Por Ing. María Eva Koutsovitis (UP), Abog. Jonatan Baldiviezo (ODC) y Lic. Alejandro Volkind (ODC – IPYPP)
La semana pasada, Horacio Rodríguez Larreta anunció el comienzo de las prácticas laborales obligatorias para estudiantes de quinto año de secundaria de las escuelas públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires. “Cada chico va a tener 120 horas cátedra de prácticas a lo largo de todo el año y aspiramos a que todos los alumnos tengan una práctica laboral antes de egresar”, aseguró el jefe de gobierno porteño.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) nuevamente adopta políticas educativas sin garantizar la democracia participativa, ni tampoco la representativa, porque avanza violando la ley. En este caso, estas pasantías obligatorias, denominadas con el eufemismo de “Actividades de Aproximación al mundo del trabajo y a los estudios superiores (ACAP)”, violan la ley 3.541, que establece que toda “actividad formativa desarrollada en ámbitos de trabajo” debe ser de carácter no obligatorio, en coincidencia con la ley 26.206 de Educación Nacional. Existe un amparo colectivo que espera una resolución definitiva en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad desde hace un año y siete meses, dilación que demuestra su preocupación por el acceso a la Justicia de forma oportuna.
En concreto, en una primera etapa, estas “Actividades” serán protagonizadas de manera obligatoria por 2.500 estudiantes de quinto año de 30 escuelas secundarias, públicas y privadas. Estás prácticas se superponen con la cursada de las materias curriculares, con lo cual les estudiantes tendrán que ver cómo recuperan los contenidos perdidos.
En este contexto, estudiantes de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Sofía Esther Broquen de Spangenberg” –conocida popularmente como Lengüitas– comenzaron sus prácticas laborales en la sede de la Cámara Argentina de Concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerio (CACYR).
La Cámara del terror
La CACYR es una organización integrada fundamentalmente por las empresas que desde hace años se ocupan del servicio de comedores escolares en la Ciudad (ver cuadro).
Su vicepresidente 1° es Héctor Alfredo Orlando, titular de Bagala S.A., empresa que en plena pandemia recibió multas por servir “la guarnición tortilla de verdura con un insecto”, entregar viandas con “un pedazo de metal que parece ser parte de una esponja ‘tipo virulana’”, y dejar “un trapo de piso junto a las supremas de pollo”. El pro-tesorero es Rubén Melul, a cargo de Lamerich S.R.L., empresa que en los pocos días de clases presenciales que hubo en 2020 fue denunciada por intoxicar a más de 100 estudiantes de seis escuelas porteñas.
Empresas ricas, comida pobre
Pese a recibir uno de los presupuestos más abultados que maneja Educación –12.000 millones de pesos, sólo en 2022–, las empresas de comedores brindan un servicio que está plagado de denuncias.
“Tortillitas de verdura” que son medallones de arroz, medallones de pescado con más almidón que proteínas, madalenas y productos ultraprocesados ofrecidos a bebés de un año, viandas y porciones que no cumplen con los gramajes establecidos en los pliegos y una reducción sistemática de las raciones enviadas a las escuelas, son algunos de los resultados de la fiscalización que las cooperadoras y comunidades de las escuelas de CABA realizaron para conocer qué llega diariamente al estómago de sus hijes.
Esta situación que las familias denuncian fue corroborada en reiteradas ocasiones por la propia Auditoría de la Ciudad: “Escuela N° 21 DE 17-Empresa Concesionaria Treggio S.R.L.: Se observó que la carne presenta grasa visible, no es tierna y su sabor no es agradable; se observa faltante de ingredientes en la preparación, ya que las verduras no son visibles en la ración servida. El arroz blanco estaba cocido en su punto óptimo, pero con poco sabor y faltante de queso rallado en algunas bandejas. Se observó una escasa aceptación del menú por parte de los niños”, detallan en su último informe, donde concluyen: “Con respecto de los incumplimientos observados en las visitas a los establecimientos escolares, se desconoce la causa por la cual el trámite de aplicación de penalidades no llega a su instancia final, esto es la efectiva aplicación de la misma y la publicidad de los actos administrativos que lo imponen, lo cual atenta contra el mejoramiento del servicio, aumentando la posibilidad de perpetuidad de los adjudicatarios que brindan un servicio deficiente”.
¿Qué más se puede decir de estas empresas?
