La Mesa Nacional de Unidad Popular se reunió esta tarde para analizar el cuadro de situación en el que se encuentra hoy la Argentina.
Claudio Lozano, presidente del partido, abrió la reunión de la que participaron referentes de las dieciocho provincias en las que tiene presencia Unidad Popular.
Luego de dar un panorama sobre la progresión de los sucesos en los que se precipitó la renuncia del ministro de economía, Lozano insistió en la necesidad de recuperar el poder político del Frente de todos y llevar adelante un programa que interpele a los actores sociales.
En este sentido Lozano insistió en la necesidad de volver a convocar y a refundar el Frente de Todos para recuperar el poder político perdido convocando a todas las fuerzas que lo integran tanto políticas como sociales.
En ese marco, hacerlo sobre la base de un programa que interpele a los actores sociales que pueden sostener un proyecto de desarrollo con equidad en la Argentina.
En este sentido señaló la necesidad de establecer un Programa Popular Antiinflacionario. Lozano destacó la cuestión de «lo popular», ya que existen estrategias antinflacionarias fundadas en el ajuste, la suba de la tasa de interés y la profundización de la recesión como modo de desacelerar la evolución de los precios. Ese tipo de estrategia antiinflacionaria basada en enfriar la actividad económica no es lo que necesitamos. Sería peor el remedio que la enfermedad.
Un programa popular supone disciplinar el sistema de precios y reordenar el sistema de precios en la Argentina.
En ese contexto es importante, reformular el sistema de políticas sociales para garantizar una nueva política de ingresos que debe tener como piedra angular, la puesta en marcha de un Ingreso Básico Universal para toda la población en situación de informalidad y desempleo equivalente a la línea de indigencia que junto con la AUH contemple una Renta Básica Universal que garantice que ningún hogar esté por debajo de la línea del hambre.
En segundo lugar, planteó la necesidad de fortalecer la economía popular, poniendo en marcha la creación de un área de economía pública y social en donde convivan el Estado, las Pequeñas y Medianas empresas, los movimientos y experiencias cooperativas, la economía popular en general, configurando un nuevo sujeto económico que disputa la posibilidad de ser motor del desarrollo de la Argentina y de desarrollo de inversiones sociales necesarias que no están en la agenda de los actores privados dominantes de la economía argentina.
Esta área de economía popular y social tiene que ser capaz de motorizar el desarrollo de planes de vivienda y de infraestructura sanitaria y educativa, la puesta en marcha estrategias de soberanía alimentaria, incluso impulsar un redespliegue territorial y poblacional con la creación de nuevas ciudades que termine con la concentración demográfica vigente en la Argentina, desarmando los conurbanos invivibles que se han ido configurando en las principales ciudades del país.
El otro punto a plantear es el tratamiento integral para la pequeña y mediana empresa en el marco de un programa de sustitución de importaciones aprovechando la existencia concreta de productores en capacidad de producir hoy entre el 20 y el 30% del total de las importaciones industriales . Este conjunto de iniciativas solo pueden realizarse en el marco de una nueva convocatoria política del Frente que revitalice el poder político y que vincule nuevamente al Frente con los actores sociales que masivamente lo acompañaron para decirle nunca más al neoliberalismo en el contexto del fracaso macrista del 2019.
Llevar adelante esta política exige ser capaces de dar vuelta como una media al Estado, replanteando la carga tributaria, revisando las exenciones y subsidios para garantizar una intervención fiscal de carácter progresivo que haga pesar la tributación sobre los sectores de mayor capacidad contributiva, los multimillonarios en dólares que existen en la Argentina y capturando rentas de aquellos sectores donde las principales firmas embolsan rentas importantes que tienen destinos de carácter privado cuando deberían ser parte del financiamiento del sector público.
En segundo lugar este funcionamiento del Estado tiene que estar acompañado con una mejora y profundización de las regulaciones cambiarías, financieras sobre el comercio exterior que permitan no seguir dilapidando los dólares que la Argentina consigue. Acumulación de reservas y fortaleza fiscal sobre basamentos progresivos son la condición para poner en marcha una política diferente.
