Lamentablemente la decisión tomada por el gobierno nacional y que exige la ratificación del Parlamento Argentino, implica LEGITIMAR el crédito tomado por el macrismo pese al hecho objetivo de que el mismo ha violado todos los procedimientos administrativos, jurídicos y constitucionales existentes para endeudar al Estado.
A la vez el gobierno nacional ha desistido de denunciar ante los Foros Políticos y judiciales a nivel mundial las múltiples irregularidades en que incurrió el FMI. En suma, con todos los argumentos a favor el Gobierno desistió de promover la nulidad del crédito Macri- FMI, tanto a nivel local como internacional.
Jamás produce buenos resultados validar la IMPUNIDAD.
En segundo lugar, mientras esperábamos un acuerdo de facilidades extendidas a 10 años , el gobierno sorprende con un stand by recontracondicionado y controlado, seguido luego por facilidades extendidas sin que quede claro desde cuando se cuentan los años de gracia. Si es desde el primer desembolso, o al final del stand by.
El tema no es menor ya que define si los vencimientos que Argentina no pagará ahora se concentrarán en el 2026 o en el 2028. Decimos que no es menor porque una u otra opción LIMITAN las posibilidades de esperar un shock de confianza a partir del acuerdo. En realidad lo que resulta es que la negociación termina siendo apenas un DEFAULT DIFERIDO y no una solución al endeudamiento. En pocos años más, Argentina deberá volver a reestructurar su deuda. Hemos logrado un default diferido y no una solución al endeudamiento.
En tercer lugar hay que precisar que al tratarse de un stand by y no de un facilidades extendidas, (en la conferencia de prensa el Ministro insiste en que es un facilidades extendidas) lo que surge es que no hay condicionalidades estructurales (reforma laboral, previsional y fiscal, esto es lo que reivindica el gobierno) pero sí hay una monumental cesión de soberanía y metas sumamente precisas para la coyuntura inmediata 2021-2024. En este sentido el acuerdo COMPROMETE un ajuste fiscal para los últimos dos años del mandato de Alberto Fernández de 8920 millones de dólares (al tipo de cambio del presupuesto 2022) y de 4200 millones de dólares respecto al presupuesto que el propio Guzmán presentara en el Parlamento y que no fuera aprobado. Se trata de un ajuste fiscal de 1,7% PBI en dos años y de 1,1% en el 2022. Cabe consignar que lo trasmitido respecto a que se mantendrá el nivel de gasto y que se expandirá el gasto de capital, solo es factible reduciendo el gasto corriente. Justamente el que ya se ajustó en el 2021. Salarios, Jubilaciones, prestaciones sociales. Son estas partidas o bien la reducción de subsidios con impacto potencial en la evolución de las tarifas.
Corresponde agregar que hasta hace pocas semanas el Ministro Guzmán sostenía que la discusión con el FMI era que mientras el organismo quería déficit 0 en el 2024, Argentina para no ahogar la recuperación económica, proponía esa meta para el 2027. Lo que se acordó (déficit 0 en 2025) parece acercarse más a la posición del FMI. El ajuste sobre la emisión monetaria es mayor aún. Se pasa del 3,7 % del PBI en el 2021 al 1 % en el 2022. La expectativa es avanzar a tasas de interés reales positivas, lo cual además de resultar muy complejo dada la situación inflacionaria, tiende a alimentar el comportamiento especulativo del mercado de capitales en pesos y a desalentar la política de crédito para el desarrollo productivo. También se asume que la brecha entre el dólar oficial y los mercados paralelos deben descender al 30 %, lo cual supone inducir la devaluación del dólar oficial en toda aquella proporción que no sea resuelta por la mejora en las expectativas que genere el acuerdo.
Por último, la política de salarios y jubilaciones quedan SUBORDINADAS a las metas fiscales establecidas. Más allá de lo preciso de las metas establecidas, el acuerdo supone la CESION DE SOBERANIA expresada en la instalación de una misión permanente del FMI en el país a la cual habría que consultar las políticas, y el desarrollo de 10 revisiones trimestrales de carácter vinculante.
En suma, estamos asumiendo un acuerdo que limita nuestra soberanía en el manejo de la coyuntura y que compromete la política fiscal y monetaria y que al limitar la mejora en los ingresos y aumentar las tasas de interés tiende a desacelerar la tasa de crecimiento de la economía porque limita la expansión del mercado interno y la política de crédito, y a quitarle herramientas al gobierno para intervenir sobre la situación de desigualdad social, el hambre y la pobreza.
Los costos que el gobierno está asumiendo con un acuerdo como este, son el resultado de no haber avanzado local e internacionalmente con la denuncia de nulidad del crédito Macri-FMI, pese a tener a su favor la ley y la razón».
Claudio Lozano
Presidente UP
