Por Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo.
Hoy, 28 de enero, el presidente de la Nación comunicó que llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Con posterioridad, el ministro de Economía, Martín Guzmán, brindó más detalles de este acuerdo.
1. En primer lugar, este “acuerdo” con el FMI implica la asunción de una nueva deuda por parte de la Argentina. El acuerdo no será un Extended Fund Facility (EFF) de diez años, sino que se tratará de un programa de dos años y medio, del tipo Stand By, como el que firmó el gobierno de Mauricio Macri en 2018.
Es decir, la Argentina tomará una nueva deuda por 44.500 mil millones de dólares. El FMI durante los dos años y medio desembolsará este monto que servirá para pagar los vencimientos de la deuda tomada por el macrismo con el mismo FMI en el 2018. Lo que sobre, irá a fortalecer las reservas.
En la suma de todo 2022 se deben pagar 24 vencimientos por capital, intereses y sobrecargos de un total de u$s 19.115 millones. Y en 2023, por otros u$s 19.367 millones.
Luego de los dos años y medio, casi se habrán pagado los u$s 44.500 millones tomados por Macri, pero nos quedará una nueva deuda por el mismo monto con el FMI.
No se cuenta con información de cómo se pagará la deuda pendiente luego de los dos años y medio. La negociación termina siendo apenas un default diferido y no una solución al endeudamiento. En pocos años más, Argentina deberá volver a reestructurar su deuda.
2. Podría pensarse que este acuerdo implica patear el problema para más adelante, para dentro de dos años y medio. Pero no es así. Este acuerdo y toma de nueva deuda implicará las siguientes consecuencias perniciosas para el país:
3. Garantizará impunidad a los/las funcionarios/as que intervinieron en el endeudamiento con el FMI en 2018 y permitieron la fuga de dichos dólares, comenzando por el ex presidente Macri. Desde 2018 hemos presentados las denuncias penales pertinentes. La Sindicatura General de la Nación, la Oficina Anticorrupción, el Banco Central y la Procuración del Tesoro investigaron el endeudamiento con el FMI en 2018 y detectaron la comisión de numerosos delitos, entre ellos, defraudación a la administración pública. Todo el ciclo de endeudamiento y fuga de los dólares podría constituir una asociación ilícita. El endeudamiento con el FMI no tuvo la autorización formal de ninguna autoridad electa democráticamente. No tuvo aprobación o autorización del Congreso Nacional. No existió si quiera un decreto del ex presidente Macri autorizando al ministro de economía a acordar con el fondo por un monto histórico para el país. No se respetó ninguna de las leyes que regulan el trámite para tomar deuda pública. Se flexibilizaron las normas financieras para permitir que los dólares fueran fugados como consecuencia de la bicicleta financiera instalada y no se adoptó ninguna medida para frenar esa situación hasta que se agotaron los dólares del FMI.
Cuatro organismos públicos realizaron informes coincidentes con lo que habíamos denunciado y presentaron sus resultados en las causas abiertas en la justicia penal federal. Con estos resultados tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso Nacional tenían la obligación de frenar las consecuencias de la comisión de estos delitos. En cambio, el Ejecutivo decidió pagar al FMI en estos últimos dos años 6434 millones de dólares, entre capital e intereses. A este monto se debe sumar el pago que se realizó el día de hoy de 715 millones más.
Tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso Nacional no tenían ningún impedimento jurídico para declarar nula e inconstitucional la deuda con el FMI. El Ejecutivo decidió no hacerlo y ahora remitirá este nuevo acuerdo al Congreso que terminará convalidando tanto el acuerdo del 2018 como el de ahora.
De aprobar el Congreso este nuevo acuerdo prácticamente será una amnistía a los/as responsables de la mayor estafa de la historia argentina con relación a la deuda externa. De esta forma, la Argentina asumirá el pago de la totalidad de una deuda que su pueblo ni directa ni indirectamente a través de sus representantes decidió asumir originariamente y de la cual no se benefició en absoluto porque fue destinada en su totalidad a la fuga de capitales.
