Por María Eva Koutsovitis (Pta. UP CABA), Jonatan Baldiviezo (Obs. De la Ciudad) y Alejandro Volkind (IPPyP).
Un equilibrio financiero lleno de necesidades insatisfechas
El jueves pasado, 10 de noviembre de 2022, la Legislatura porteña aprobó el presupuesto para el año 2023, el último presupuesto de la gestión de Rodríguez Larreta, con 33 votos a favor (PRO, Coalición Cívica, Socialismo, UCR-Evolución) y 27 votos en contra (FDT, FIT y Avanza Libertad).
El oficialismo porteño presentó este presupuesto como un modelo de “déficit cero”, lo cual supone un crecimiento nominal interanual de los ingresos del 93 % y un aumento en el gasto total del 87 %. Es decir, el equilibrio fiscal se logra aumentando el gasto en menor medida de lo que se espera que crezcan los recursos.
El proyecto enviado se construye previendo ingresos por $98.000 millones por encima del gasto primario (no incluye intereses de deuda) y $9.000 millones por sobre el gasto total. Esto es, un presupuesto superavitario que no se presentaba en la ciudad desde 2007, época en que la austeridad fiscal se “pagaba” con déficit en infraestructura (escolar, sanitaria, habitacional). Es muy infrecuente presentar un presupuesto donde “sobren recursos”: o bien hay necesidades insatisfechas, o bien se está recaudando por demás. La balanza se inclina hacia la primera opción.
Solo a modo de ejemplo, más del 20 % de la población porteña vive en hogares que sufren carencias concretas de determinados bienes, servicios y actividades que están a cargo del gobierno, considerados necesarios para vivir dignamente en la ciudad. Este indicador muestra una marcada tendencia negativa en las comunas del sur: en la comuna 1, el 26,5 % de las personas sufre carencias; en la comuna 7, el 30 %; en la comuna 4. el 43 %, y en la comuna 8 el 47,3 %.
Impuesto a la pobreza
Según el GCBA, en el presupuesto 2023, “con respecto a los impuestos que recauda la ciudad, para el próximo año no hay aumento de impuestos ni creación de nuevos tributos”.
El GCBA asegura que no habrá aumento de impuestos, pero tanto el ABL como las patentes se actualizan por inflación, es decir, aumentan todos los meses, cosa que no ocurre con los salarios estatales. Algo similar aplica a ingresos brutos, que se traslada a los precios y, por lo tanto, se actualiza también por inflación.
A su vez, asegura que no hay nuevos impuestos porque el impuesto a las compras con tarjetas de crédito, que creó en 2021 y para cuya eliminación este año no prestó quórum, se mantiene en 2023. En definitiva, casi el 80 % de los ingresos públicos porteños provienen de ingresos por tributos a la producción, al consumo y a las transacciones.
Mientras tanto, siguen las exenciones a las grandes empresas a través de los distritos económicos que el gobierno porteño enarbola como éxitos de su gestión.
De hecho, en la presentación que el ministro de Hacienda realizó en la Legislatura, graficó que por distintos rubros de exenciones impositivas la ciudad dejaba de recaudar aproximadamente $90.000 millones, y que $26.000 millones de ellos eran referidos a los “distritos” que promueven la instalación de empresas de determinados rubros económicos, a cambio de dicha exención.
La aprobación de los últimos distritos, como el Distrito del Vino, agregó un beneficio más a las empresas que supera el beneficio de la exención impositiva. En estos distritos, el GCBA financia los gastos de instalación de las actividades comerciales y productivas a través de créditos tributarios. El costo de inversión que realizan las empresas se socializa entre la ciudadanía porteña.
La matriz tributaria profundamente regresiva del presupuesto porteño no se altera.
Un presupuesto de ajuste
El presupuesto porteño se construye sobre las mismas estimaciones macroeconómicas que el proyecto de presupuesto a nivel nacional: +60 % de aumento interanual de los precios y una desaceleración de la tasa de crecimiento del producto de hasta un 2,0 % en 2023.
Sin embargo, pese a que se calcula una inflación del orden del 60 %, cuando se analiza el aumento salarial contenido en el presupuesto, supone un incremento del 53 %. Esto significa que la partida salarial está evolucionando por debajo de la inflación proyectada, determinando un ajuste sobre los sueldos del sector público porteño.
Salud y Educación: la prioridad es recortar
“Como es propio de esta gestión, en 2023 se continuará priorizando la inversión en las áreas sociales como educación, salud y promoción social, que representan el 63 % del presupuesto total”, asegura el gobierno de la Ciudad.
