patrimonio y eso no aparece. ¡La última vez que reclamamos por una Plaza terminamos demandados por el GCBA! ¡Estamos cansados de este maltrato!”.
Elda Cedro (Observatorio del Derecho a la Ciudad). “¿Quién puede poner tope a este tipo de situaciones? Nosotros, que somos garantes de nuestro derecho. Pero hay instituciones que tienen ese deber, como la Defensoría del Pueblo. Pero hace 11 años que no tenemos Defensor del Pueblo de la Nación, y en la Ciudad, donde sí se está en proceso de designación de un Defensor, la ciudadanía no tiene participación”.
