Elaborado por Claudio Lozano, María Eva Koutsovitis, Jonatan Baldiviezo y Juan Pose.
La agenda porteña está atravesada por el reclamo estudiantil, un reclamo de larga data pero que se intensifica por estos días.
El viernes pasado las y los estudiantes del Mariano Acosta votaron por amplia mayoría la toma de la escuela debido a las malas condiciones de infraestructura, en contra de las pasantías laborales gratuitas, por una mejor calidad y cantidad en las viandas escolares, por falta de un ámbito democrático de dialogo con la ministra Soledad Acuña y exigiendo el cese de la persecución política y la estigmatización a los centros de estudiantes.
A las pocas horas de iniciada la toma, ingresó en la escuela personal de la empresa tercerizada por el Ministerio de Educación MIG S.A. para realizar tareas de mantenimiento. Luego de ese ingreso se produce un corte luz como consecuencia de haberse violentado el tablero eléctrico.
La escalada de violencia institucional por parte de la ministra de Educación no se detuvo y al igual que en el 2018 volvió a plantear públicamente que las madres y padres de los estudiantes que participan de las tomas van a responder por los daños y van a ser denunciados penalmente enviando a la policía de la Ciudad a notificarlos.
El propio vicerrector del Mariano Acosta, Pasquarelli, recibió amenazas anónimas.
El avasallamiento institucional en el ámbito educativo no tiene fin. Hace unas pocas semanas de manera inconsulta e intempestiva el Ministerio de Educación anunciaba que algunas escuelas de jornada simple pasarían en mes de octubre a jornada completa.
Pasar de jornada simple a jornada completa implica adecuar la infraestructura escolar, el servicio de comedores escolares y por supuesto en pleno ciclo lectivo modificar la propuesta pedagógica y la rutina de las familias, estudiantes y docentes.
El 27 de septiembre, el Observatorio del Derecho a la Ciudad acompañó a la Escuela N°12 del Distrito 9 con una acción colectiva de amparo para que se respete la opción de las familias de elegir la jornada simple.
En relación con el reclamo de la calidad, el estado y la cantidad de viandas o refrigerios que reciben las y los estudiantes, junto con las cooperadoras, centros de estudiantes y la comunidad educativa venimos solicitando un ámbito donde discutir el servicio de comedores escolares.
Es inadmisible que hace 20 años, 19 empresas sistemáticamente denunciadas y sancionadas por el propio gobierno, se repartan este negocio multimillonario que sólo este año le va a destinar más de 12 mil millones de pesos.
Recurrimos a la justicia para frenar la nueva licitación que se anunció pocos días antes del inicio del ciclo lectivo. Pese a las sistemáticas irregularidades del proceso licitatorio y el acompañamiento de cientos de familias y cooperadoras, la justicia no hizo lugar al reclamo.
En relación con el rechazo a las pasantías gratuitas obligatorias por parte de los estudiantes sería bueno recordarle a la ministra Acuña que las pasantías obligatorias son ilegales de acuerdo con la ley 3541 de la Ciudad. Y respecto al estado de la infraestructura escolar, en la primera mitad del año, el gobierno ejecutó menos de un tercio del presupuesto asignado a Infraestructura escolar.
Sobre $3.240 millones sólo ejecutó $1064 millones. El dato es sumamente preocupante ya que el presupuesto en infraestructura escolar viene siendo recortado año tras año. Un dato relevante es que el presupuesto 2020 destinado a esta área era de $3068 millones, de los cuales, ese año, sólo ejecutaron $941 millones.
El ministerio de Educación porteño tampoco está ejecutando el dinero que le transfiere la Nación para esta área: de los 230 millones de pesos destinados a que mejore la infraestructura escolar, sólo utilizó poco más de $7 millones, es decir, el 3%.
Estamos frente a un modelo de gestión no democrático. Nuestra Constitución establece que deben existir ámbitos dónde discutir con el conjunto de la comunidad educativa sus políticas.
En su carrera a Jefa de Gobierno de la Ciudad, Acuña adopta el modelo Bullrich y lleva adelante un sistemático ataque a la democracia educativa y a la educación pública.