La alternativa de declarar inconstitucional y nula la deuda con el FMI para obtener mejores condiciones en la negociación estuvo disponible desde el primer momento que asumió el nuevo gobierno. El contexto de la pandemia también habría colaborado en seguir este camino. Hasta ahora hemos pagado U$S 7.149 millones de dólares.
4. No se emplearon todos los mecanismos institucionales nacionales e internacionales para que el FMI asuma la corresponsabilidad en esta estafa. El propio FMI violó su estatuto en numerosos artículos (prestó más dólares de los que podía, tenía prohibido otorgar créditos a países en situación grave de fuga de capitales, etc.). El proceso de negociación de este acuerdo partió del reconocimiento de que el FMI no tuvo ninguna responsabilidad y, por lo tanto, nunca se puso en discusión el monto de la deuda. Como resultado, el acuerdo no implica ninguna quita de capital. Es más, el FMI no ha garantizado ni más plazo, ni mejor tasa, ni eliminado los sobre cargos. Sólo otorgará más crédito para pagar la anterior deuda.
5. El FMI exige para realizar los nuevos desembolsos que Argentina se someta a revisiones trimestrales antes de cada uno, que en dos años y medio totalizarán diez (10). El FMI tendrá el poder de controlar la economía y las políticas bajo la constante amenaza de no realizar los desembolsos y que el país ingrese en default. Nuevamente se acuerda perder la soberanía económica y política en base a una deuda que en su origen es inconstitucional.
El FMI prestó en 2018 esta suma exorbitante no sólo para que Macri pudiera ser reelegido sino principalmente para disciplinar al país y alinearlo en la disputa geopolítica que tiene Estados Unidos con China. Este acuerdo profundiza la intensidad de esta sujeción y sus alcances temporales.
Ahora sí el FMI tendrá legalizada un arma constante sobre la cabeza de la economía argentina dominada por las manos que gobiernan Norteamérica.
6. El ministro Guzmán informó que aún resta trabajar en los memorandos de las políticas económicas y financieras entre el Gobierno Nacional y el FMI, y que esto llevaría algunas semanas. En concreto aún no está formalizado este nuevo acuerdo. Las promesas de acuerdo se pueden romper durante las negociaciones en los memorandos. ¿Entonces por qué se realiza este anuncio tan relevante si aún no hay suelo firme? Porque el Ejecutivo había decidido pagar los correspondientes 715 millones dólares el día de hoy. Este gobierno se debilita cada vez que paga al FMI sin tener un acuerdo. En las últimas semanas se alzaron muchos posicionamientos dentro del Frente de Todos exigiendo la suspensión de los pagos de una deuda odiosa e inconstitucional. Vemos entonces que, el Gobierno con este anuncio busca legitimidad y autoridad para seguir honrando sin cuestionamientos la deuda con el FMI, cerrando los ojos para evitar ver que estamos frente a una estafa histórica. En marzo deberá pagar 3 mil millones de dólares de capital y sobre fin de año se sumarán 15 mil millones más.
7. En el anuncio se destaca que con este arreglo Argentina no se compromete a reformas jubilatorias, laborales, achicamiento del gasto social, corte de la recuperación económica, restricción de la actividad productiva, despidos de empleados públicos, privatizaciones. etc.
Una cuestión es que en los memorandos no figure el compromiso del país a realizar estas políticas, otra cuestión es que no se realicen en el futuro. Actualmente, se están discutiendo en audiencia pública las nuevas tarifas de gas y electricidad. La propuesta del Estado Nacional es disminuir el subsidio a la energía y que esos valores sean soportados por la población. ¿Esto no es achicamiento del gasto social?
Se anunció que se buscará una reducción gradual del déficit fiscal: se proyecta un déficit primario de 2,5 para 2022 del PBI, de 1,9 para 2023, de 0,5 para 2024 y 0 para el 2025. Para que esto no signifique ajuste, el ministro Guzmán detalló que el gobierno buscará financiarse con la recaudación tributaria del segmento de mayor contribución y también disponer de medidas para atacar los problemas de lavado de dinero. ¿Cómo combatirá el lavado de dinero un gobierno que apuesta reiteradas veces a los blanqueos de capitales?
