Desde Unidad Popular, repudiamos la campaña dirigida a estigmatizar como terrorista al pueblo mapuche.
En este sentido, consideramos que una vez más actores privados con intereses territoriales en la Patagonia pasan de nuevo a la ofensiva. Buscan incidir en los litigios que las comunidades originarias mantienen con el Estado para su provecho rentístico. Organizan mesas de diálogo -a las que las comunidades originarias no son invitadas- para legitimar socialmente la construcción de sentido.
A partir de hechos singulares, buscan crear una atmósfera de violencia promoviendo, de este modo, la estigmatización de las comunidades originarias de la Patagonia.
No puede haber diálogo ni consenso, si antes no se reconocen los derechos del pueblo mapuche, su preexistencia expresada en la Constitución Nacional (Art. 75, inc. 17), los convenios internacionales como el 169 de OIT ratificado por Argentina, la declaración de los pueblos originarios de la ONU y las garantías amparadas en la ley integral indígena de la provincia de Río Negro.
Para que esto sea realidad, son necesarios jueces independientes del poder político y un poder político capaz de cumplir los fallos y las leyes. Es un mal antecedente, en este sentido, el incumplimiento del fallo judicial de 2013 ratificado días atrás, que obliga al Ejecutivo rionegrino a acondicionar el Camino de Tacuifí hacia Lago Escondido. No es a Lewis ni a ningún interés especulativo improductivo el que debe defender el Gobierno.
Es hora de comenzar a discutir una nueva Constitución, que reconozca la plurinacionalidad de nuestro pueblo y emane de ella la paz, el diálogo, la memoria, la promoción de derechos amasijados por el Ejército argentino en la Campaña del Desierto.
Claudio Lozano
Presidente UP
Rodolfo Aguiar
Presidente UP Río Negro
Miriam Liempe
Sec. Rel. Pueblos Originarios