La afirmación insulta la inteligencia de la ciudadanía porteña: desde que el PRO gobierna la ciudad más rica del país, los recursos destinados a salud fueron recortados año tras año. Pasaron de representar el 23,08 % del presupuesto en 2007 a 16,39 % en 2023. De hecho, para el año próximo, la participación del rubro salud en la totalidad del presupuesto desciende 1 punto.
Este recorte se expresa fundamentalmente en los salarios de miseria que cobran los residentes, a quienes se les paga un promedio de $125.000 por mes, a razón de 300 pesos la hora, con guardias de 24 y 36 horas; los concurrentes que trabajan sin cobrar un solo peso; los enfermeros que ni siquiera son reconocidos como profesionales de la salud para no pagarles lo que les corresponde y cuyo salario, aún con horas extra, no llega a los 100.000 pesos, y los médicos municipales. De ahí la histórica lucha que lleva el personal de salud hace semanas en la ciudad y que en los últimos días produjo una gigantesca manifestación en el centro porteño.
En la sesión parlamentaria, el legislador Juan Manuel Valdés sostuvo que “mejorar el salario de los residentes médicos cuesta $365.500 millones. Esto representa solo el 0,016 % del presupuesto porteño 2023 o el 3,88 % del gasto en publicidad y propaganda de CABA. Horacio Rodríguez Larreta invierte en pauta $22 millones diarios y 4.300 residentes médicos cobran $120.000 por mes. Solo 15 días de campaña hay que resignar para que ellos cobren un salario digno por las 15 horas diarias que trabajan. No faltan recursos, falta voluntad política”.
Movilización de residentes y concurrentes de la ciudad reclamando una mejora salarial
En el caso de educación es similar: su presupuesto pasó de 26,19 % en 2007 a 18,7 % en 2022, el más bajo de la historia reciente. En la primera mitad del año, el gobierno ejecutó menos de un tercio del presupuesto asignado a infraestructura escolar: sobre $3.240 millones solo utilizó $1.064 millones. El dato es sumamente preocupante ya que el presupuesto en infraestructura escolar viene siendo recortado año tras año. Para darse una idea, el presupuesto 2020 destinado a esta área también era de $3.068 millones, de los cuales, ese año, solo se ejecutaron $941 millones. Para 2023, la “prioridad en educación” consiste en llevarlo al 20 %.
Cero pesos para extender el subte
En el presupuesto 2023, transporte sufre un recorte del 7.8 % respecto al corriente año. Las consecuencias están a la vista: la red de subterráneos no cuenta con partidas asignadas para su extensión en 2023, con lo que suma de esta forma el cuarto año consecutivo sin ampliaciones previstas. El abandono del principal transporte público de la ciudad es tan grande que ni siquiera se discute la ampliación horaria del servicio.
Por el contrario, la política de transporte que avanza es el Metrobús y sus negociados. Para 2023, destaca el GCBA, el principal hito es la finalización del Metrobús del Bajo, una obra que tiene un costo de 1.600 millones de pesos solo en la construcción de los paradores —a razón de $100 millones cada uno—, y cuyo principal beneficio es reducir menos de dos minutos el tiempo de viaje.
Una ciudad en emergencia habitacional
Mientras el gobierno publicita permanentemente las obras que se hacen en las villas y barrios populares, lo que predomina en el presupuesto 2023 es ajuste y desinversión en las más de 50 villas que existen en la ciudad.
El Programa Reintegración, Integración y Transformación de Villas es el más importante en términos presupuestarios dentro del IVC (Instituto de la Vivienda), pero en la primera mitad del año solo se ejecutó un 28 % de su presupuesto, y para 2023 sufre un recorte del 2 %. Esta dinámica de subejecución de lo presupuestado y recorte a futuro se repite en cada uno de los barrios populares.
El barrio Rodrigo Bueno será la estrella de la campaña electoral de Rodríguez Larreta como fue en su momento el barrio de Los Piletones para Macri que, a siete años de su campaña presidencial, hoy está muy alejado de estar reurbanizado como se afirmaba por entonces o de contar, por lo menos, con sus servicios públicos regularizados.
Por este motivo, se advierte el incremento del presupuesto para Rodrigo Bueno. Actualmente, la presión electoral pesa sobre el barrio por el inicio de la obra del borde costero que el IVC pretende finalizar para inaugurarla en plena campaña. La celeridad en la ejecución de la obra llevó al GCBA a instar en la Justicia el desalojo de familias que aún no acordaron la solución habitacional definitiva a cambio de su relocalización. Esta petición judicial se realiza en contradicción a la Ley Nacional de Barrio Populares (Ley N° 27453) que suspende los desalojos aún judiciales y que acaba de ser prorrogada por 10 años más en el Congreso Nacional con el voto de Juntos por el Cambio. Un ejemplo más de cómo Larreta por su interés electoral personal enfrenta a su partido y sacrifica los derechos de las familias que surgen de esta ley.
