Frente al cuadro de situación política y económica que vive la Argentina de hoy y que no hizo más que mostrar condiciones de profundización con la crisis de poder político que puso de manifiesto la renuncia del Ministro de economía Martin Guzmán, las organizaciones abajo firmantes entendemos que es imprescindible en primer lugar:
Convocar al conjunto de las organizaciones de trabadores/as, sociales, políticas de derechos humanos, de pequeños y medianos empresarios, de la economía social y a todos y todas aquellos que luchamos por un rumbo social y económico distinto en nuestro país. Esto no implica solo una formalidad, sino la convocatoria para la puesta en marcha de un programa que interpele con sus políticas a los actores sociales que pueden sostener un proyecto de crecimiento con desarrollo, incluyendo en este marco:
- Poner en marcha un programa popular antiinflacionario que se aleje de los programas tradicionales de este tipo, propios de los intereses del poder, que ajuste vía tasa de interés y recesión y que pueden llevar a desacelerar los precios como consecuencia de un enfriamiento de la economía. Necesitamos un programa que tenga la capacidad de disciplinar el sistema de precios. Para lo cual es necesario establecer un eficaz control público a lo largo de las distintas cadenas de producción, que incluya al Estado, trabajadores/as, organizaciones de la Economía Social, PYMES, cooperativas, que esté en condiciones de dominar las políticas especulativas de los formadores de precios.
- Replanteo general de la política de ingresos. Esto exige en primer lugar la puesta en marcha de un Ingreso Básico Universal que cubra a la población en situación de informalidad y desempleo y nos permita garantizar una Argentina libre de hambre. Cuestión que puede lograrse siempre y cuando esto se haga en simultáneo con el freno a la evolución desmedida delos precios.
En segundo lugar, fortalecer la economía popular con la puesta en marcha de un Salario Social de Empleo y Formación que incorpore, optimizando las propuestas del potenciar trabajo y al plan Progresar con un valor equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil, acompañado por la creación de un Área de Economía Pública y Social. La misma, que tiene que estar integrada por el Estado, las PYMES, las experiencias cooperativas, debe ser el sujeto económico que dispute la construcción de un motor de inclusión social y al mismo tiempo de las inversiones sociales necesarias, que no son precisamente las que realizan los actores dominantes del capitalismo en la Argentina.
Este Área de Economía Pública y Social debería privilegiar la construcción de un programa de viviendas, de infraestructura sanitaria, de infraestructura educativa, de garantía de la soberanía alimentaria, de redespliegue poblacional, privilegiando la creación de nuevas ciudades desconcentrando los conurbanos invivibles que tiene la Argentina. Es decir, un conjunto de medidas de inversión absolutamente factibles para las cuales el Estado, apuntalando este sujeto, está en condiciones de poner en marcha.
Esto tiene que ser acompañado por tratamiento integral de la PYMES en el marco de un programa de sustitución de importaciones. Hoy existen los productores que están en capacidad de reemplazar entre el 20 y el 30% de las importaciones industriales del país, lo que significa ahorrar entre 10000 y 15000 millones de dólares. Supone revertir una lógica donde hasta las propias empresas públicas se abastecen en el exterior de producciones que pueden realizarse localmente.
Este programa de política social debe ser acompañado por un refuerzo inmediato de una suma fija en todos los salarios de los trabajadores y trabajadoras que estén por debajo de la línea de pobreza, como así también de los haberes jubilatorios que estén en la misma situación.
Recorrer este trayecto impone un replanteo de las políticas de administración fiscal y tributaria que se viene llevando hasta el momento. Lejos de impulsar políticas de austeridad hay que orientar el gasto público de forma de combatir las condiciones de desigualdad, impulsando una profunda reforma tributaria progresiva. En ese camino se deben transformar las distintas iniciativas parciales de aporte solidario o renta inesperada en impuestos sobre las grandes fortunas venciendo la resistencia de los ricos de Argentina a una tributación progresiva. Al mismo tiempo un férreo control sobre comercio exterior, que evite maniobras especulativas deadelanto de importaciones o demoras sobre la liquidación de exportaciones y triangulaciones fraudulentas. Para evadir la tributación es indispensable, si lo que se busca es cuidar las divisas. En este camino aprovechar la posibilidad de transformar a Vicentín en una empresa pública testigo en el comercio de granos, es un paso en ese sentido.
Poder impulsar este sendero tiene como condición de necesidad abandonar las restricciones que el acuerdo con el FMI le pone a una política de soberanía económica de nuestro país. Al tiempo que los condicionamientos que impone (aumento de tarifas, tasas de interés positivas, devaluación) claramente exacerban el proceso inflacionario, mientras que la estrechez fiscal que impulsa, agrava las condiciones de desigualdad.
Este enunciado tiene que ver con señalar políticas que al mismo tiempo que se ponen en marcha interpelan actores concretos, que son la base de sustentación de una estratega política diferente y que habilitarían la construcción de una alternativa distinta.
Convocamos a participar de la jornada de debates y asambleas del día 13 de julio para discutir las iniciativas por un piso de ingresos.
CTA Autónoma, Unidad Popular, Soberanxs, Causa Nacional, Proyecto Sur, OLP, Grupo Bolivar, Pymes para el Desarrollo Nacional, Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP),Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua (FIPCA) Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), ONG 18 de Diciembre, No Matarás, Federación de Trabajadores de la Energía de Argentina (FETERA), Confederación General de Adultos Mayores, Jubilados, Pensionados y Retirados.