Durante la pandemia se encargaron de proveer la Canasta Escolar Nutritiva, cobrando sobreprecios al gobierno porteño de hasta el 50%, como ya denunciamos en otros informes desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP).
Adujeron que más de un tercio del costo de los bolsones de comida correspondía a “mano de obra”, mientras que por un lado reducían el sueldo de sus trabajadorxs entre un 25% y un 50% y, por el otro, pedían y recibían el ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción).
Mantienen contratos millonarios con el gobierno porteño y al mismo tiempo registran abultadas deudas con el Banco Ciudad, situación que no les impide presentarse y ganar las licitaciones a las que convoca el Ejecutivo encabezado por Rodríguez Larreta.
A ese diagnóstico hay que sumarle las enormes trabas para inscribirse en la beca alimentaria, que incluye un minucioso interrogatorio online para conocer los ingresos de cada miembro del grupo familiar, política que viola el principio de universalidad y gratuidad de la educación pública. Las familias a las que el GCBA les niega la beca de comedor tienen que pagarle entre 7.000 y 8.000 pesos mensuales a la empresa concesionaria para recibir comida de pésima calidad. El “certificado de pobreza” que el GCBA no debe solicitar para acceder a la escuela pública, sí lo exige para que les estudiantes puedan alimentarse. Es la flexibilización del principio de universalidad y de gratuidad del que tanto nos enorgullecemos.
Hagan lo que digo, pero no lo que hago
En esta misma Cámara de Concesionarios de Servicios de Comedores se estarán “formando” durante todo este ciclo lectivo les estudiantes del colegio Lengüitas.
¿Qué contenidos trabajaron hasta ahora en los encuentros que tuvieron en la sede de la calle Solís 1056? Buenas prácticas alimentarias, nutrición y manipulación responsable de alimentos (!). ¿Qué cosas nuevas pueden aprender les estudiantes, que ya no sepan sus estómagos? ¿Qué tienen para enseñar empresas creadas principalmente para vivir de los sobrecostos que cobran al Estado, empresas que sacrifican la alimentación saludable del estudiantado en aras de la maximización de la rentabilidad?.
Compromiso con los negociados
Lo que queda claro en este caso es que acá no prima un criterio pedagógico sino, lisa y llanamente, el negocio.
Los verdaderos motivos de estos convenios están lejos de justificaciones formativas y hay que buscarlos en lo único que les interesa a estas empresas, que es seguir prendidas al Estado. Lo explica con claridad la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña: “Todas las empresas que se sumen a las prácticas educativas accederán al ‘Sello Compromiso con la Educación’. Este reconocimiento resultará relevante al momento de ser evaluadas para licitaciones de bienes y servicios dentro de la Ciudad”, aseguró en un tuit donde promocionaba estos convenios. Un premio que tampoco tiene reconocimiento legal.
¿Qué justificativo pedagógico tiene este incentivo? ¿Qué “compromiso con la educación” premia?
50.000 millones en juego
En estos momentos se está llevando adelante la licitación pública 7192-1818-LPU21 para definir qué empresas se ocuparán del servicio de alimentación de las escuelas porteñas durante los próximos cuatro años. Es un negocio de más de 50.000 millones de pesos ($50.055.347.712), que ya tendría ganadores anticipados –las 19 empresas que hoy en día se ocupan del servicio– porque existen pliegos direccionados, un entramado legal que les asegura impunidad y un gobierno que les garantiza ganancias exorbitantes.
La comunidad se organiza
Frente a esta situación, crece la organización de familias, cooperadoras y organizaciones que conformaron la “Campaña por una alimentación de calidad y gratuita para todxs, con la participación de la comunidad educativa”, en el marco de la cual se presentó una acción de amparo colectivo ambiental solicitando que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la licitación pública 7192-1818-LPU21 por violar las instancias obligatorias de participación de la comunidad educativa y el principio de universalidad y gratuidad de la educación pública.
La Campaña ha logrado demostrar que la prestación del Servicio de Alimentación Escolar es cara y muy deficiente y que no está garantizada la nutrición adecuada del estudiantado porteño. Esta política de privatización del servicio a través de grandes prestatarias forma parte del plan de vaciamiento y destrucción de la educación pública. Por este motivo, el Ministerio de Educación porteño está buscando caminos institucionales para mejorar la imagen de estas empresas, a fin de que resulten nuevamente adjudicatarias de la concesión para los próximos cuatro años. El “Sello Compromiso con la Educación” es parte de la estrategia.
