Claudio Lozano (Presidente de Unidad Popular) junto a María Eva Koutsovitis (Presidenta de Unidad Popular CABA) y Hugo Ernesto Godoy (Sec. Gral. de la CTAA), bajo el patrocinio del Dr. Jonatan Baldivieso, realizaron una presentación acompañando una nueva prueba (en este caso el último Informe de la AGN) y un nuevo pedido de prueba en relación al Acuerdo con el FMI del 2022.
La presentación se realizó ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11. En el expediente 29772791/52368222/18 y otros s/Amparo Ley 16986. Expediente CAF 008398/2022. A cargo del Juez Federal Diego Martín Cormick.
La acción de amparo colectivo presentada en 2022, y acompañada por más de 200 referentes y referentas de todo el país, está orientada a que se declare la nulidad del endeudamiento con el FMI del 2018 y al nuevo acuerdo firmado en el año 2022.
Este planteo se inscribe en las distintas presentaciones que a instancias e iniciativas que el hoy pre candidato a presidente Claudio Lozano, se vienen impulsando en torno al problema del endeudamiento.
Breve historia de las presentaciones que hemos impulsado en función de declarar su Nulidad:
En el año 2018 se realizó una primera denuncia penal frente al primer acuerdo de Macri con el FMI. Esa primera denuncia penal recayó en el juzgado del Juez Ercolini y la tramitó el fiscal Felipe Di Lello. Di Lello decidió impulsar la acción penal, requirió la instrucción, e imputó al ex presidente Macri y algunos de sus ministros y dejó la resolución de la medida cautelar al juez Ercolini a quien le solicitó varias pruebas en el marco de la causa.
El 10 de septiembre de 2018 Ercolini decidió rechazar la denuncia penal. Frente a esta decisión, el fiscal Di Lello decidió apelar la resolución del Juez Ercolini, y esta apelación no fue sostenida por el fiscal de Cámara, por lo tanto, allí quedó firme el rechazo de esta denuncia penal.
En el mismo año 2018, en agosto se presentó una acción de amparo ante el Fuero Contencioso Administrativo Federal. En esa acción de amparo solicitamos que se declare la nulidad de este acuerdo con el FMI. La causa recayó en el Juzgado Contencioso administrativo Federal N° 9 a cargo de Pablo Caisials. La acción de amparo la firmó Claudio Lozano, y el 26 de septiembre de 2018, se rechazó por considerarse que Lozano no tenía legitimación activa para cuestionar el acuerdo con el FMI.
A fines de 2019 se presentó una segunda denuncia penal, por el segundo acuerdo y demás revisiones que se hicieron al acuerdo con el FMI. Esta causa había quedado radicada en el Juzgado Federal N° 2 a cargo del Juez Sebastián Roberto Ramos y luego por conexidad, esta causa quedó en trámite en el juzgado de la Jueza María Eugenia Capuchetti, ya que allí se habían presentado en el ínterin otras denuncias penales, todas radicadas en este juzgado. En esta causa penal se ordenaron distintas pruebas. Allí se acumuló luego la denuncia de la Oficina Anticorrupción e ingresó como querellante la Procuración del Tesoro.
En septiembre del 2021 se presentó una denuncia internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: una medida cautelar por el no pago de los acuerdos con el FMI y la firma de nuevos acuerdos. De este trámite no se tuvieron noticias, por lo cual es probable que no se haya considerado que cumpliera con los requisitos para el inicio del trámite por la temática.
En marzo de 2022 se presentó la segunda acción de amparo con el acompañamiento de más de 200 referentes y referentas de todo el país. Esta causa quedó radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 a cargo del Juez Martín Cormick. El juez aceptó la legitimación activa de cada una de las personas que firmaron la acción judicial para cuestionar la denuncia contra el FMI, ordenó la difusión colectiva de este amparo a través de los medios de comunicación y otorgó el derecho a toda persona del país para incorporarse en la causa judicial brindando nuevos argumentos. Esta etapa colectiva ya está finalizada.
En la causa judicial ya se corrió traslado también a las demandadas que sería el estado nacional, el Congreso a través de la Cámara de Diputados y de Senadores, se presentaron en la causa judicial. Durante la tramitación del amparo se votó la nueva ley en el Congreso que vino en cierta forma a legalizar el acuerdo firmado en la gestión anterior, el juez no pidió opinión sobre esa nueva ley. Allí solicitamos que se declare inconstitucional, esta nueva ley porque no se podía sanear un acto nulo del Poder Ejecutivo por haber soslayado la autoridad del Congreso y también porque el Congreso no puede delegar sus facultades en el Poder Ejecutivo para la firma de este tipo de acuerdos y endeudamiento. Estamos ahora en la etapa donde el juez le pidió a las personas que se incorporaron, como a las demandadas que hay una opinión general de la situación de la causa judicial.
Faltaría la apertura a prueba que no va a implicar muchos trámites porque los expedientes en su totalidad ya fueron incorporados, estamos solicitando que se incorporen todos los expedientes del acuerdo realizado por esta gestión, por el Presidente Alberto Fernández y la causa estaría en condiciones de dictar sentencia en los próximos meses.