8. El acuerdo compromete un ajuste fiscal para los últimos dos años del mandato de Alberto Fernández de 8920 millones de dólares (al tipo de cambio del presupuesto 2022) y de 4200 millones de dólares respecto al presupuesto que el propio Guzmán presentó en el Parlamento y que no fue aprobado. Se trata de un ajuste fiscal de 1,7% del PBI en dos años y de 1,1% en 2022. Corresponde agregar que hasta hace pocas semanas el ministro Guzmán sostenía que la discusión con el FMI era que mientras el organismo quería déficit 0 en 2024, Argentina para no ahogar la recuperación económica, proponía esa meta para 2027. Lo que se acordó (déficit 0 en 2025) parece acercarse más a la posición del FMI. El ajuste sobre la emisión monetaria es mayor aún. Se pasa del 3,7 % del PBI en 2021 al 1 % en 2022. La expectativa es avanzar a tasas de interés reales positivas, lo cual además de resultar muy complejo dada la situación inflacionaria, tiende a alimentar el comportamiento especulativo del mercado de capitales en pesos y a desalentar la política de crédito para el desarrollo productivo. También se asume que la brecha entre el dólar oficial y los mercados paralelos debe descender al 30 %, lo cual supone inducir la devaluación del dólar oficial en toda aquella proporción que no sea resuelta por la mejora en las expectativas que genere el acuerdo. Por último, la política de salarios y jubilaciones queda subordinada a las metas fiscales establecidas. Más allá de lo preciso de las metas establecidas, el acuerdo supone la cesión de soberanía expresada en la instalación de una misión permanente del FMI en el país a la cual habría que consultar las políticas, y el desarrollo de 10 revisiones trimestrales de carácter vinculante. En suma, estamos asumiendo un acuerdo que limita nuestra soberanía en el manejo de la coyuntura y que compromete la política fiscal y monetaria y que al limitar la mejora en los ingresos y aumentar las tasas de interés tiende a desacelerar la tasa de crecimiento de la economía porque limita la expansión del mercado interno y la política de crédito, y a quitarle herramientas al gobierno para intervenir sobre la situación de desigualdad social, el hambre y la pobreza. Los costos que el gobierno está asumiendo con un acuerdo como este, son el resultado de no haber avanzado local e internacionalmente con la denuncia de nulidad del crédito Macri-FMI, pese a tener a su favor la ley y la razón.
9. Este acuerdo también es la reafirmación de la profundización del extractivismo. La deuda es la excusa perfecta para estimular las actividades económicas extractivas con el afán de conseguir dólares. Toda preocupación social y ambiental será relegada para poder incrementar la exportación. En este marco se comprende, por ejemplo, porque el Ejecutivo para las sesiones extraordinarias del Congreso decidió poner en tratamiento el proyecto de Ley tendiente a crear el “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador” (Msje. 93/21- Exp. Diputados 12-PE-2021), y no la ley de presupuestos mínimos para la protección de humedales.
10. Juntos por el Cambio en un comunicado manifestó que “considera positivo este primer entendimiento con el Fondo Monetario Internacional que evita así un costoso default”.
Resulta evidente que frente a un acuerdo que hace borrón y cuenta nueva, y elimina responsabilidades administrativas, civiles y penales del anterior gobierno, sería bienvenido por Juntos por el Cambio.
Estas manifestaciones nos adelantan que el acuerdo en el Congreso será aprobado. Frente a un gobierno que rompe el acuerdo electoral y un Congreso que amnistiará a los/as responsables de la mayor estafa de la historia del país y entregará la soberanía del Estado, como ciudadanía debemos exigir que se plebiscite la valoración de nula e inconstitucional de la deuda antes de avanzar con un nuevo acuerdo y el cese inmediato de los pagos al FMI.
Hemos perdido la posibilidad de adoptar una estrategia de negociación orientada a demostrar la corresponsabilidad del FMI en la crisis argentina para pasar a un acuerdo que se basa esencialmente en el cogobierno con el FMI.
