Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular sostuvo que «lo ocurrido con la Corte es un verdadero bochorno institucional que lleva al límite el proceso de degradación que hace décadas viene viviendo el poder judicial, debilitando la institucionalidad y el estado de derecho en la Argentina”.
Esta degradación tiene que ver con la capacidad que ha tenido el poder económico para penetrar en las entrañas del poder judicial logrando frenar a través del mismo políticas específicas de cambio en la Argentina. Como puede ser el caso del Decreto 690 del ENACOM que buscaba establecer como servicio público el servicio de cable, internet y telefonía celular. También el poder judicial se ha visto influenciado por la penetración y las operaciones de los distintos servicios de inteligencia desarrollando procesos de persecución política y de discriminación sobre diferentes sectores de la comunidad.
La definición tomada por la Corte va más allá de sus propios fallos, existen fallos precedentes de los mismos actores actuales del Tribunal que niegan la decisión que ha tomado. En una coyuntura parlamentaria donde se hace difícil construir mayorías le dio solo dos meses al Parlamento para resolver un tema en contraposición a los 1577 días que el Tribunal se tomó para definir su fallo. La definición tomada por la Corte consuma un hecho sin precedentes ya que resucita una ley que fue derogada hace 16 años. De este modo Rosatti, quien encabeza el máximo tribunal, y que en su momento aceptara ser nominado por decreto, asume el control sobre los recursos y sobre la posibilidad de selección de los jueces que son los aspectos centrales que aneja el Consejo de la Magistratura.
El avance del Máximo Tribunal sobre el Consejo de la Magistratura completa un cuadro institucional que actúa como un cerrojo para el avance en políticas de cambio en la Argentina. El contexto de acuerdo con el Fondo en el marco de una suerte de cogobierno donde la discusión sobre las políticas públicas implica un debate con el organismo multilateral de crédito, así como la consolidación de una Corte fuertemente alineada con los intereses del poder económico y con capacidad para subordinar al conjunto del Poder Judicial actúan como límites sumamente precisos a la hora de discutir la posibilidad de que la Argentina ensaye estrategias de modificación del cuadro político, institucional, económico y social que hoy estamos viviendo.
Por lo tanto y desde ese lugar Unidad Popular acompaña y moviliza HOY a las 17 hs. al Palacio de Tribunales. Trabajamos con la intención de que la movilización popular se articule con una solución institucional inmediata que permita invalidar las definiciones tomadas por la actual Corte. Impulsamos la renuncia de la Corte Suprema para poder avanzar en un proceso de democratización del Poder Judicial respetando el criterio Federal y de igualdad de género.