PROGRAMA POPULAR ANTIINFLACIONARIO Y POR UN INGRESO UNIVERSAL
Frente al cuadro de situación política y económica que vive la Argentina de hoy y que no hizo más que mostrar condiciones de profundización con la crisis de poder político que puso de manifiesto la renuncia del Ministro de economía, desde Unidad Popular entendemos que es imprescindible en primer lugar:
Refundar y recomponer el poder político del Frente de Todos. Para esto se debe convocar al conjunto de las fuerzas que lo integran. Esto no implica solo una formalidad, sino la convocatoria para la puesta en marcha de un programa que interpele con sus políticas a los actores sociales que pueden sostener un proyecto de crecimiento con desarrollo, incluyendo en este marco:
– Poner en marcha un programa popular antiinflacionario que se aleje de los programas tradicionales de este tipo, propios de los intereses del poder, que ajuste vía tasa de interés y recesión y que pueden llevar a desacelerar los precios como consecuencia de un enfriamiento de la economía. Necesitamos un programa que tenga la capacidad de disciplinar el sistema de precios. Para lo cual es necesario establecer un eficaz control público a lo largo de las distintas cadenas de producción, que incluya al Estado, trabajadores/as, organizaciones de la Economía Social, PYMES, cooperativas, que esté en condiciones de dominar las políticas especulativas de los formadores de
– Replanteo general de la política de ingresos. Esto exige en primer lugar la puesta en marcha de un Ingreso Básico Universal que cubra a la población en situación de informalidad y desempleo y nos permita garantizar una Argentina libre de hambre. Cuestión que puede lograrse siempre y cuando esto se haga en simultáneo con el freno a la evolución desmedida de los
En segundo lugar, fortalecer la economía popular con la puesta en marcha de un Salario Social de Empleo y Formación que incorpore, optimizando las propuestas del potenciar trabajo y al plan Progresar con un valor equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil, acompañado por la creación de un Área de Economía Pública y Social. La misma, que tiene que estar integrada por el Estado, las PYMES, las experiencias cooperativas, debe ser el sujeto económico que dispute la construcción de un motor de inclusión social y al mismo tiempo de las inversiones sociales necesarias, que no son precisamente las que realizan los actores dominantes del capitalismo en la Argentina. Este Área de Economía Pública y Social debería privilegiar la construcción de un programa de viviendas, de infraestructura sanitaria, de infraestructura educativa, de garantía de la soberanía alimentaria, de redespliegue poblacional, privilegiando la creación de nuevas ciudades desconcentrando los conurbanos invivibles que tiene la Argentina. Es decir un conjunto de medidas de inversión absolutamente factibles para las cuales el Estado, apuntalando este sujeto, está en condiciones de poner en marcha.
Esto tiene que ser acompañado por tratamiento integral de la PYMES en el marco de un programa de sustitución de importaciones. Hoy existen los productores que están en capacidad de reemplazar entre el 20 y el 30% de las importaciones industriales del país, lo que significa ahorrar entre 10000 y 15000 millones de dólares. Supone revertir una lógica donde hasta las propias empresas públicas se abastecen en el exterior de producciones que pueden realizarse localmente.
– Este programa de política social debe ser acompañado por un refuerzo inmediato de una suma fija en todos los salarios de los trabajadores y trabajadoras que estén por debajo de la línea de pobreza, como así también de los haberes jubilatorios que estén en la misma situación.
Recorrer este trayecto impone un replanteo de las políticas de administración fiscal y tributaria que se viene llevando hasta el momento. Lejos de impulsar políticas de austeridad hay que orientar el gasto público de forma de combatir las condiciones de desigualdad, impulsando una profunda reforma tributaria progresiva. En ese camino se deben transformar las distintas iniciativas parciales de aporte solidario o renta inesperada en impuestos sobre las grandes fortunas venciendo la resistencia de los ricos de Argentina a una tributación progresiva. Al mismo tiempo un férreo control sobre comercio exterior, que evite maniobras especulativas de adelanto de importaciones o demoras sobre la liquidación de exportaciones y triangulaciones fraudulentas. Para evadir la tributación es indispensable, si lo que se busca es cuidar las divisas. En este camino aprovechar la posibilidad de transformar a Vicentín en una empresa pública testigo en el comercio de granos, es un paso en ese sentido.
Poder impulsar este sendero tiene como condición de necesidad abandonar el cepo que el acuerdo con el FMI le pone a una política de soberanía económica de nuestro país. Al tiempo que los condicionamientos que impone (aumento de tarifas, tasas de interés positivas, devaluación) claramente exacerban el proceso inflacionario, mientras que la estrechez fiscal que impulsa, agrava las condiciones de desigualdad.
Este enunciado tiene que ver con señalar políticas que al mismo tiempo que se ponen en marcha interpelan actores concretos, que son la base de sustentación de una estratega política diferente y que habilitarían la construcción de una alternativa distinta.