Chau Primera Casa
El Programa Primera Casa BA es un programa de créditos hipotecarios que lanzó el IVC junto al Banco Ciudad en 2012. En 2020 solo se ejecutó el 2 % de su presupuesto, este año tiene $500.000 de presupuesto, y en 2023 deja de existir. Sí, el gobierno sacó del presupuesto la posibilidad de acceder a una vivienda a través de un crédito hipotecario.
Sin techo y sin presupuesto
En el presupuesto 2023, el Programa Asistencia Integral a los Sin Techo —que ofrece alojamiento transitorio, alimentación, cuidado sanitario y apoyo profesional a las personas en situación de calle— tiene un ajuste del 4 %. Si se lo compara con el presupuesto de 2015, el recorte real alcanza el 19 %.
Obras que nadie pide
Mientras la comuna 8 sigue reclamando la finalización del Hospital Cecilia Grierson, la línea F del subte sigue estancada tras catorce prórrogas consecutivas y no hay ninguna escuela nueva planificada en 2023 pese a las 25.000 vacantes que se necesitan. El GCBA prioriza e invierte millones en obras que nadie que habita la ciudad pide y que solo responden al interés de hacer negocios.
Un claro ejemplo es el llamado Parque de la Innovación, predio de 12 hectáreas situado sobre Avenida del Libertador que en 2023 recibirá casi $3.000 millones. Un proyecto que fue presentado como un Silicon Valley porteño, pero que pronto se reveló como un nuevo negociado inmobiliario con tierras públicas donde compraron parcelas Nicky Caputo y Werthein.
Esta política de Larreta basada en rematar el patrimonio público de la Ciudad para beneficiar a los privados llega al extremo de habilitar la mudanza del CESAC 15 de San Telmo a un predio más grande, a condición de que se permita la venta de cuatro inmuebles de la ciudad. Entre estos predios se encuentra el remanente del inmueble donde funcionaba la Escuela Taller del Casco Histórico que fue demolida para ejecutar el Tramo II del Metrobús del Bajo, otra obra innecesaria.
Lo que crece es la propaganda y el autoritarismo
En este contexto, con el presupuesto 2023 aprobado el jueves, Rodríguez Larreta va a disponer de más 9.416 millones de pesos para publicidad, es decir, más de un millón de pesos por hora para vendernos una ciudad que, en los hechos, no existe. El monto representa un 171 % más de lo que destinó en 2022.
El otro presupuesto que también crece exponencialmente el año próximo es el de la Secretaría de Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana, para la cual se van a destinar casi 4.200 millones de pesos, un 155 % más que este año.
¿A qué se dedica esta Secretaría, que engloba a la Dirección General de Planificación y Discurso, a la Dirección General Participación Ciudadana y Cercanía y a la Dirección General Opinión Pública?
A sostener la ficción de que la participación ciudadana tiene incidencia real en la gestión. El GCBA ha transformado las audiencias públicas en meras formalidades a cumplir, a las asambleas con la ciudadanía en reuniones con “vecinos” controladas y donde no se permite ningún cuestionamiento sustancial de la gestión y al presupuesto participativo comunal en el BA Elige, donde de pura casualidad salen votadas las obras que el GCBA ha decidido previamente hacer.
¿Y la transparencia presupuestaria?
El 13 de diciembre de 2018 se aprobó la Ley N° 6114 de Transparencia Presupuestaria. En el capítulo de “Planificación y Evaluación del Presupuesto” se establece que “la Autoridad de aplicación arbitrará los medios para incorporar la participación por parte de la ciudadanía al proceso de planificación y evaluación del Presupuesto”. Cada jurisdicción debe establecer un procedimiento interno para la recepción de observaciones y propuestas de vecinos y asociaciones civiles sin fines de lucro al momento de iniciar la planificación del presupuesto para el siguiente ejercicio.
El carácter participativo del presupuesto es un mandato del artículo 52 de la Constitución de la Ciudad. Desde la aprobación de la Ley N° 6114 no se ha garantizado la participación ciudadana en el presupuesto y no se han publicitado los procedimientos internos en los ministerios. Hoy tenemos un presupuesto con falencias democráticas.
